El artículo cumple con las expectativas del título, pero peca de cierto sensacionalismo al presentar la propuesta de las eléctricas como una 'sorpresa'. La información es clara y concisa, pero falta una evaluación más profunda de las implicaciones económicas y ambientales de la prórroga de las centrales nucleares. El artículo también omite detalles sobre la posición de otros países europeos respecto a la energía nuclear.
Zulima Pérez Seguí será nombrada nueva comisionada del Gobierno para la DANA, tras la dimisión forzosa de José María Ángel por falsear su título universitario. El nombramiento lo hará oficial el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Pérez es asesora de la Secretaría de Estado de Política Territorial y proviene del equipo de Ximo Puig. Su nombramiento pone en cuestión el liderazgo de Diana Morant en la Comunidad Valenciana. Pérez lidera el área de Ciencia, Innovación y Universidades en la Ejecutiva del PSOE valenciano. En el Ministerio de Ángel Víctor Torres, coincidió con Arcadi España, Secretario Autonómico de Política Territorial. Pérez se incorporó al Ministerio de Política Territorial con España y Rebeca Torró. Es profesora universitaria y natural de Alcoy. Durante el gobierno de Ximo Puig, ocupó puestos claves en la administración autonómica valenciana, como subsecretaria de la Conselleria de Hacienda y directora general de Coordinación del Diálogo Social. El nombramiento sigue el patrón de premiar a colaboradores de Puig. La designación de Pérez como sucesora de Ángel no es casual, ya que conoce a sindicatos, asociaciones y entidades empresariales.
Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, nacido en Milagro (Navarra) en 1969, ha recibido una devolución acumulada de 8800,15 euros por parte de la Hacienda Foral de Navarra desde 2014. En este mismo periodo, Cerdán y su mujer, Francisca Muñoz, declararon ingresos conjuntos de 780.542 euros. Las declaraciones de la renta reflejan que Cerdán tuvo un saldo fiscal favorable gracias a deducciones por vivienda habitual, donaciones, reducciones por unidad familiar y elevadas retenciones practicadas por organismos públicos. En siete de los diez ejercicios analizados, la Hacienda local le devolvió dinero. Cerdán donó 32.936 euros al Partido Socialista entre 2014 y 2024, con un máximo de 6000 euros al año entre 2018 y 2021. Sus ingresos acumulados en la última década ascienden a 667.551 euros, que podrían aumentar a entre 717.000 y 757.000 euros si se incluye 2017. La declaración conjunta con su mujer y la inclusión de su hija menor de edad le generaron deducciones adicionales. En 2020, Cerdán recibió una devolución de 2721 euros, y en 2024, de 1508,41 euros.
El Ministerio de Transportes confirmó que 5 grandes autopistas de peaje en España pasarán a ser gratuitas en los próximos meses. Actualmente, hay 20 autopistas de peaje que acumulan más de 1.500 kilómetros de carreteras de pago. El plan del Gobierno ya ha convertido en gratuitas importantes autopistas históricas como la AP-1, AP-4, AP-7 y AP-2 desde 2018. La AP-7 en Alicante, que concluirá su gratuidad temporal el 15 de febrero de 2026, pasará a ser definitivamente gratuita. La AP-68 entre Bilbao y Zaragoza concluirá su concesión en noviembre de 2026 y también será gratuita. A partir de 2029, la AP-6, AP-61 y AP-51 pasarán a ser gratuitas. El déficit de inversión en infraestructuras en España asciende a 11.500 millones. Seopan propuso un peaje de 3 céntimos por kilómetro para vehículos ligeros y 14 céntimos para vehículos pesados en todas las autovías y autopistas. España tiene solo el 13% de vías de pago, mientras que Francia tiene el 74%, Italia el 87% y otros países el 100%.
El Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos. La decisión se refiere a la filtración de información sobre la investigación por delitos fiscales contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El Supremo desestimó el recurso de la Abogacía del Estado en representación de García Ortiz, pero con un voto particular. La Sala de Apelación estimó por unanimidad el recurso de la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, levantándole el procesamiento. Las acusaciones piden entre 4 y 6 años de prisión, multa económica e inhabilitación profesional para García Ortiz. La investigación se inició tras una querella de González Amador por la filtración de correos electrónicos en los que admitía la comisión de dos delitos fiscales. El Supremo imputó a García Ortiz en octubre y halló indicios de borrado de mensajes de WhatsApp y eliminación de una cuenta de Google Drive. La defensa de García Ortiz solicita el archivo del caso por falta de indicios objetivos. El Gobierno mantiene su apoyo a García Ortiz.
La Fiscalía de Madrid ha archivado una denuncia presentada por Más Madrid en abril de 2024, en la que se acusaba al Ayuntamiento de Madrid, liderado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida, de prevaricación por no tomar medidas contra los pisos turísticos ilegales en la ciudad. La denuncia se basaba en el artículo 320 del Código Penal, que establece que una autoridad pública que omita realizar inspecciones obligatorias podría estar incurriendo en un delito de prevaricación. Más Madrid afirmó que el Ayuntamiento había consentido deliberadamente la ilegalidad de más de 15.000 pisos turísticos. Sin embargo, la Fiscalía concluyó que no hay indicios de actividad prevaricadora o ilegal. El Ayuntamiento había llevado a cabo un análisis preliminar de 10.134 viviendas de uso turístico (VUT) denunciadas por la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en junio de 2024. De estas, 8.943 estaban inscritas en el Registro de Viviendas Turísticas sin disponer de licencias municipales. El Ayuntamiento inspeccionó 4.372 viviendas, un 43,3% del total denunciado, e incoó 2.499 procedimientos de restablecimiento de legalidad, afectando a 3.683 unidades de alojamiento turístico. Además, se inspeccionaron 3.482 viviendas turísticas adicionales no incluidas en la denuncia, incoándose 953 procedimientos de restablecimiento de legalidad. La Fiscalía destacó que el Ayuntamiento había actuado con diligencia y que se habían impuesto un número elevado de sanciones.
El Juzgado de Instrucción nº2 de Tarragona, liderado por el juez Rubén Rus, ha imputado al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro por presuntamente aprovecharse de su cargo para aprobar leyes que beneficiaban a empresas gasísticas clientes del despacho de abogados Equipo Económico (EE), fundado por él mismo. La investigación, que dura 7 años, ha mantenido un secreto irregular, vulnerando el derecho de defensa y la tutela judicial efectiva de los investigados. Fuentes jurídicas afirman que es 'inaudito' mantener una investigación bajo secreto tanto tiempo sin justificación. En total, hay 28 personas físicas y 6 personas jurídicas involucradas por siete delitos, incluyendo cohecho, fraude y corrupción. El artículo 302 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que el secreto de sumario puede durar hasta un mes, prorrogable mensualmente. La fiscal del caso, Carmen García Cerdá, fue sancionada con 1.000 euros por desobedecer órdenes del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón. El Tribunal Supremo confirmó la sanción este mes.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) impuso a Correos y Telégrafos la contratación de Iberojet, filial de Globalia, para la adjudicación de Correos Cargo. El rescate de Air Europa por 475 millones de euros fue aprobado el 3 de noviembre de 2020. La SEPI, dependiente del Ministerio de Hacienda, liderado por María Jesús Montero, ordenó a Correos contratar con Ávoris Corporación Empresarial, propietaria de Iberojet. El objetivo era 'darle carga de trabajo' a Globalia para facilitar el pago del rescate. El contrato se formalizó el 15 de diciembre de 2020, autorizando a Correos a lanzar la línea de negocio Correos Cargo con Ávoris. Iberojet inició operaciones con la ruta Madrid-Hong Kong-Madrid. El proyecto resultó en pérdidas de más de 25 millones de euros, llevando a Globalia a salir del mismo en 2022. Otros contratos vinculados fueron otorgados a Sortis Telecomunicaciones SL, presidida por Israel Pilar, por 2 millones de euros. El consejero de Globalia, Víctor de Aldama, influyó en el rescate a través del ministro José Luis Ábalos.
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