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Para el SEPE, el mundo es un tablero de ajedrez donde mover una pieza fuera de las fronteras sin pedir permiso es pecado capital. Entre 2016 y 2025, el organismo ha ejecutado la guillotina administrativa sobre 18.728 prestaciones. Casi diecinueve mil personas que, por el pecado de no avisar que cruzaban la frontera, vieron cómo su red de seguridad se evaporaba en un clic. Es la burocracia en estado puro: mientras tú intentas que la cuenta corriente no sea un desierto, el Estado te vigila el pasaporte con la precisión de un radar de velocidad en una carretera secundaria. El calendario de bajas parece el gráfico de una montaña rusa. En 2019 el SEPE estuvo especialmente inspirado con 2.948 bajas, y en 2023 volvió a la carga con 2.583. Luego llegó la pandemia y, como nadie podía salir ni a comprar el pan sin un permiso, las cifras cayeron a 1.312 en 2020 y a un modesto 773 en 2021. Pero lo verdaderamente surrealista ocurre al final del camino. En 2024 se contabilizaron 2.507 bajas definitivas, pero en 2025 la cifra se desplomó a solo 38. Un descenso del 98% que huele a cambio de criterio o a que el sistema se cansó de perseguir maletas. ¿La magia detrás del truco? Probablemente el Real Decreto-ley 2/2024. Desde el 1 de noviembre de 2024, el margen para escaparse al extranjero pasó de 15 a 30 días naturales al año. Básicamente, te han dado más cuerda para jugar antes de que te corten el grifo. Aun así, en los primeros seis meses de 2026 ya han caído otras 13 personas. No es que el SEPE sea generoso, es que ahora el margen de error es el doble, aunque el castigo sigue siendo el mismo: quedarse en la calle por un descuido en el formulario.
La vuelta al cole suele traer el drama de comprar la mochila más cara o pelearse por el libro de matemáticas, pero en Ceuta el 8 de septiembre viene con un aroma distinto: el de la vigilancia policial extrema. Mientras los padres revisan que los lápices estén afilados, los mandos policiales diseñan un dispositivo para que los patios no parezcan el escenario de una película de supervivencia. La razón es sencilla y cruda: la ciudad sigue digiriendo la entrada masiva de inmigrantes del 30 y 31 de julio, con unos 10.000 residentes irregulares que han convertido algunos centros educativos en refugios improvisados. No hablamos de una anécdota. El CEIP José Ortega y Gasset, en la avenida de España, ha pasado de ser un templo del saber a un hotel nocturno sin estrellas, donde el servicio de limpieza tiene que hacer malabares con excrementos y basura antes de que los niños crucen la puerta. Es el mismo guion que se repite en el Santa Amelia, Juan Carlos I, Ciudad de Ceuta, San Daniel y Rosalía de Castro. Básicamente, los colegios se han convertido en el 'Airbnb' de la desesperación, y ahora la solución es poner agentes en la puerta para que el inicio del curso no sea un campo de minas. La hipocresía es deliciosa: se habla de 'dispositivo preventivo' y 'garantizar la normalidad', pero la realidad es que estamos blindando escuelas porque la gestión de la crisis migratoria ha dejado agujeros del tamaño de un estadio. El Gobierno de Ceuta, que ya lidia con viviendas públicas ocupadas, ahora debe coordinar que los niños no se encuentren con sorpresas desagradables al entrar a clase. Un despliegue policial para que un colegio sea, sencillamente, un colegio. El 8 de septiembre sabremos si el despliegue de efectivos es un escudo real o solo un parche caro para una herida que no cierra.
Gestionar el dinero público en este país es como llevar la contabilidad de una casa donde nadie sabe quién se ha gastado el presupuesto de la compra. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, bajo el mando de Elma Saiz, ha soltado una perla digna de manual: no tienen ni idea de cuántos jóvenes de entre 23 y 29 años cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV) mientras siguen durmiendo en la habitación de sus padres. Cuando THE OBJECTIVE preguntó por el desglose de estos beneficiarios y la evolución de los pagos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aplicó el clásico 'no me busques que no me encuentres'. Básicamente, dicen que sacar esos datos requeriría un esfuerzo informático y humano que no pueden asumir. Traducido al lenguaje de la calle: tienen la información ahí, pero les da una pereza monumental cruzar los archivos porque no quieren que el agujero contable o la anomalía social quede expuesta con nombres y apellidos. Es fascinante. Mientras que en julio el IMV movió una cifra astronómica de 473,3 millones de euros, repartidos en una media de 504,5 euros por hogar para 879.225 unidades de convivencia (donde viven 2.682.646 personas), la Administración se vuelve ciega cuando hay que analizar el detalle. Nos dicen que el 53,4% de los beneficiarios son mujeres y que hay 1.089.965 niños y adolescentes protegidos, pero que saber si un chico de 25 años cobra una ayuda independiente viviendo con sus padres es 'inasumible'. La ley dice que, salvo casos de violencia de género o desahucios, el hijo no puede cobrar un IMV aparte si los padres ya lo hacen. Pero en el limbo administrativo, donde el software es prehistórico y la transparencia es un concepto sugerido, parece que hay espacio para el misterio. No es falta de datos, es falta de ganas de mirar el espejo.
