El contenido refleja adecuadamente la tensión política en el Congreso de los Diputados, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales de la comparecencia de Sánchez en el Senado. La crítica del PP a Sánchez por utilizar el aniversario de la DANA para evadir preguntas resulta convincente.
La alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, ha sido imputada por regularizar 15 viviendas ilegales en el paraje Los García. El Tribunal de Instancia número 3 de Huércal-Overa investiga a Sánchez por presunto delito de prevaricación administrativa. La alcaldesa asegura que el delito de falsedad documental 'ha prescrito' y culpa al empresario implicado y al anterior gobierno del PP de ocultar la sentencia judicial que ordenaba la demolición de las viviendas. El Ayuntamiento fue notificado de la demolición en 2010 según el auto judicial. La causa también implica a otros miembros del Ayuntamiento y al empresario, a quien se le atribuyen tres delitos de estafa y tráfico de influencias. Purificación Sánchez afirma que el proceso de regularización se inició a iniciativa del empresario y que no existía constancia de la sentencia de demolición en los expedientes municipales. El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería notificó la orden de demolición el 2 de junio de 2010. La alcaldesa defiende que el Consistorio no conocía la orden de demolición y que la responsabilidad inicial recae en el entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y en el secretario municipal.
La Xarxa Audiovisual Local (XAL) renovó el contrato de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, por cuatro meses hasta el 20 de diciembre. Recibe 6.000 euros mensuales por presentar 'The Weekly Mag'. La Diputación de Barcelona, presidida por Lluïsa Moret del PSC, acordó con Junts mantener el programa. El contrato más corto hasta la fecha sigue pautas de programación. La empresa que gestiona el espacio AILAIC recibe 17.400 euros por su cesión a la XAL. Junts y PSC mantienen su acuerdo en la Diputación pese a la ruptura a nivel nacional. El futuro laboral de Topor volverá a estar en manos del PSC en diciembre. La XAL explicó que hubo un primer contrato de seis meses y el actual de cuatro meses.
Los funcionarios del SEPE han iniciado una campaña informativa mediante carteles en sus centros de trabajo para denunciar el 'caos' en la tramitación de prestaciones por desempleo debido a la falta de personal y problemas técnicos. La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) impulsa esta iniciativa, destacando que el SEPE cuenta con 8.413 personas contratadas a 31 de diciembre de 2024, pero necesitan alrededor de 12.000 para cubrir la carga de trabajo. El director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, anunció la incorporación de 1.369 nuevos funcionarios. En Madrid, conseguir una cita para tramitar prestaciones resulta casi imposible debido al colapso del sistema informático y la falta de plantilla. Los afectados deben recurrir a presolicitudes o cambiar su domicilio a otra provincia menos saturada. UGT denuncia la existencia de un 'mercado negro de citas previas' en la administración pública.
La Policía Nacional ha concluido la operación Tabaiba, investigando un presunto desvío de ayudas europeas en centros de menores en Canarias. Cuatro directores de centros y un empresario han sido imputados. La investigación, iniciada en 2022, reveló que se retiraron más de 1,1 millones de euros en efectivo de los 1,6 millones recibidos. También se detectaron transferencias de más de 25.000 euros a cuentas personales y gastos personales pagados con dinero público. La fundación que administraba los centros presentó facturas falsas y documentos manipulados. Además, se descubrió una red de alquileres con precios exagerados, con un sobreprecio de 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023. La Fiscalía Europea ha acusado formalmente a los implicados por malversación de fondos y blanqueo de capitales. Los investigados, entre 31 y 61 años, no tenían historial delictivo previo. La pesquisa sigue en curso para determinar el daño económico preciso.
El PSOE ha implementado un método para evitar errores en votaciones en el Congreso. El diputado Lázaro Azorín grita el sentido del voto junto con el color correspondiente al botón electrónico: verde para 'sí', rojo para 'no' y amarillo para 'abstención'. Este método ha sido bien recibido por los diputados socialistas. El Gobierno de Pedro Sánchez necesita cada voto debido a su ajustada mayoría en el Congreso. El PSOE y Sumar han tenido que tomar medidas para asegurar la presencia de todos sus diputados en las votaciones. La legislatura comenzó con Sánchez obligando a varios ministros a renunciar a sus escaños para evitar riesgos en votaciones ajustadas. Sumar ha visto reducida su bancada de 31 a 26 diputados debido a cambios en el grupo parlamentario. En julio, el PSOE promovió una reforma para permitir el voto telemático en ciertos casos como embarazo, enfermedad o representación institucional en eventos internacionales.
En 2020, año de pandemia, las deducciones por aportaciones a partidos políticos en el IRPF cayeron a 240.212, el mínimo desde 2018. El importe total fue de 4.6 millones de euros. El PSOE declaró 837.506 euros en donaciones privadas ese año, un 203% más que en 2019. El gerente del PSOE, Mariano Moreno, lanzó una campaña de microcréditos en mayo de 2020 para recaudar 3 millones de euros entre militantes. La UCO investiga el sistema de financiación del PSOE por posibles irregularidades. El número de deducciones por aportaciones a partidos políticos fue de 244.577 en 2018, 248.852 en 2019, 280.741 en 2021, 286.852 en 2022 y 283.869 en 2023. Las donaciones privadas al PSOE fueron de 158.879 euros en 2018, 275.616 euros en 2019 y 837.506 euros en 2020. La normativa permite deducir un 20% de las cuotas de afiliados y aportaciones a partidos políticos hasta un límite de 600 euros.
La presión migratoria en Ceuta aumenta un 33,7% en 2025 debido a llegadas a nado desde Marruecos. 2.890 personas han entrado por vía terrestre, frente a 2.162 en el mismo periodo de 2024. El Ministerio del Interior incluye a los nadadores marroquíes en la clasificación de llegadas irregulares porque entran caminando por la costa a territorio español. La Guardia Civil intercepta al 90% de los inmigrantes en el agua y los devuelve a Marruecos, excepto si son menores. Tres ONG demandaron al Gobierno por rechazar en frontera a inmigrantes interceptados en el mar o la playa. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía les dieron la razón en enero de 2024 y 2025, respectivamente. El Tribunal Supremo decidirá si la Guardia Civil puede devolver a los inmigrantes interceptados en las costas ceutíes. La Guardia Civil ha redoblado sus esfuerzos para interceptar y auxiliar a los inmigrantes, con más de una treintena de fallecidos. El secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Ceuta critica la falta de medios y la politización de las muertes de migrantes. Expertos culpan a la inacción normativa del Gobierno de este conflicto y sugieren que la última reforma de la ley de extranjería podría haber solventado este problema.
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