Crítica:
El texto original es un despliegue de quejas sectoriales que confunde la falta de gestión con la mala suerte. Le sobra optimismo corporativo y le falta admitir que el ladrillo es la religión oficial del país.
«Echamos a una okupa para alojar a una familia y al día siguiente volvió y colocó una alarma anti okupas»
Vivienda en España: El gran sablazo inmobiliario
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Contratos a dedo: el 'truco' de Fuenlabrada
Hay una coreografía muy precisa en la gestión de los fondos públicos que ya debería dar clases de danza clásica. El Gobierno de Fuenlabrada, bajo el mando de Javier Ayala, ejecutó en junio de 2020 una maniobra de precisión quirúrgica: adjudicaron un contrato a Kreab por 17.545 euros. El truco está en la base imponible de 14.500 euros. ¿Por qué esa cifra? Porque quedarse un céntimo por debajo de los 15.000 euros es el 'pase mágico' para evitar la licitación pública y contratar a dedo, como quien elige al primo para pintar la casa para no dar explicaciones al vecino. Lo fascinante es el destinatario. Kreab no es precisamente una agencia de barrio especializada en folletos de hostelería; es la maquinaria que, entre 2015 y 2025, le soltó 1,5 millones de euros a José Luis Rodríguez Zapatero por ser su 'asesor senior'. La UDEF ya ha contado los billetes: 62 transferencias que suman 956.180 euros solo entre 2020 y 2025. Es decir, mientras el pequeño comercio de Fuenlabrada intentaba sobrevivir a la desescalada del primer estado de alarma, el Ayuntamiento le pasaba la tarjeta a la consultora del ex presidente. ¿Y el resultado de esa 'campaña de promoción'? El vacío absoluto. No hay rastro de Kreab en los comunicados ni en las apps de códigos QR de la época. Es el contrato fantasma perfecto: se paga el servicio, se evita la burocracia y el trabajo es invisible, casi como la ética en ciertos despachos. Para colmo, el municipio ya figuraba en la libreta de Leire Díez junto a notas sobre 'jardines y limpieza', sugiriendo que en Fuenlabrada el ecosistema de los contratos a dedo está más abonado que los propios parques. Ante el ruido en el pleno, el alcalde Ayala optó por el silencio administrativo, la respuesta favorita de quien no quiere que el hilo lleve hasta el ovillo.
Vivienda en España: El gran sablazo inmobiliario
El mercado inmobiliario español es hoy un campo de minas donde la lógica ha ido a descansar. En los Cursos de Verano CEU María Cristina, el consenso fue unánime: estamos al borde del colapso. Roberto Media, consejero de Fomento de Cantabria, soltó una anécdota que parece un sketch de comedia negra: echaron a una okupa que llevaba dos años sin pagar para darle el piso a una familia necesitada, y la señora regresó al día siguiente, cambió la cerradura y, para rematar la jugada, instaló una alarma anti-okupación. Es la ironía máxima; el colmo del cinismo convertido en manual de supervivencia urbana. Mientras tanto, la Ley de Vivienda ha operado como un repelente industrial: en Cantabria, el 37,2 % de los alquileres desaparecieron del mapa de la noche a la mañana. Es como intentar llenar un cubo agujereado; mientras el Gobierno regional promete triplicar la vivienda pública tras 12 años de sequía absoluta, la realidad es que el 19 % de las casas cántabras están en manos de 'profesionales' del allanamiento. David Martínez, de Merlin Properties, lo resume con la frialdad de quien mira un balance: la demanda es gravedad pura. Con un saldo neto de 500.000 inmigrantes en el año 25 y la creación de 250.000 hogares, la industria solo logra escupir 100.000 casas anuales. Un déficit de 150.000 viviendas que se suma a una burocracia con tiempos 'geológicos'. Para que nos entendamos: la Operación Chamartín (ahora Madrid Nuevo Norte) se lleva gestionando desde 1993. Básicamente, tardan más en aprobar un suelo que en evolucionar una especie. Blanca Hernández, de tuTECHÔ, pone el toque humano y trágico: niños viviendo en garajes y familias hacinadas en habitaciones sin cocina, mientras la transformación de la Sareb en Casa47 cierra la puerta a la compra de viviendas asequibles. Un festín de ineficiencia donde el ciudadano es el único que paga la cuenta.
