Crítica:
Título impactante pero contenido algo farragoso. La crítica urge mayor precisión.
Denuncian a la Diputación de Badajoz por enchufar a un imputado del caso David Sánchez
Manuel Candalija Valle llegó tarde a la prueba
Otros artículos
David Sánchez y Gallardo van a juicio
La Audiencia de Badajoz se inclina por mandar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, por prevaricación y tráfico de influencias. La decisión, adoptada por la Sección Primera de la Audiencia, podría enviar a ambos al banquillo por la adjudicación irregular de un puesto en la Diputación de Badajoz. La Fiscalía pide tres años de cárcel para cada uno. El proceso se inició en junio de 2023 tras una denuncia de Manos Limpias. La juez Beatriz Biedma concluyó que existen indicios suficientes para sentar en el banquillo a Sánchez y a otros nueve acusados. El juicio podría celebrarse después del intento de aforamiento exprés de Gallardo, que fue considerado un fraude de ley por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. La acusación popular solicita una pena de tres años de cárcel para Sánchez y una multa de 32.400 euros. El músico fue contratado en junio de 2017 como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz y posteriormente se convirtió en jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Mando de Barcelona dirige dispositivo en Madrid
La gestión del dispositivo de seguridad durante la fallida etapa final de la Vuelta a España 2025 sigue generando polémica dentro de las fuerzas policiales. El mando operativo del dispositivo en Madrid fue asumido por un jefe de la Unidad de Intervención Policial (UIP) con base en Barcelona, cuyo indicativo es 'Jaguar'. La indignación entre los agentes desplazados no ha tardado en hacerse pública. Un policía herido lanzó un mensaje que resume el desconcierto dentro del cuerpo: '¿Por qué dirige esto un Jaguar, que no conoce Madrid, en vez de Puma o la UCI?' En el argot interno de la UIP, cada base territorial tiene un indicativo: 'Jaguar' corresponde a los grupos desplazados desde Barcelona; 'Puma' es el nombre del grupo fijo de la UIP en Madrid; y 'UCI' es una unidad élite de intervención con competencias nacionales. La presencia de los Jaguar en Madrid no es excepcional, pero sí ha resultado incomprensible que la dirección táctica del operativo haya recaído en un mando de una unidad desplazada. Fuentes policiales califican la decisión como un 'error de planificación gravísimo' que se sumó a otras deficiencias. Miles de manifestantes propalestinos bloquearon las principales arterias del centro de Madrid, impidiendo el desarrollo de la última etapa de La Vuelta. La organización tuvo que detener la carrera a 56 kilómetros de la meta y cancelar todos los actos previstos. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, informó que más de 2.000 agentes fueron desplegados. El saldo final del operativo fue negativo: 22 agentes resultaron heridos, dos personas fueron detenidas y la prueba deportiva quedó suspendida. Los sindicatos policiales denunciaron que la seguridad del evento fue sacrificada 'por conveniencia política'.
Fianza de 150.000 euros pagada con patrimonio
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha utilizado parte de su patrimonio para pagar una fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo en el caso de la presunta filtración contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz no disponía del dinero en efectivo, por lo que tuvo que aportar bienes personales. A pesar de las ofertas de ayuda económica de personas cercanas, decidió no aceptarlas y agradeció públicamente el apoyo recibido. El Tribunal Supremo debe verificar que los bienes aportados cubren la fianza de 150.000 euros. García Ortiz está preparando un recurso de apelación, considerando la fianza excesiva para los hechos imputados. Inicialmente, González Amador solicitó una fianza de 300.000 euros, que fue reducida a 150.000 euros. El fiscal general y su esposa, María Pilar Fernández Pérez, poseen un inmueble de 189 m² en Santiago de Compostela, valorado en una zona histórica y céntrica. La propiedad, construida en 2003, tiene 4 habitaciones, 3 baños y jardín.