Hay quien dice que el servicio público es una vocación; otros, como el canciller Vicente Moreno, prefieren tratarlo como una franquicia personal de alta rentabilidad. En el Consulado de Argel, la diplomacia no consistía en estrechar manos, sino en contar billetes. Mientras el ciudadano honesto esperaba una cita que nunca llegaba —como quien espera que el autobús pase puntual un lunes por la mañana—, una estructura criminal operaba un sistema de 'fast-track' donde el requisito no era el pasaporte, sino el fajo de euros. El precio de saltarse la cola era un sablazo de hasta 25.000 euros por familia, una cifra que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Para que el negocio rodara, hacía falta un portero que decidiera quién entraba y quién no. Ahí entra BLS, la empresa india que el Ministerio de Asuntos Exteriores, bajo la mirada de José Manuel Albares, contrató en 2016 por unos jugosos 175 millones de euros. Resulta curioso que Exteriores eligiera a una compañía ya salpicada por escándalos en India y EE. UU., pero supongo que en el mundo de las adjudicaciones, el currículum es lo de menos si el sello es el correcto. La ingeniería financiera era de manual: el efectivo se recogía en la calle y se blanqueaba en España comprando coches, transformando sobornos en chapa y motor. La jueza María Tardón ya ha puesto el ojo en Moreno, en el trabajador local Mohamed Boutouchent y hasta en la mujer del canciller. Lo más surrealista es el 'castigo' de Moreno: tras quedar libre, Exteriores lo ha recolocado en la subdirección general de Asuntos Patrimoniales. Básicamente, lo han pasado al rincón de los castigados, donde gestionan 500 edificios con un presupuesto congelado de 13,5 millones de euros. Un movimiento maestro: el zorro ahora cuida la gallinera de los inmuebles.
Hay algo profundamente poético, en el sentido más trágico y sucio de la palabra, en que el Ejército de Tierra, la maquinaria diseñada para la disciplina y el orden, se vea derrotada por un ácaro. Veinticuatro militares en la Comandancia General de Ceuta están ahora mismo librando una batalla contra el picor nocturno, una guerra de desgaste donde el enemigo no lleva uniforme, sino que se esconde en las sábanas. Mientras el discurso oficial intenta hacer malabarismos para desvincular el brote del contexto migratorio, la realidad es un bofetón: las autoridades admiten 'deficiencias graves en la higienización' de las bases. Traducido al idioma de la calle: los cuarteles están que dan asco. Es el colmo del surrealismo administrativo. Mientras el ciudadano de a pie ve que las Urgencias de Ceuta están colapsadas —atendiendo a cuatro veces más pacientes con el mismo personal, lo que convierte una visita al médico en una lotería rusa—, el Ejército descubre que compartir ropa de cama en condiciones precarias es la receta ideal para una epidemia de sarna. Carmen Fúnez, del PP, describe un escenario digno de una distopía donde crónicos ceutíes prefieren morir en casa antes que arriesgarse a entrar en un hospital que parece un caldo de cultivo. La OMS nos recuerda que esto es pan de cada día en zonas tropicales pobres, afectando hasta al 10% de los niños. Pero que el escenario sea ahora una base militar española es la guinda del pastel. Entre que Alberto Núñez Feijóo pide la comparecencia de Mónica García y la ATME se desespera por la recurrencia de los casos, el soldado raso sigue rascándose. Al final, la 'defensa nacional' se ha reducido a meter las sábanas en bolsas de plástico durante una semana para ver si el ácaro se rinde.