Serrano y el 'kit de enchufes' en Correos
Hay quienes llaman 'gestión de talento' a lo que en el barrio conocemos como el clásico 'tengo un primo'. Juanma Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez, parece haber confundido la presidencia de Correos con una agencia de colocación para amistades del PSOE. La UCO no se ha andado con chiquitas y ha puesto el foco sobre Serrano por el aterrizaje forzoso de Leire Díez en la entidad postal, una maniobra de ingeniería administrativa que haría palidecer a cualquier gestor de recursos humanos. El guion es de manual: primero, Vicente le da el chispazo a Serrano para 'ponerlo en marcha'. Luego, Leire Díez aparece en escena con la capacidad casi mágica de retocar el perfil del puesto de trabajo a su medida. ¿El resultado? Otra directiva, convenientemente ciega, concluye que no hay candidatos internos que encajen. Es el truco del almendruque institucional: se cambia la cerradura para que solo entre la llave que ya tenemos en el bolsillo. La velocidad de ascenso de Leire fue vertiginosa. El 15 de diciembre de 2021, apenas un mes después de entrar, ya le presumía a Serrano que la filatelia estaba 'bajo control'. No era broma. El 1 de marzo de 2022, tras una solicitud de Patricia Álvarez Sánchez el 21 de febrero, Leire ya era Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales, mandando sobre museos, tendencias y hasta el aire de la oficina, reportando directamente a Serrano. El juez Santiago Pedraz ahora rastrea estas 'cloacas' donde los contratos se apresuran para que la prórroga coincida con el mandato del jefe. Mientras el ciudadano medio pelea por una cita en el SEPE, en los despachos de arriba se coordinan 'coberturas jurídicas' para que el reparto de chiringuitos no deje rastro. Un despliegue de generosidad pública que, curiosamente, nunca llega a la cartera del contribuyente.
Sablazo al Estado: Falsos menas y expulsiones
El Gobierno de Madrid ha decidido jugar al 'quién es quién' con el presupuesto de servicios sociales. Resulta que algunos adultos, con la sutileza de un elefante en una cacharrería, intentaron colarse en el sistema fingiendo ser niños. La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, bajo el mando de Ana Dávila, ha pasado de la acogida al código penal. Desde febrero, ya han denunciado a 28 falsos menores por estafa a la Administración. No es un simple malentendido de fechas; estamos hablando de un delito que puede costarles entre uno y seis años de cárcel y una multa de hasta un año. El caso paradigmático es el de Mohamed Rifai: 23 años, residente en el centro de primera acogida de Hortaleza y acusado de violar a una niña de 14. Un 'niño' con mucha experiencia y muy poca ética que terminó descubriéndose mediante pruebas de edad. Pero el deporte regional no termina ahí. La Comunidad de Madrid ha decidido que el 'estilo de vida' de algunos menores no encaja con la postal turística. Han enviado 123 expedientes a la Delegación del Gobierno para que los manden de vuelta a casa, y ya están cocinando otros cuatro más. En total, 127 jóvenes que, según los técnicos, tienen una 'mala adaptación'. Es la eterna pelea de patio: Ayuso quiere limpiar el barrio y Francisco Martín Aguirre, desde la Delegación del Gobierno, prefiere priorizar el bienestar del menor. Mientras Madrid hace el inventario de conflictivos, el Gobierno central mira hacia otro lado, probablemente porque pagar la manutención es un gasto que recae en la autonomía y no en el presupuesto de Moncloa. Es la ingeniería perfecta: unos piden la puerta y otros mantienen la cerradura echada mientras el contribuyente paga la factura del hotel.
