Crítica:
El título se cumple, pero falta profundidad en la crítica a Zapatero. El artículo informa bien, pero sensacionalismo político.
El título se cumple, pero falta profundidad en la crítica a Zapatero. El artículo informa bien, pero sensacionalismo político.
El juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo (TS) ha decidido dividir la investigación en el caso PSOE en varios frentes para agilizar la fase de instrucción. La investigación se centra en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que están implicados varios políticos y empresarios. Entre ellos, se encuentran el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su ex asesor Koldo García. También están implicados el ex 'número dos' de la ministra de Hacienda, Carlos Moreno Medina, y la ex presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera. El juez Puente ha señalado que Víctor de Aldama logró que Koldo García se reuniera con Carlos Moreno para aplazar una deuda tributaria de una de las empresas de Aldama. La reunión se llevó a cabo y el aplazamiento se llevó a término. El magistrado también ha destacado la vinculación de Santos Cerdán con la mercantil Servinabar2000 SLU, que había obtenido contratos de obra pública pese a su falta de experiencia en el sector.
Un alto cargo del ministerio de Transformación Digital, dependiente de Óscar López, ha mantenido contactos con la cúpula de Vodafone para diseñar una estrategia conjunta y blindar políticamente a la ministra Ana Redondo tras el estallido de la polémica por el mal funcionamiento de las llamadas «pulseras antivioladores». El objetivo es apagar el fuego de la polémica como sea. Se trata de Matías González Martín, actual secretario general de Telecomunicaciones, Infraestructuras Digitales y Seguridad Digital, antiguo directivo de Vodafone durante más de dos décadas. González ha mantenido conversaciones discretas con responsables de Vodafone para articular un discurso común que reduzca el impacto reputacional de la polémica y neutralice el coste político para la ministra de Igualdad. La polémica estalló cuando se conoció que Vodafone había recibido la adjudicación del contrato de estos dispositivos a un precio inferior al ofertado en licitaciones anteriores. La ministra Ana Redondo sostiene que la polémica responde a «una amalgama de bulos» y a un «ataque partidista de la oposición que utiliza a las víctimas para desgastar al Gobierno». El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía han alertado sobre los riesgos derivados de una implantación apresurada de nuevas tecnologías de control.
El Congreso de España aprobó con 179 votos a favor y 170 en contra, la toma en consideración de una proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (TC), propuesta por el PNV. Esta reforma busca que el TC, liderado por Cándido Conde-Pumpido, tenga la última palabra en contenciosos sobre la transferencia de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas, evitando que los tribunales ordinarios bloqueen acuerdos políticos. La iniciativa, que ahora seguirá su tramitación parlamentaria, fue apoyada por la mayoría de investidura, incluidos Podemos y Junts, pese a que previamente se habían dividido en la votación sobre la delegación de competencias en inmigración a Cataluña. El PP, Vox y UPN se opusieron, considerando que la reforma pretende facilitar el desguace del Estado y reforzar la capacidad de litigiosidad de las comunidades. El PNV argumenta que es necesario que el TC sea el intérprete definitivo de la Constitución en estos asuntos, mientras que el PP y Vox denuncian que el TC está politizado y que la reforma busca limitar el poder de la Justicia ordinaria.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló dos entrevistas con medios estadounidenses -CNN y Bloomberg- en el último momento durante el primer día del 80.º aniversario de la Asamblea General de la ONU. El equipo de Sánchez justificó las cancelaciones debido a 'cambios de última hora en su agenda'. Sin embargo, durante el día, los pocos encuentros bilaterales previstos tampoco se materializaron. Sánchez iba a encontrarse con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pero la reunión se pospuso a miércoles por problemas de agenda de Zelenski, quien mantuvo una reunión crucial con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sánchez solo se vio con los presidentes de Angola, João Lourenço, y del Líbano, Joseph Aoun. Sánchez evitó la recepción de Trump en un hotel neoyorquino, asistiendo en su lugar el Rey Felipe VI. Hoy, Sánchez tiene previstos encuentros con mandatarios de su línea ideológica, como Gustavo Petro de Colombia y Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil.
La Audiencia Provincial de Badajoz ha ratificado el auto de procesamiento contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su nombramiento en la Diputación Provincial de Badajoz en 2017. Según el auto, el 'enchufe' se consumó cuando Pedro Sánchez volvió a liderar el PSOE en mayo de 2017. La Sección nº1 de la Audiencia Provincial de Badajoz considera que existen indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas. David Sánchez se sentará en el banquillo junto al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, y otras 9 personas. El auto de 64 páginas responde a los recursos presentados por David Sánchez y la Fiscalía, que intentaban restar importancia a la influencia de Pedro Sánchez en el nombramiento de su hermano. Los magistrados argumentan que Pedro Sánchez volvió a ser secretario general del PSOE en mayo de 2017, después de renunciar en octubre de 2016, y que en ese mes se creó el puesto que ocuparía David Sánchez. La juez Beatriz Biedma dictó el auto de procesamiento, que incluye la falta de una explicación verosímil sobre cómo David Sánchez conoció la publicación de las bases del puesto y la celeridad en los trámites seguidos.
Los presidentes de América Latina se dirigieron a la Asamblea General de la ONU en Nueva York, con intervenciones que abarcaron desde críticas veladas y explícitas a Estados Unidos hasta condenas a la guerra en Gaza. Luiz Inácio Lula da Silva de Brasil habló de mensajes encubiertos, refiriéndose a la situación de Jair Bolsonaro, sin nombrar a Estados Unidos. Por otro lado, Gustavo Petro de Colombia fue directo en sus críticas a Donald Trump y Estados Unidos. Lula da Silva aseguró que los atentados de Hamas en Israel son indefendibles, pero condenó la guerra en Gaza como un genocidio. Petro pidió que funcionarios de Estados Unidos, incluido Trump, enfrenten procesos penales por muertes en el Caribe. La mayoría de los mandatarios latinoamericanos coincidieron en condenar la guerra en Gaza. El presidente de Chile, Gabriel Boric, pidió juzgar a Netanyahu y anunció la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU para 2026.
Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular (PP), criticó duramente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el cerco judicial que lo rodea. Feijóo se refirió a la posibilidad de que Sánchez sea candidato al Nobel de la Paz como algo irónico, considerando que "no merece tener un acta de diputado en el Congreso". El líder del PP señaló que el ritmo al que avanza la agenda judicial contra Sánchez y su entorno es "absolutamente insoportable". Recordó que tanto la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como su hermano, David Sánchez, se enfrentarán a la justicia por presuntos delitos. Feijóo también criticó a los socios de legislatura de Sánchez por no impedir lo que calificó de "disparate". Pidió al Gobierno que ponga fin a la "teoría de la conspiración o la persecución judicial". Además, Feijóo cuestionó la responsabilidad política de Sánchez en los escándalos que lo rodean, destacando que "la responsabilidad penal de cada uno la acabará dirimiendo la Justicia, pero la responsabilidad política está sentenciada: Sánchez es el responsable de este lodazal". También criticó el manejo del escándalo de las pulseras antimaltrato y pidió dimisiones.
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