La aritmética del poder es fascinante: mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, el Ministerio de Sanidad ha decidido que es lunes de 'solidaridad'. Mónica García y su equipo han convocado a las comunidades autónomas a una reunión telemática para que empiecen a soltar vacunas hacia Ceuta. No es un capricho; es que desde el 30 de julio la ciudad autónoma se ha convertido en un embudo humano. Buscan triple vírica, varicela, poliomielitis, tétanos y difteria. Básicamente, el kit de supervivencia básico que el Estado parece haber olvidado en el cajón mientras organizaba la agenda. Pedro Gullón, director general de Salud Pública, habla de 'urgencia', una palabra que en el lenguaje burocrático suele significar 'nos hemos quedado sin tiempo'. Mientras tanto, Javier Padilla regresa a Ceuta para intentar poner un parche sobre una herida abierta. La ironía es deliciosa: hace una semana, la ministra García negaba el colapso sanitario, aunque admitía que Urgencias, Medicina Interna y Atención Primaria estaban 'tensionadas'. Decir que un hospital está 'tensionado' cuando tienes a los médicos al borde del infarto es como decir que tu casa está 'un poco húmeda' mientras el techo se cae a pedazos. Los números no mienten, aunque los políticos lo intenten. Entre el 31 de julio y el 14 de agosto, Ingesa registró 5.801 asistencias, sumadas a otras 2.500 de la Cruz Roja en la playa del Trampolín. Es una logística de guerra gestionada con presupuestos de oficina. Para rematar la faena, el hacinamiento ha pasado factura: 18 menores con Mantoux positivo y dos casos confirmados de tuberculosis, sin olvidar el festín de sarna, impétigo y gastroenteritis. El Colegio de Médicos y los sindicatos ya no gritan, ahora braman, mientras Ingesa y la realidad juegan al gato y al ratón.
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el ticket del supermercado después de una fiesta: siempre hay algo que no cuadra. En Ceuta, la aritmética del Gobierno tiene un sentido del humor muy negro. Mientras el comercio local agoniza en un agosto que debería ser su mina de oro, el Ejecutivo ha decidido que el respaldo a los autónomos sea, básicamente, una propina comparada con el banquete de la gestión migratoria. El 31 de julio, el presidente del Gobierno, justo antes de refugiarse en la paz de La Mareta, soltó la promesa clásica de 'analizar políticas' para salvar las tiendas que cerraban. Veinte días después, el análisis ha dado como resultado una propuesta del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa de 15 millones de euros. Suena a mucho, hasta que miras el otro lado de la balanza. El martes, en el primer Consejo de Ministros post-vacaciones, se aprobará un fondo de 25 millones para trasladar a 500 menores a la Península, a los que hay que sumar los 5,5 millones ya asignados a la emergencia humanitaria. Hagamos la suma rápida: 30,5 millones para la gestión migratoria frente a unos 15 millones para que el tendero de la esquina no tenga que echar la persiana definitivamente. Es decir, el Gobierno gasta el doble en mover piezas que en reflotar la economía local. Y eso sin contar el 'extra' invisible: el despliegue de las Fuerzas Armadas, el personal del Hospital de Ceuta, las carpas y los cheques para ONG como Engloba o Accem. Mientras Carlos Cuerpo prepara el viaje para profundizar en el apoyo económico, el ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, juega al tenis diplomático exigiendo repatriaciones y pidiendo expedientes de los 82 fallecidos, de los cuales solo 18 han sido enterrados como números en el cementerio musulmán. Una gestión impecable, si lo que se busca es que el comercio local se sienta como el plato secundario de la cena.
Hay que tener un talento especial para convertir una fiesta de campeones en un funeral con música de fondo. El pasado 22 de agosto, San Mamés decidió que ganar el Mundial el 19 de julio era, básicamente, un pecado capital. Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams salieron al césped con la Copa del Mundo bajo el brazo, esperando el cariño de su gente, pero se encontraron con que una parte de la grada prefiere el rencor a la gloria. Es la paradoja del siglo: que te piten por ser el mejor del planeta. Mientras en el Metropolitano el ambiente era una fiesta de banderas, en 'La Catedral' el protocolo fue quirúrgico. Ni un solo paño rojigualda; solo ikurriñas ondeando mientras el silencio pesaba más que el propio trofeo. Fue un homenaje 'low cost', de esos que se hacen por compromiso, como cuando vas a la boda de un primo que no soportas. Luis de la Fuente, sentado en el palco, también se llevó su ración de silbidos, demostrando que en Bilbao el éxito con la selección española es como llevar calcetines con sandalias: una falta imperdonable. Lo curioso es que el resto de jugadores del Athletic, el Sevilla y hasta los árbitros hicieron el pasillo. Una imagen surrealista: el respeto profesional frente al ruido ideológico. Entre pitadas y un minuto de silencio por el histórico Carmelo Cedrún, el acto terminó rápido, evitando que la tensión escalara. Al final, los tres campeones mostraron la segunda estrella en el pecho, pero en San Mamés parece que algunas estrellas brillan demasiado para el gusto de quienes confunden el fútbol con un pleito territorial. Una pena que el orgullo de un club sea incompatible con el éxito de sus hijos en el escenario más grande del mundo.
