Crítica:
El título promete información sobre la indemnización solicitada por la familia de Begoña Gómez, pero el contenido se centra en la historia del prostíbulo. La calidad informativa es alta, pero falta un titular más específico.
El título promete información sobre la indemnización solicitada por la familia de Begoña Gómez, pero el contenido se centra en la historia del prostíbulo. La calidad informativa es alta, pero falta un titular más específico.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha utilizado parte de su patrimonio para pagar una fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo en el caso de la presunta filtración contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz no disponía del dinero en efectivo, por lo que tuvo que aportar bienes personales. A pesar de las ofertas de ayuda económica de personas cercanas, decidió no aceptarlas y agradeció públicamente el apoyo recibido. El Tribunal Supremo debe verificar que los bienes aportados cubren la fianza de 150.000 euros. García Ortiz está preparando un recurso de apelación, considerando la fianza excesiva para los hechos imputados. Inicialmente, González Amador solicitó una fianza de 300.000 euros, que fue reducida a 150.000 euros. El fiscal general y su esposa, María Pilar Fernández Pérez, poseen un inmueble de 189 m² en Santiago de Compostela, valorado en una zona histórica y céntrica. La propiedad, construida en 2003, tiene 4 habitaciones, 3 baños y jardín.
El estado precario de la red convencional de ADIF, tanto para transporte de mercancías como de pasajeros, obliga a reducir la velocidad de los trenes. Según documentos obtenidos por THE OBJECTIVE, existen limitaciones de velocidad en líneas del norte de España, como Irún y Gijón. Las limitaciones llegan a 30 km/h y 20 km/h debido a causas como construcciones de nuevos pasos, mal estado de aparatos de vía, trinchera, infraestructura, túnel, terraplén, obras de adecuación del ancho y defectos en aparatos de vía. Estas limitaciones afectan líneas como la 026 Plasencia, 100 Madrid-Irún, 102 Aranda-Chamartín, 110 Segovia-Villalba, 120 Medina del Campo-Vilar Formoso y 130 Gijón-Venta de Baños. La línea 100 pertenece al Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y forma parte de la Red Básica. ADIF ha recibido fondos europeos récord de 10.215 millones entre 2021 y 2025. La empresa enfrenta problemas de corrupción, con la expresidenta Isabel Pardo de Vera imputada por varios delitos y el caso Koldo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la puntualidad del tren con datos de 2022 y 2023, que no reflejan la situación actual de septiembre de 2025.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la petición de una indemnización presentada por Sergio Gregori, ex presentador estrella de Canal Red, la TV de Pablo Iglesias. Gregori había solicitado una indemnización y el fin de su contrato después de ser marginado y cambiar sus funciones de presentador estrella a redactor. La sentencia, firmada el 11 de julio, ratifica la decisión del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid de octubre de 2024. Gregori había prestado servicios para Canal Red desde enero de 2023 como Director de Producción con un salario de 32.000 euros anuales. Inicialmente, presentaba el programa diario 'El Tablero', pero en junio de 2023, su presentación se redujo a dos veces por semana. El 17 de enero de 2024, dejó de presentar el programa y pasó a realizar funciones de redactor raso. Durante el proceso judicial, se revelaron críticas feroces que Gregori recibió en redes sociales por parte de compañeros y colaboradores de Canal Red. La sentencia considera que los cambios en sus funciones y los posteriores desprecios no constituyeron acoso laboral ni vulneraron su dignidad profesional. Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propietario junto a su esposa María Pilar Fernández Pérez de una vivienda de 189 metros cuadrados en Santiago de Compostela, teme que ésta pueda ser embargada debido a una fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo. La pareja, casada en régimen de gananciales, posee el inmueble al 50% cada uno. La vivienda, construida en 2003, se compone de planta baja con 60 metros cuadrados y un aprovechamiento bajo cubierta de 45 metros cuadrados, incluyendo una terraza posterior y un jardín de 65 metros cuadrados. El entorno de García Ortiz considera 'desorbitada' la fianza y estudia recurrirla. La Unión Progresista de Fiscales denuncia la falta de proporcionalidad y de criterios objetivos para determinar la cuantía. García Ortiz está acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, con una petición de tres años y nueve meses de cárcel. El Gobierno respalda a García Ortiz, mientras que el PP exige su dimisión.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, han acusado directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de ser responsable del boicot propalestino en la última etapa de la Vuelta a España, que tuvo que ser cancelada a 60 kilómetros de la meta prevista debido a la invasión de numerosos radicales. Almeida ha revelado que el Ejecutivo ordenó 'no reprimir' los disturbios que obligaron a la organización de La Vuelta, junto con los ciclistas, a poner fin a la etapa y, por consiguiente, a la carrera por etapas. Ayuso ha calificado de 'infame e impresentable' a Francisco Martín, delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, por desplegar un dispositivo de seguridad similar al de 'un domingo cualquiera', cuando los hechos ocurridos en días anteriores exigían un refuerzo notable que no se produjo. El dispositivo de seguridad desplegado fue de alrededor de 1.500 personas, similar al utilizado en un partido de fútbol un domingo cualquiera. La violencia dejó 22 agentes de Policía y Guardia Civil heridos el domingo. Ayuso ha lamentado que, aunque 'no había muchos' manifestantes, estos estaban muy concentrados. Almeida ha señalado a Pedro Sánchez como el principal responsable de lo sucedido en Madrid y ha advertido que 'lo peor de Sánchez está por llegar'. El boicot fue llevado a cabo por radicales propalestinos, liderados por Iban Vázquez, portavoz del grupo antisemita BDS, que lograron frenar la carrera e impedir su finalización.
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El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, participó en una entrevista en el programa La Hora de La1 de TVE, conducido por Silvia Intxaurrondo, el 15 de septiembre de 2025. La conversación comenzó con una pregunta sobre las protestas violentas de manifestantes propalestinos durante La Vuelta Ciclista a España, que Tellado calificó de "irresponsabilidad" y criticó al presidente del Gobierno, Sánchez, por alentar la violencia. Posteriormente, Intxaurrondo preguntó a Tellado si el Partido Popular condena expresamente al gobierno israelí por los crímenes en Gaza. Tellado respondió que corresponde a la Corte Penal Internacional determinar si es un genocidio y que el PP pide a Israel que diferencie entre Hamás y la población civil. A pesar de la claridad de su respuesta, Intxaurrondo repitió la pregunta varias veces. Finalmente, Tellado dejó clara su postura: "Claro que condenamos el asesinato de civiles. Le ruego que no tergiverse la posición de mi partido desde la televisión pública de España. Por supuesto que el Partido Popular condena el ataque a población civil, que no debe sufrir las consecuencias de que un estado democrático como Israel se defienda de una organización terrorista como Hamás. Por lo tanto creo que su pregunta es tremendamente irresponsable teniendo en cuenta que estamos en una televisión pública. Creo que este no debe ser el foro para que el Gobierno utilice los medios públicos para establecer una cortina de humo para tapar la corrupción sistemática del presidente del Gobierno".
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