Crítica:
La DGT prefiere esperar a que los conductores denuncien antes que revisar sus propios sistemas. El silencio sobre la devolución del dinero es, como poco, sospechoso. Una gestión chapucera disfrazada de 'eficacia'.
El radar maldito de la DGT: tendrá que devolver el importe de todas las multas que ha puesto
DGT: Radar 'trampa' devuelve el dinero
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PSOE: ¿Explicaciones o 'fontanera chapucera'?
Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, ha lanzado una pulla que resuena más que un sablazo en la factura de la luz al PSOE. Mientras los ciudadanos andan contando céntimos, el partido se ve obligado a dar cuentas de las reuniones de su jefa de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez. ¿El detonante? Un caso que, según García, amenaza con convertir al PSOE en un lastre para el conjunto del espacio progresista. La ministra exige "todas las explicaciones", porque, al parecer, la transparencia es un bien escaso en Ferraz. En paralelo, Sumar, con su habitual tono de “nada que ocultar”, presume de trabajar para “mejorar la vida de la gente”. Una afirmación que contrasta, irónicamente, con la necesidad de aclarar las sombras que planean sobre su socio de gobierno. García, con una metáfora digna de un taller mecánico, describe a Díez como una “fontanera chapucera”, pero advierte que el foco no debe desviarse: la amenaza real, según ella, es el avance de la ultraderecha y el acuerdo entre PP y Vox. Un giro estratégico para desviar la atención, o una genuina preocupación por el futuro del país, la pregunta sigue en el aire. La Cumbre de Primavera de Más Madrid sirve de escenario para estas acusaciones cruzadas. El PSOE, en tierra de nadie, intenta minimizar el impacto de la crisis, mientras que Mónica García aprieta las tuercas con una declaración contundente. El caso, que involucra presuntas reuniones secretas y posibles irregularidades, amenaza con desestabilizar aún más un panorama político ya de por sí convulso. La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo cómo la clase política se enfrasca en disputas internas, mientras los problemas reales siguen sin resolverse. El BOE, ese templo de la legalidad, parece lejano a los problemas cotidianos.
García: El Estatuto Marco es un Sablazo
Mónica García, la ministra que parece dispuesta a hacer migas con el juramento hipocrático. Mientras los pacientes hacen cola para una resonancia, la ministra se dedica a un slalom político digno de esquí alpino, culpando a las autonomías de un Estatuto Marco de Sanidad que huele a gasolina y a estrategia de distracción. La aprobación, a marchas forzadas, de este marco legal, sin financiación adicional ni recursos humanos, es como intentar llenar un vaso roto con agua. Un ejercicio de ilusionismo barato. El Gobierno, acorralado por la corrupción (que, dicho sea de paso, parece el único proyecto de país que gestiona con eficacia), busca chivos expiatorios. Y los consejeros de Sanidad, víctimas de una planificación chapucera orquestada desde el Ministerio, son los elegidos. García pretende dejar su “legado”: una gestión calamitosa que indigna a médicos, servicios de salud y, sobre todo, a los pacientes que ya ven venir el temporal. La ministra, con una habilidad digna de estudio, intenta replicar la estrategia de la segunda ola de la pandemia, donde las responsabilidades se diluyeron entre comunidades autónomas como azúcar en agua caliente. Ahora, el objetivo es el mismo: desviar la atención de la debacle. Un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, convocado con la urgencia de quien intenta tapar una fuga de agua con un parche, es la prueba fehaciente de esta maniobra. La ministra, en su huida hacia adelante, parece olvidar que los médicos no son marionetas y que la paciencia de los pacientes tiene un límite... y ese límite se está agotando. El desplome en las encuestas, mientras tanto, es un síntoma más de la enfermedad.