Hay amistades que valen oro, o en este caso, valen una factura de 1,6 millones de euros. Mientras el ciudadano medio hace malabares con el ticket del supermercado, Jesús Calleja y Pedro Sánchez han decidido que Lanzarote y La Mareta son el escenario ideal para compartir el verano. No es que el 'expeluquero' aventurero tenga un imán para el poder, es que su productora tiene un imán muy potente para los fondos de RTVE, facturando esa cifra millonaria que hace que cualquier hipoteca parezca un juego de niños. Es la magia del networking: veraneas con el jefe del país y, mágicamente, los rumores de un salto definitivo a la televisión pública cobran sentido. Pero el ecosistema mediático es un patio de colegio con presupuesto estatal. Tenemos la creación de 'La Séptima', el nuevo canal de TDT concedido por 'Su Excelencia' a Miguel Contreras, un personaje que salió volando de PRISA por intentar meter su proyecto a presión. Este nuevo espacio, que abrirá el 5 de noviembre, se presenta como una 'trinchera' ideológica donde Javier Ruiz —fugitivo de Mañaneros 360— montará su cuartel general. Para completar el casting de la militancia, han fichado al humorista Quequé y a Rocío Delgado, quien curiosamente es pareja de Jesús Cintora, el nuevo ariete de TVE. En este tablero, la meritocracia es un concepto abstracto. Mientras Mediaset se rompe la cabeza buscando un nombre para el nuevo formato de 'El Rosco' y Pedrerol intenta que sus audiencias no se desplomen en Energy y Cuatro, en la televisión pública se gestionan las lealtades. Y mientras tanto, los incombustibles Jordi Hurtado y Karlos Arguiñano, con 69 y 78 años respectivamente, se niegan a soltar el micro y la sartén, recordándonos que en este negocio, el relevo generacional es un mito cuando el cheque sigue llegando.
Gibraltar ha decidido que el mapa es solo una sugerencia y ha vuelto a sacar la pala para morderle un trozo más al Mediterráneo. Esta vez se trata de 47.000 metros cuadrados de relleno marítimo frente a Westview Park, una operación de ingeniería que básicamente consiste en fabricar suelo donde antes había agua para plantar 2.300 viviendas. Para que nos entendamos: mientras el ciudadano medio lucha contra la inflación y ve cómo su cuenta corriente se encoge, el Gobierno colonial expande su superficie como quien añade una habitación más al salón porque se ha quedado pequeño. Fabián Picardo, el ministro principal, se pone la medalla del altruismo asegurando que estas casas no son para los ricos, sino para los trabajadores y pensionistas. Un relato conmovedor, especialmente cuando recordamos que la fiesta se financia gracias al consorcio vietnamita TNG Global Foundation. Sí, los mismos que están levantando Eastside, ese proyecto de 1.400 viviendas de lujo y puerto para megayates que ha puesto a la Fiscalía de Algeciras a trabajar horas extra por ocupar aguas españolas. Es la clásica jugada de manual: usar el dinero del lujo extremo para construir 'vivienda asequible' y limpiar la imagen corporativa. La obra ya ha arrancado con la demolición del Muelle de Extensión número 3 (244 metros de largo y 12,2 de ancho), que terminará convertido en la base del nuevo barrio. Todo esto mientras Verdemar-Ecologistas en Acción grita al vacío sobre el impacto medioambiental y los caladeros de La Atunara se ahogan en partículas en suspensión. La ministra Sara Aagesen guarda un silencio sepulcral, mientras el Peñón sigue creciendo a base de arena importada y una audacia geopolítica que roza lo surrealista. Al final, el mar es el único que no tiene voz para protestar mientras le roban el espacio.
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Adolfo Sáez