SEPI y el IE: alquiler secreto
Mientras el país se aferraba al confinamiento, el Estado se aferró a un contrato de alquiler tan escandalosamente barato que parecía sacado de un guion de telenovela corporativa. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha alquilado sus edificios del Campus Velázquez a la prestigiosa Escuela de Negocios Instituto de Empresa (IE) por un precio que, según fuentes internas, cayó de 23 € por metro cuadrado a la nada que es 4 €. Esa reducción se traduce en un agujero de medio millón de euros al mes, equivalentes a cinco millones de euros anuales que el Estado dejó de percibir.
El trato, que se descubrió durante los primeros meses de la pandemia, se volvió un favor de alto calibre cuando la mujer del presidente, Begoña Gómez, asumió la dirección del IE Africa Center. No solo disfrutó de un descuento de suelo público, sino que también se le negó la competencia de ofertas privadas con la ayuda de un círculo de confianza que incluyó a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, y a su colaborador de la Junta de Andalucía, Antonio Cervera. La última modificación del contrato, firmada por Cervera, redujo la renta a la cifra que hoy se considera escandalosa.
El portal de Transparencia respondió con una denegación de acceso al contrato, argumentando que la publicación “afectaría los intereses económicos y comerciales de la SEPI”. En la misma resolución, se menciona que los 21 000 m² del Complejo Campos Velázquez “están en condiciones de mercado y sujetos a revisiones periódicas”. Eso suena a medio veredicto, pues el resto de la historia, según ocho fuentes del sector estatal, muestra un caso de favoritismo abierto.
El abogado Víctor de Aldama, en un proceso de la Corte Suprema, expuso que Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, ordenó detener la compra de terrenos por 250 millones de euros para proteger al IE de competir con la población privada. La decisión, revelada en 2020‑2021, se mantuvo hasta 2023 cuando el IE solicitó un crédito de 5 millones de euros al 5 % de interés, que se canceló a finales de 2020. La cifra que la IE sostiene es de 90 millones de euros anuales en pagos, aunque las fuentes de la SEPI afirman que en realidad se pagó muchísimo menos.
En este teatro de la política, la transparencia se vuelve un telón de fondo que se cierra con una excusa de “intereses económicos”. El público, por su parte, sigue pagando el precio de la opacidad con bolsas vacías y facturas que nunca llegan a su caja municipal.
Mario Herrera