DGT: Radar 'trampa' devuelve el dinero
La DGT, en su infinita sabiduría, ha instalado un radar que parece tener vida propia. Un radar de tramo en la A-7, entre San Roque y Algeciras (kilómetros 1.106,2 y 1.207,5), que en lugar de velar por nuestra seguridad, nos ha puesto una trampa. ¿La jugada? Multar a conductores a 80 km/h en un tramo donde la señalización indicaba 100 km/h. Un sinsentido, vamos, digno de un guion de Kafka. Imaginen la escena: usted conduciendo, respetando la velocidad permitida, y de repente, ¡sorpresa! Una multa que le hace cuestionar su cordura. Y no era un caso aislado. La DGT, tras las denuncias (obviamente, después de haber llenado los bolsillos), reconoció el error. Pero aquí viene lo bueno: miles de conductores, confiados en que no habían hecho nada mal, pagaron las multas sin recurrir. Dinero que, previsiblemente, no verán de nuevo. La DGT defiende estos radares de tramo como una forma de “educar” al conductor, obligándonos a controlar la velocidad en tramos más largos. Sí, claro. Como si no tuviéramos suficiente con la inflación, las facturas de la luz y el precio del pan. Ahora, además, tenemos que preocuparnos de que los radares estén bien calibrados. Un desastre. Y mientras tanto, el agujero contable se agranda, alimentado por las sanciones de conductores incautos. El organismo, en vez de actuar de oficio y devolver el dinero, parece apostar por la estrategia de la inacción.
Sánchez: Del Papa al botellón
El Sumo Pontífice aterrizó en Barajas, con todos los honores. Mientras León XIV estrechaba manos y repartía bendiciones, Pedro Sánchez ya tenía la calculadora afinada. Porque, señores, entre recibir al líder espiritual y lidiar con el sumario Díez (que, ojo, desentierra cadáveres en la cloaca socialista), el Presidente encontró tiempo para un 'finde' con Gorillaz. Sí, lo han leído bien. Del Palacio Real al Parc del Fòrum, directo a la zona VIP, con Begoña Gómez, la 'tetraimputada' (para que no se diga que no tienen agenda), como acompañante de lujo. La agenda oficial lo confirma: Sánchez, después de la foto de compromiso con el Papa, se escapa al Primavera Sound. La ironía, como un sablazo en la factura, es que la semana es crucial para el PSOE. El caso Leire Díez, con sus 'cloacas' y tramas para 'desbaratar' causas judiciales, amenaza con convertir la Moncloa en un avispero. Y mientras tanto, el 'one' –léase, el mismísimo Pedro Sánchez– prefiere bailar al ritmo de los Gorillaz. ¿Prioridades? Quizás. ¿Una señal de que la cosa está más que complicada? Probablemente. El festival, según fuentes extraoficiales, tiene un coste de entrada modesto, digamos, unos 120 euros. Una nimiedad comparada con los millones que, presuntamente, se intentaron desviar para 'limpiar' los expedientes del PSOE. Entre los artistas programados para este sábado, además de los mencionados Gorillaz, destacan The xx, My Bloody Valentine y Peggy Gou. Uno se pregunta si el Presidente le habrá pedido un autógrafo al Papa antes de coger el AVE a Barcelona. O quizás simplemente le dijo: “Perdone, Majestad, pero tengo un concierto”. La cosa, desde luego, huele a chamusquina. Y no precisamente a incienso.
Suegro Sánchez: Negocio turbio al detalle
El caso es tan rocambolesco que parece guion de serie turca: el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, alquiló un local de Muface (organismo público, ojo) durante 42 años a precio de saldo. No un local cualquiera, sino uno que, según los documentos, debía albergar una tienda de muebles. La realidad, más jugosa: un prostíbulo de lujo, con saunas, películas pornográficas y clientes adictos al Poper. Mientras el presidente aboga por abolir la prostitución, su familia se lucra con ella. La UCO, en su informe, destapa cómo este negocio permitió la compra de al menos dos viviendas para Sánchez y Begoña Gómez, incluyendo una que ahora rinde hasta 1.750 euros al mes. El alquiler inicial, en 1980, era de irrisorios 3.588 pesetas anuales, ajustándose luego al IPC. Un sablazo a los contribuyentes que roza lo obsceno. La cosa no acaba ahí: Sabiniano, sin licencia, realizó obras en el local y, según la policía, allí ejercían la prostitución menores y se traficaba con drogas. El PSOE, para tapar el asunto, pagó 20.000 euros por audios comprometedores del comisario Villarejo. Y Muface, dirigida por Óscar López, miró a otro lado. Un espectáculo de hipocresía, corrupción y favores políticos que nos recuerda que, en este país, la moral es un bien escaso y la impunidad, una costumbre. El silencio cómplice de las instituciones y la persistente sombra de la corrupción son los verdaderos protagonistas de esta crónica.
