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La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha roto abruptamente relaciones con España al ordenar la expulsión del embajador español Sergio Farré Salvá y del ministro consejero Miguel Mahiques Núñez. El Gobierno español ha respondido con la expulsión del embajador de Nicaragua en Madrid, Maurizio Carlo Gelli, y otro diplomático en «estricta reciprocidad». Farré Salvá, recién llegado a Managua el 2 de diciembre de 2025, ha sido funcionario de carrera desde 2005 y ha estado destinado en diversas embajadas. La expulsión se produce en un momento delicado para la dictadura sandinista, aliada con el dictador venezolano Nicolás Maduro, y tras una advertencia «amigable» del Gobierno de Estados Unidos para que Ortega y Murillo abandonen el poder. La embajada española en Managua queda a cargo de Alejandro Robles Monsalve como encargado de Negocios ad interin, sobrino nieto de Manuel Fraga Iribarne. Esta acción es el último capítulo de una relación tormentosa entre España y Nicaragua, que incluye la llamada a consultas de la embajadora María del Mar Fernández-Palacios en 2021 tras un comunicado sandinista con ataques contra España.
La izquierda española, liderada por el PSOE, ha utilizado históricamente las catástrofes para movilizar a la sociedad contra su principal rival político, el PP. Sin embargo, tras el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), las circunstancias han cambiado drásticamente. Por primera vez, el PSOE no puede culpar al PP porque el Gobierno socialista es responsable del sistema ferroviario español y su mantenimiento. El ministro de Transporte, Óscar Puente, ha generado controversia con sus mensajes desafiantes en redes sociales, dedicando 428 tuits al PP. El presidente Pedro Sánchez se desplazó a Córdoba para mostrar unidad con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y decretó tres días de luto oficial, ganando así una tregua política. A pesar de esto, el PSOE ha intentado desviar la atención sobre el estado de las vías ferroviarias, sugiriendo que el accidente fue 'extraño'. Esta estrategia de contener la tensión y explotar la indignación no es nueva; se ha visto en casos como el hundimiento del Prestige en 2002, los atentados del 11-M en 2004, el sacrificio del perro Excalibur en 2014 y las víctimas del covid en residencias de mayores en Madrid. La capacidad del PSOE para manipular el relato ha sido clave en estos episodios.
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, ha lanzado duras críticas contra el Gobierno de Pedro Sánchez y la economía española. En una entrevista con EDATV News, Bessent afirmó que España 'ni siquiera puede mantener la luz encendida', haciendo referencia al gran apagón del 28 de abril de 2025, que atribuyó a las energías renovables. Además, criticó el gasto en Defensa del Ejecutivo español, señalando que es 'el único país de la OTAN que no está cumpliendo con sus compromisos', y destacó que Estados Unidos, a pesar de tener el océano Atlántico, cumple con su contribución a la OTAN. Bessent también se refirió a la relación del Gobierno de Sánchez con el régimen de Maduro, calificándola de 'complaciente', y mencionó la influencia de ex presidentes como Zapatero en dicha relación. El funcionario estadounidense concluyó que la detención del ex dictador venezolano ha sido 'una gran pérdida para los socialistas en España'. Estas declaraciones coinciden con la próxima visita de los 'hombres de negro' de la OTAN a España, prevista para finales de enero, con el objetivo de evaluar el gasto en Defensa y asegurar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio pasado, que fijó un gasto del 5% del PIB en Defensa.
El alcalde de Pulpí, Juan Pedro García, ha lanzado un duro ataque contra el Gobierno tras las impactantes imágenes de hasta 19 narcolanchas refugiándose en las costas almerienses para escapar del temporal. 'Esto parece Honduras', declaró García, visiblemente indignado, mientras señalaba la impunidad con la que operan los narcotraficantes en la zona. El regidor del PP denunció la falta de actuación de la Guardia Civil durante el fin de semana y la insuficiencia de medios para combatir el narcotráfico. La situación ha generado un gran malestar entre las fuerzas de seguridad, con la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) exigiendo soluciones inmediatas y criticando la falta de patrulleras y medios. El PP ya ha anunciado que solicitará la comparecencia del ministro Grande-Marlaska en el Congreso para que explique la situación.
La Audiencia de Jaén ha condenado a siete meses de prisión a un matrimonio paquistaní y al hermano del marido por practicar un exorcismo a su hija de 27 años, a quien consideraban 'poseída' tras su divorcio. La víctima, que había regresado de Reino Unido, permaneció retenida 22 días en su domicilio de Linares, donde su familia intentó 'sacarle el demonio' mediante rituales con el Corán dirigidos por el tío, que actuó como imán. Aunque la Fiscalía inicialmente pidió ocho años por detención ilegal agravada, retiró la acusación tras la decisión de la joven de no declarar. La sentencia por maltrato en el ámbito doméstico se basó en las lesiones y el testimonio de los agentes que intervinieron. La indemnización queda pendiente para su resolución en ejecución de sentencia.
