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La Policía Nacional ha emitido una alerta interna debido al aumento del 60% en las denuncias de pérdida de pasaporte por parte de ciudadanos extranjeros que buscan acogerse a la regularización extraordinaria de inmigrantes. El incremento se ha detectado entre el 15 de enero y el 6 de febrero de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Las nacionalidades con mayor incidencia son pakistaní (866,67%), argelina (356,25%), marroquí (114%) y colombiana (39%). La Policía ha recomendado una 'identificación plena' de los denunciantes, incluyendo la comprobación de su situación administrativa en España. El objetivo de la regularización es ofrecer igualdad de derechos a extranjeros que llevan al menos cinco meses en España antes del 31 de diciembre de 2025 y no tienen antecedentes penales. Sin embargo, sindicatos policiales han mostrado su discrepancia con la medida, advirtiendo del 'efecto llamada' y el posible fraude.
La Fiscalía Europea (EPPO) ha iniciado una investigación por presuntas irregularidades en la venta de 23 edificios propiedad de la Comisión Europea a Bélgica en 2024, por un valor cercano a los 900 millones de euros. La policía registró las dependencias de la Comisión Europea en Bruselas este jueves como parte de las diligencias. La Comisión Europea ha asegurado que cooperará plenamente con la investigación y ha destacado que siguió los procedimientos establecidos para la transacción. Los edificios vendidos, ubicados en su mayoría en el barrio europeo de Bruselas, suman entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de despachos. La venta se realizó a través del fondo soberano belga SFPIM. La Comisión Europea confía en que la venta se llevó a cabo conforme a las normas, aunque ha evitado dar más detalles sobre la investigación en curso. La Fiscalía Europea ha confirmado que está llevando a cabo 'actividades para recabar pruebas' en el marco de una 'investigación en curso', sin ofrecer más información sobre el caso.
El cierre de Almaraz I, con sus primeros 1.000 megavatios de potencia firme, podría encarecer la vida un 23% para hogares y pymes, y un 35% para la industria, según un informe de OBS Business School. El estudio, dirigido por Víctor Ruiz Ezpeleta, advierte de un posible incremento anual de entre 150 y 250 euros para hogares y pymes. La retirada de la energía nuclear dejará un vacío de 55-60 TWh anuales, que será cubierto principalmente por el gas natural, lo que hará que el precio marginal del mercado mayorista suba entre 13 y 37 euros por MWh. Esto no solo encarecerá la electricidad, sino que también aumentará los costes de emisión de CO2. Además, la falta de inercia de los turbogeneradores nucleares podría provocar episodios de volatilidad extrema si no se despliega masivamente tecnología de almacenamiento y baterías para 2027. El informe subraya la urgencia de invertir en digitalización y almacenamiento eléctrico para mitigar riesgos económicos que podrían alcanzar miles de millones de euros en sectores clave como la industria y los servicios. La pérdida de miles de empleos de alta cualificación técnica debido al desmantelamiento nuclear es otro de los riesgos destacados.
Más de 53.000 españoles renunciaron a la herencia de sus padres en 2023 debido a la elevada carga fiscal asociada a la transmisión de bienes. La experta económica Pilar García de la Granja analizó en 'Herrera en COPE' cómo las diferencias fiscales entre comunidades autónomas pueden suponer una brecha de hasta 100.000 euros en herencias de un millón de euros. Mientras que regiones como Andalucía o Baleares prácticamente eximen del pago, otras como Asturias o Cataluña llegan a exigir más de 100.000 euros. La experta denuncia una 'doble fiscalidad' sobre los mismos bienes, ya que los herederos deben pagar impuestos sobre bienes que ya fueron gravados cuando el difunto los adquirió. La situación ha llevado a muchos herederos a renunciar a herencias de hasta 200.000 euros debido a la imposibilidad de asumir los impuestos correspondientes.
La Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) sigue manteniendo alquilado un ático de 139 metros cuadrados en el corazón de Madrid a nombre de Sabiniano Gómez Serrano, padre de Begoña Gómez y suegro del presidente del Gobierno, pese a haber fallecido el 26 de junio de 2024. El inmueble, situado en la calle San Bernardo 38, tiene un contrato de arrendamiento vigente desde el 21 de mayo de 1986 por un precio mensual de 850 euros, muy por debajo del valor de mercado actual, que oscila entre 3.000 y 4.000 euros. La familia Gómez Serrano ha disfrutado del alquiler durante décadas, llegando a utilizar el ático como negocio de alojamiento turístico hasta 2022. La situación genera controversia debido a las conexiones familiares con el presidente del Gobierno y a las operaciones inmobiliarias previas relacionadas con el mismo edificio, que han beneficiado a familiares de Begoña Gómez.