Maruecos: El Límite de Sol, lo Paga Uno
La vida, señores, es una sitcom de mal gusto. Mientras algunos debaten si un café con leche es de primera necesidad, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha decidido que una pensión de invalidez de 604,2 euros al mes es un billete de ida y vuelta a Marruecos. O, mejor dicho, un permiso de estancia limitado. Nuestra protagonista, beneficiaria desde 2013, se permitió el lujo de pasar más de 90 días al año en el país vecino durante cuatro años consecutivos: 135 días en 2018, 136 en 2019, ¡260 en 2020!, y 149 en 2021. ¿El pecado capital? Superar la cuota de sol y té a la menta permitida por la normativa. El resultado: una deuda de 32.857,2 euros que le ha salido más cara que el vuelo. Y no es solo eso. Resulta que la familia también tenía ingresos superiores a los permitidos (73.291,08 euros en 2021, con la hija también cobrando una pensión por incapacidad). Un 'agujero contable' detectado a posteriori, claro. La excusa de la pandemia en 2020, con las restricciones de movilidad, fue recibida con la misma empatía que un citatorio del banco. El tribunal, inflexible, recordó que existían “mecanismos” para regresar. Mecanismos que, aparentemente, no incluían el sentido común. La cosa no acaba ahí. La señora también recibía una pensión marroquí de 96,68 euros al mes y un complemento de entre 36 y 38 euros. Pequeñas alegrías que, sumadas, han desatado la furia de la justicia. Porque, se entiende, es más grave pasar tiempo en Marruecos que la desigualdad estructural que obliga a una persona a buscar ingresos donde pueda. En resumen, una historia que huele a oportunismo, sí, pero también a una burocracia despiadada que mide la vida en días y euros, sin considerar las circunstancias humanas. Y con un final que deja un sabor amargo: devolver 32.857,2 euros, más la pérdida de la pensión. Un sablazo de esos que te dejan sin aliento.
Kétchup, aceite y la UE: ¡qué follón!
La Unión Europea, en su infinita sabiduría burocrática, ha decidido que los sobrecitos de kétchup y las monodosis de aceite son el enemigo a derrotar. Primero nos vendieron la higiene y el fraude como excusas para imponer los envases individuales. Ahora, diez años después, nos informan que esos mismos envases son una aberración ecológica. ¿El Reglamento (UE) 2025/40, más conocido como PPWR, es la solución? No lo parece. Para el dueño de cualquier bar, la cosa pinta mal. Da igual si vota al PSOE o al PP, esta medida le toca la fibra sensible. Y no precisamente por la ideología, sino por la cartera y la gestión diaria. Porque, seamos serios, entre hacer la compra y lidiar con la inflación, ahora tienen que preocuparse por si el kétchup viene en sobrecito o en botella. ¿Es la medida buena para el medio ambiente? La pregunta es legítima. Gastamos más plástico con los minisobres, sí, pero ¿qué pasa con el consumo? Con el bote grande a mano, la tentación de echar más kétchup en la patata frita es irresistible. Y si sobra, pues sobra. El malgasto, ironía aparte, era precisamente uno de los argumentos con los que se justificó la eliminación de los envases rellenables hace una década. Pero el verdadero problema no es el kétchup, sino la forma en que se legisla en Bruselas. Una estructura que se alimenta de sí misma, con gente cobrando (y bien) por inventar leyes para todo, incluso para lo que no debería haberlas. Un ejemplo perfecto del 'si tienes un martillo, todo parece un clavo'. La Comisión Europea, en lugar de fijar un precio al plástico, prefiere legislar sobre la cantidad de kétchup que podemos usar. Un sinsentido.
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