La familia de Begoña Gómez solicitó indemnización por daños y perjuicios
La familia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, solicitó una indemnización al Ayuntamiento de Madrid tras la anulación judicial de la licencia de un prostíbulo de lujo en el Paseo de la Castellana. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la autorización en octubre de 2003 por 'falta de concreción' en la actividad desarrollada. Los hermanos Sabiniano y Conrado Gómez Serrano obtuvieron la licencia el 30 de mayo de 1997 para una 'sauna con servicio de bar' en el número 180 de la Castellana, con un valor de 1.257.830 pesetas. Sin embargo, el tribunal detectó discrepancias graves entre los planos presentados y la memoria descriptiva del proyecto. Un informe policial de octubre de 2003 documentó irregularidades, incluyendo un sótano con camas y gran cantidad de prendas íntimas femeninas. La familia Gómez Serrano utilizó una estratagema para sortear la normativa municipal, licenciando un prostíbulo bajo la cobertura legal de una sauna. El establecimiento, actualmente gestionado por Jomensa Fun SLU, sigue abierto tras obtener nuevos permisos.
Trenes limitados a 30 km/h en Irún
El estado precario de la red convencional de ADIF, tanto para transporte de mercancías como de pasajeros, obliga a reducir la velocidad de los trenes. Según documentos obtenidos por THE OBJECTIVE, existen limitaciones de velocidad en líneas del norte de España, como Irún y Gijón. Las limitaciones llegan a 30 km/h y 20 km/h debido a causas como construcciones de nuevos pasos, mal estado de aparatos de vía, trinchera, infraestructura, túnel, terraplén, obras de adecuación del ancho y defectos en aparatos de vía. Estas limitaciones afectan líneas como la 026 Plasencia, 100 Madrid-Irún, 102 Aranda-Chamartín, 110 Segovia-Villalba, 120 Medina del Campo-Vilar Formoso y 130 Gijón-Venta de Baños. La línea 100 pertenece al Corredor Atlántico de la Red Transeuropea de Transporte (TEN-T) y forma parte de la Red Básica. ADIF ha recibido fondos europeos récord de 10.215 millones entre 2021 y 2025. La empresa enfrenta problemas de corrupción, con la expresidenta Isabel Pardo de Vera imputada por varios delitos y el caso Koldo. El ministro de Transportes, Óscar Puente, defendió la puntualidad del tren con datos de 2022 y 2023, que no reflejan la situación actual de septiembre de 2025.
Pablo Iglesias evita pago de indemnización
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado la petición de una indemnización presentada por Sergio Gregori, ex presentador estrella de Canal Red, la TV de Pablo Iglesias. Gregori había solicitado una indemnización y el fin de su contrato después de ser marginado y cambiar sus funciones de presentador estrella a redactor. La sentencia, firmada el 11 de julio, ratifica la decisión del Juzgado de lo Social número 15 de Madrid de octubre de 2024. Gregori había prestado servicios para Canal Red desde enero de 2023 como Director de Producción con un salario de 32.000 euros anuales. Inicialmente, presentaba el programa diario 'El Tablero', pero en junio de 2023, su presentación se redujo a dos veces por semana. El 17 de enero de 2024, dejó de presentar el programa y pasó a realizar funciones de redactor raso. Durante el proceso judicial, se revelaron críticas feroces que Gregori recibió en redes sociales por parte de compañeros y colaboradores de Canal Red. La sentencia considera que los cambios en sus funciones y los posteriores desprecios no constituyeron acoso laboral ni vulneraron su dignidad profesional. Aún cabe recurso ante el Tribunal Supremo.
La casa de García Ortiz es de 189m²
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, propietario junto a su esposa María Pilar Fernández Pérez de una vivienda de 189 metros cuadrados en Santiago de Compostela, teme que ésta pueda ser embargada debido a una fianza de 150.000 euros impuesta por el Tribunal Supremo. La pareja, casada en régimen de gananciales, posee el inmueble al 50% cada uno. La vivienda, construida en 2003, se compone de planta baja con 60 metros cuadrados y un aprovechamiento bajo cubierta de 45 metros cuadrados, incluyendo una terraza posterior y un jardín de 65 metros cuadrados. El entorno de García Ortiz considera 'desorbitada' la fianza y estudia recurrirla. La Unión Progresista de Fiscales denuncia la falta de proporcionalidad y de criterios objetivos para determinar la cuantía. García Ortiz está acusado de presuntos delitos de fraude fiscal y falsedad documental, con una petición de tres años y nueve meses de cárcel. El Gobierno respalda a García Ortiz, mientras que el PP exige su dimisión.
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