La tensión entre Pedro Sánchez y Giorgia Meloni se ha intensificado después de que el presidente español fuera excluido de una reunión previa a la cumbre informal de líderes de la Unión Europea en Bélgica. La primera ministra italiana, junto con el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro belga Bart de Wever, organizó esta cita para discutir competitividad económica y reformas de la UE, a la que asistieron una veintena de líderes europeos, incluyendo a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Moncloa ha criticado esta iniciativa por considerarla divisoria y ha trasladado su protesta directamente a Italia. El incidente refleja las diferencias entre los dos gobiernos sobre cómo abordar cuestiones como la inmigración y la unidad de la UE.
José Manuel, un propietario zaragozano, lleva años sufriendo el calvario de unos inquilinos que se niegan a pagar el alquiler de la vivienda que él y su hermana alquilaron en 2019 a refugiados sirios a través de la Fundación APIP-ACAM. A pesar de que la fundación debía asumir los impagos, estos comenzaron tras el primer año y se han prolongado hasta hoy. Mientras tanto, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el decreto antidesahucios que impide el desahucio de inquilinos considerados 'vulnerables'. La situación se ha enquistado de tal manera que los inquilinos han dejado de pagar durante más de seis años y adeudan más de 13.000 euros en concepto de alquiler, a lo que hay que sumar los gastos de abogados y 108 euros mensuales de comunidad. Lo más sorprendente es que estos inquilinos cobran 1.616,28 euros del Ingreso Mínimo Vital (IMV), lo que ha generado la indignación de José Manuel, quien denuncia que se está creando una 'vulnerabilidad vitalicia' al desincentivar el trabajo.
El juez Juan Carlos Peinado ha lanzado un ultimátum a Moncloa y al Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, advirtiéndoles que tomará medidas legales si no entregan información sobre los correos electrónicos y vuelos de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, en un plazo de diez días. La negativa de Begoña Gómez a entregar su pasaporte para verificar sus viajes junto a su asesora, Cristina Álvarez, ha generado tensiones con la justicia. El magistrado busca determinar si ciertos viajes a destinos como República Dominicana, República del Congo y Rusia fueron oficiales o privados. Además, solicita todos los correos electrónicos enviados y recibidos por Begoña Gómez desde julio de 2018 hasta septiembre de 2025 para investigar posibles usos privados de su cuenta corporativa, como la gestión de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid. La falta de colaboración de Begoña Gómez y su entorno con la justicia ha sido criticada por el juez, quien también lamentó que Pedro Sánchez se acogiera a su derecho de no declarar como testigo.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha respondido a la política migratoria del Gobierno de Pedro Sánchez con un paquete de medidas que endurecen el control fronterizo y aceleran las deportaciones. El Consejo de Ministros de Italia aprobó un proyecto de ley que integra el nuevo Pacto sobre Migración y Asilo de la Unión Europea (UE) y refuerza la seguridad nacional para blindar las fronteras italianas. Entre las medidas clave se incluye la posibilidad de aplicar bloqueos navales temporales y un procedimiento acelerado para la deportación de inmigrantes desde las fronteras. El objetivo es combatir la inmigración ilegal y garantizar una gestión más rigurosa de los flujos migratorios. Meloni destacó que su Gobierno está decidido a garantizar la seguridad fronteriza y la seguridad de los ciudadanos italianos. La medida contrasta con la política de Sánchez, que ha regularizado a más de medio millón de extranjeros.
Un hombre ha sido condenado a un año de prisión y al pago de 24.500 euros por estafar a un propietario de un Seat Cupra. El acusado se ofreció a gestionar la venta del vehículo en octubre de 2022, pero lo vendió sin autorización y se quedó con el dinero. La sentencia, dictada por la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz con sede en Ceuta, también incluye una multa de 6 meses con una cuota diaria de 5 euros. El historial delictivo del condenado incluye múltiples condenas por estafas y falsificaciones, lo que motivó la oposición del Ministerio Fiscal a la suspensión de la pena. El acusado deberá cumplir la pena de prisión de manera íntegra y abonar la indemnización a la víctima.
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Margarita Ramírez