Plus Ultra: El rescate que olió a chabaco
Hay una coreografía en el manejo del dinero público que ya roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico, en los despachos de Plus Ultra se gestionaban 53 millones de euros de ayuda pública como quien reparte cartas en una partida de póker clandestina. El 9 de marzo de 2021, el Gobierno aprobaba el rescate; diez minutos después, Rodolfo Reyes le confirmaba a Ramón Gordils, viceministro de Maduro, que ya habían salido los primeros 500.000 euros. No era caridad, era un reloj suizo. Lo más cínico llega con el famoso '1,4 palo'. En la jerga de la calle, un 'palo' es un millón de dólares. Gordils preguntaba por ese millón y cuatrocientos mil justo cuando la SEPI soltaba la pasta. ¿Coincidencia? La Fiscalía Anticorrupción cree que es la firma de un blanqueo maestro. Los fondos, que presumiblemente vienen de la corrupción de los CLAP y el oro venezolano, hicieron un tour turístico: pasaron por el Banco Santander para aterrizar en cuentas de Gibraltar y Reino Unido, específicamente en sociedades como Valerian Corporation, Wailea Investment y Allpa Wira. Todo esto con el aroma del lobby político de alto nivel. El puente hacia José Luis Rodríguez Zapatero no se tendió con diplomacia, sino con llamadas de 11 minutos y contactos como Manuel Aarón Fajardo y Julio Martínez Martínez. Mientras el país se asfixiaba en pandemia, este circuito financiero —conectado con el banco suizo MBaer y personajes como Simon Verhoeven y Alessandro Bazzoni— operaba con la soltura de quien mueve fichas en un casino. Al final, el rescate público no fue un salvavidas para una aerolínea, sino el lubricante para que una maquinaria de blanqueo internacional siguiera girando sin chirridos.
Sánchez lanza 'Dmocracia': Moda con dinero público
Parece que el Ejecutivo ha descubierto que gobernar es aburrido y que lo realmente disruptivo es montar una firma de streetwear. Bajo el sello 'Dmocracia', el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de celebrar los '50 años de España en libertad' no es con libros de historia, sino con sudaderas y poses de Instagram. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor cada vez que sube el aceite, el Consejo de Ministros ha autorizado una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Sí, han leído bien: casi 15 millones de euros para que la democracia sea 'estética'. Para que el mensaje cale en la generación Z —esa que no lee decretos pero sí ve TikToks—, han fichado a la artillería pesada de la influencia. Marina Rivers, que asegura que 'cuando te vistes, te posicionas', y Sara Fructuoso, que propone sacar la democracia de los libros para llevarla al armario, son las caras visibles de este despliegue de ingeniería financiera pública. También se suma Elena Fructuoso, presumiendo de una 'colección cápsula' que convierte los derechos fundamentales en una prenda de temporada. El despliegue es fascinante: usar el Congreso de los Diputados como fondo para un catálogo de moda mientras se prepara el terreno para 2026 con festivales y talleres. El objetivo oficial es 'reforzar los valores democráticos', pero la traducción callejera es más simple: gastar el presupuesto público en pagar a influencers para que la libertad tenga el corte adecuado y el logo correcto. Al final, la democracia en España ha pasado de ser un sistema de convivencia a ser una marca de ropa financiada con el IVA de todos.
Escoltas no son grilletes: el 'efecto Craxi'
Hay quien confunde la seguridad del Estado con un servicio de GPS para evitar que alguien se pierda camino a la frontera. El juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41, ha decidido jugar al juego de la memoria histórica en su informe del 30 de junio. Mientras Begoña Gómez solicitaba recuperar su pasaporte para asistir a la cumbre de la OTAN en Ankara y a la graduación de su hija en Londres —viaje este último autorizado el lunes por el magistrado Antonio Viejo Llorente—, la defensa intentó vender la idea de que tener escoltas es como llevar una correa invisible que impide la fuga. Peinado, con una ironía que corta el aire, ha recordado que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía están ahí para que no le pase nada malo, no para hacerle de canguro ni de carcelero. Para el juez, confiar la custodia a la profesionalidad absoluta de un cuerpo es como creer que en el supermercado nunca te cobrarán de más: una ingenuidad. Para rematar la jugada, el magistrado ha sacado el manual de historia y ha evocado el fantasma de Bettino Craxi. Porque, según Peinado, que un presidente de la Unión Europea se fugue en medio de una trama de corrupción con toda su escolta a cuestas no es ciencia ficción, sino un precedente real. El juez se ha tomado la molestia de defender que no insulta a los policías, pero recuerda que existe la Unidad de Asuntos Internos precisamente porque hay funcionarios que, en lugar de seguir el manual, deciden improvisar. En resumen: que tener escolta no es un grillete, y que en política, el camino hacia el aeropuerto suele estar muy bien vigilado, pero también muy bien asfaltado para los que saben cómo irse.
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