Título y contenido concuerdan en la imputación de la alcaldesa, pero falta contexto sobre las implicaciones legales de la prescripción del delito. La información se centra en las declaraciones de Purificación Sánchez sin ofrecer una visión equilibrada de las acusaciones.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el aniversario de la DANA que provocó 237 muertos el 29 de octubre de 2024 para no responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2025. Sánchez afirmó que «hoy no es el día» para responder a Feijóo sobre su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la presunta corrupción en el PSOE, implicando a ex secretarios como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Sin embargo, sí respondió a Podemos y PNV. La portavoz del PP, Ester Muñoz, calificó la actuación de Sánchez de «indecente» por utilizar a las víctimas para evitar responder. Feijóo afirmó que Sánchez «volverá a mentir» en su comparecencia en el Senado. La sesión se produjo en el contexto del primer aniversario de la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, donde fallecieron 229 personas.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) renovó el contrato de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, por cuatro meses hasta el 20 de diciembre. Recibe 6.000 euros mensuales por presentar 'The Weekly Mag'. La Diputación de Barcelona, presidida por Lluïsa Moret del PSC, acordó con Junts mantener el programa. El contrato más corto hasta la fecha sigue pautas de programación. La empresa que gestiona el espacio AILAIC recibe 17.400 euros por su cesión a la XAL. Junts y PSC mantienen su acuerdo en la Diputación pese a la ruptura a nivel nacional. El futuro laboral de Topor volverá a estar en manos del PSC en diciembre. La XAL explicó que hubo un primer contrato de seis meses y el actual de cuatro meses.
Los funcionarios del SEPE han iniciado una campaña informativa mediante carteles en sus centros de trabajo para denunciar el 'caos' en la tramitación de prestaciones por desempleo debido a la falta de personal y problemas técnicos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) impulsa esta iniciativa, destacando que el SEPE cuenta con 8.413 personas contratadas a 31 de diciembre de 2024, pero necesitan alrededor de 12.000 para cubrir la carga de trabajo. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, anunció la incorporación de 1.369 nuevos funcionarios. En Madrid, conseguir una cita para tramitar prestaciones resulta casi imposible debido al colapso del sistema informático y la falta de plantilla. Los afectados deben recurrir a presolicitudes o cambiar su domicilio a otra provincia menos saturada. UGT denuncia la existencia de un 'mercado negro de citas previas' en la administración pública.
La Policía Nacional ha concluido la operación Tabaiba, investigando un presunto desvío de ayudas europeas en centros de menores en Canarias. Cuatro directores de centros y un empresario han sido imputados. La investigación, iniciada en 2022, reveló que se retiraron más de 1,1 millones de euros en efectivo de los 1,6 millones recibidos. También se detectaron transferencias de más de 25.000 euros a cuentas personales y gastos personales pagados con dinero público. La fundación que administraba los centros presentó facturas falsas y documentos manipulados. Además, se descubrió una red de alquileres con precios exagerados, con un sobreprecio de 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. La Fiscalía Europea ha acusado formalmente a los implicados por malversación de fondos y blanqueo de capitales. Los investigados, entre 31 y 61 años, no tenían historial delictivo previo. La pesquisa sigue en curso para determinar el daño económico preciso.
El PSOE ha implementado un método para evitar errores en votaciones en el Congreso. El diputado Lázaro Azorín grita el sentido del voto junto con el color correspondiente al botón electrónico: verde para 'sí', rojo para 'no' y amarillo para 'abstención'. Este método ha sido bien recibido por los diputados socialistas. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita cada voto debido a su ajustada mayoría en el Congreso. El PSOE y Sumar han tenido que tomar medidas para asegurar la presencia de todos sus diputados en las votaciones. La legislatura comenzó con Sánchez obligando a varios ministros a renunciar a sus escaños para evitar riesgos en votaciones ajustadas. Sumar ha visto reducida su bancada de 31 a 26 diputados debido a cambios en el grupo parlamentario. En julio, el PSOE promovió una reforma para permitir el voto telemático en ciertos casos como embarazo, enfermedad o representación institucional en eventos internacionales.
En 2020, año de pandemia, las deducciones por aportaciones a partidos políticos en el IRPF cayeron a 240.212, el mínimo desde 2018. El importe total fue de 4.6 millones de euros. El PSOE declaró 837.506 euros en donaciones privadas ese año, un 203% más que en 2019. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, lanzó una campaña de microcréditos en mayo de 2020 para recaudar 3 millones de euros entre militantes. La UCO investiga el sistema de financiación del PSOE por posibles irregularidades. El número de deducciones por aportaciones a partidos políticos fue de 244.577 en 2018, 248.852 en 2019, 280.741 en 2021, 286.852 en 2022 y 283.869 en 2023. Las donaciones privadas al PSOE fueron de 158.879 euros en 2018, 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. La normativa permite deducir un 20% de las cuotas de afiliados y aportaciones a partidos políticos hasta un límite de 600 euros.
La presión migratoria en Ceuta aumenta un 33,7% en 2025 debido a llegadas a nado desde Marruecos. 2.890 personas han entrado por vía terrestre, frente a 2.162 en el mismo periodo de 2024. El Ministerio del Interior incluye a los nadadores marroquíes en la clasificación de llegadas irregulares porque entran caminando por la costa a territorio español. La Guardia Civil intercepta al 90% de los inmigrantes en el agua y los devuelve a Marruecos, excepto si son menores. Tres ONG demandaron al Gobierno por rechazar en frontera a inmigrantes interceptados en el mar o la playa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dieron la razón en enero de 2024 y 2025, respectivamente. El Tribunal Supremo decidirá si la Guardia Civil puede devolver a los inmigrantes interceptados en las costas ceutíes. La Guardia Civil ha redoblado sus esfuerzos para interceptar y auxiliar a los inmigrantes, con más de una treintena de fallecidos. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta critica la falta de medios y la politización de las muertes de migrantes. Expertos culpan a la inacción normativa del Gobierno de este conflicto y sugieren que la última reforma de la ley de extranjería podría haber solventado este problema.
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