General Dynamics European Land Systems (GDELS), la filial española del gigante estadounidense de defensa General Dynamics, ha declarado un beneficio de 32.125.461 euros en 2024, pero solo ha pagado 141.239 euros en Impuesto de Sociedades gracias a una compleja estructura contable. La clave está en un asiento denominado 'otros gastos de explotación', donde cargó 28.289.195 euros en facturas internas contra su propio grupo empresarial, reduciendo drásticamente el beneficio sujeto a tributación. A esto se suman 5.686.382 euros destinados a salarios para solo 31 empleados, con una media de 183.000 euros por trabajador. La estructura contable, aunque legal, plantea interrogantes sobre el equilibrio fiscal entre multinacionales y empresas nacionales, y refuerza la tesis de que General Dynamics utiliza a su filial española para derivar gastos dentro del grupo y minimizar su contribución fiscal en España.
La entrevista de Óscar Puente en TVE con Silvia Intxaurrondo ha generado controversia por su aparente sintonía y falta de preguntas incisivas. El ministro de Transportes aprovechó para hablar sobre el accidente de tren de Adamuz (Córdoba) y culpó a un posible 'ciberataque' de los problemas ferroviarios. Intxaurrondo planteó una pregunta inicial sobre la 'cronología cierta' de los hechos, a lo que Puente respondió con detalle sin ser interrumpido. La entrevista estuvo marcada por la comodidad del ministro, quien agradeció el trato recibido al finalizar. Puente habló de 'ciberataque' en relación con los trenes de Rodalies en Cataluña, aunque sin afirmarlo categóricamente. La entrevista se desarrolló sin repreguntas ni cuestionamientos a sus declaraciones, lo que levantó sospechas sobre la falta de rigor periodístico.
En un giro inesperado, el Gobierno de Pedro Sánchez ha anunciado un 'decretazo' para regularizar a medio millón de inmigrantes ilegales en España, medida pactada con Podemos y que se tramitará mediante un real decreto para evitar el Congreso. Irene Montero, secretaria política de Podemos, adelantó que se regularizarán a personas que residan en España desde antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar al menos cinco meses de estancia mediante documentos como el empadronamiento, informes médicos o contratos de servicios. La medida también incluye la autorización de residencia y trabajo por un año y la suspensión automática de procedimientos de retorno. El PP ha anunciado su voto en contra del decreto ómnibus relacionado, criticando que se mezclen medidas como la revalorización de pensiones con otras que 'castigan a pequeños propietarios'.
El presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, ha generado controversia al gastar 313.632 euros en cuatro coches de alta gama para su cúpula directiva mientras la red ferroviaria española enfrenta problemas constantes de choques y descarrilamientos. La licitación, que incluye vehículos híbridos enchufables con chofer y tapicería de cuero, ha sido criticada por su elevado coste y la contradicción con las políticas de sostenibilidad que Fernández Heredia ha promovido en el pasado, como su defensa del uso de la bicicleta. Los vehículos, que serán devueltos después de cuatro años, cuentan con tecnología avanzada y comodidades para los cuatro directivos que los utilizarán: Fernández Heredia, José Alfonso Gálvez, Sergio Bueno y Lucas Calzado. La contratación ha levantado críticas por el contraste entre el lujo de los coches y los problemas operativos de Renfe.
La Moncloa ha tomado medidas drásticas contra la desinformación y las filtraciones con un contrato de ciberseguridad valorado en 2,27 millones de euros, adjudicado al Centro Regional de Servicios Avanzados (CSA) por un periodo inicial de 24 meses, con posibilidad de prórroga. El contrato incluye monitorización de la dark web, detección avanzada de intrusiones y respuesta ante incidentes. La adjudicación se ha realizado mediante procedimiento negociado sin publicidad por razones de seguridad. El CSA será el encargado de proporcionar una cobertura integral de ciberseguridad por capas, abarcando desde la inteligencia y vigilancia hasta la respuesta y recuperación ante incidentes. El objetivo es anticipar y contener posibles filtraciones y accesos no autorizados que puedan derivar en campañas de desinformación con apariencia oficial. El contrato contempla también la vigilancia de riesgos en la cadena de suministro, un vector de ataque cada vez más común. Con este movimiento, Moncloa busca reforzar su capacidad de detección y respuesta ante incidentes de seguridad, protegiendo así su infraestructura crítica y evitando potenciales daños reputacionales.
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Rocío Delgado