Crítica:
El artículo revela la manipulación de estadísticas por parte de la Generalitat de Cataluña, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas de esta acción. La información proporcionada es detallada y sustanciosa.
El artículo revela la manipulación de estadísticas por parte de la Generalitat de Cataluña, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas de esta acción. La información proporcionada es detallada y sustanciosa.
Celia Rodríguez, empleada del PSOE, declaró ante el Tribunal Supremo que Koldo García distribuía dinero en efectivo a José Luis Ábalos y su equipo. Rodríguez gestionaba pagos en efectivo a través de sobres. El 18 de diciembre de 2018, Rodríguez envió un mensaje a Koldo con detalles de gastos: 1.147,85 euros para la Secretaría de Organización y 3.743,15 euros para Ábalos, totalizando 4.891 euros. Koldo admitió que los gastos de Ábalos salían de su bolsillo. Celia preguntó, entre risas, «¿De dónde lo sacas? Ja, ja, ja». Un mes después, apareció la primera referencia a la presunta caja B de «folios» con la que operaba Ábalos. El 18 de enero de 2019, Koldo habló con su mujer sobre «folios para el jefe», considerado un lenguaje convenido para billetes de 50 euros. La UCO intervino conversaciones de WhatsApp que mostraban que Koldo actuaba como distribuidor de pagos. El partido reconoció haber abonado 127.000 euros en metálico a Ábalos.
José Luis Ábalos presentaba tickets de gastos que incluían facturas de 'personas ajenas al PSOE' recopiladas por Koldo García en restaurantes como La Tragantía. El modus operandi incluía acuerdos con restaurantes para obtener facturas desechadas. Ábalos logró 'colar' 55.411,26 euros en 2019 y 33.352,08 euros en 2018. El exgerente Mariano Moreno confirmó que no se comprobaba la autenticidad de los tickets presentados. La UCO investiga una 'fuente de ingresos no declarada' relacionada con estos gastos. El PP solicitó al Supremo reclamar al PSOE los resguardos de pagos a Ábalos. El instructor Leopoldo Puente investiga la posible existencia de una 'caja b'.
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales critica la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsada por Félix Bolaños. Salvador Viada, portavoz de la asociación, considera que la reforma es una 'tomadura de pelo' y que no garantiza la independencia de la Fiscalía. La reforma busca que los fiscales asuman la instrucción de las causas judiciales, competencia que desde 1882 ha correspondido a los jueces. Viada ha expresado su escepticismo sobre la viabilidad de la reforma y ha destacado que la independencia de la Fiscalía es crucial. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, terminará su mandato en 2027. La oposición, incluido el Partido Popular, ha sido criticado por no implicarse en la reforma. La reforma plantea riesgos de injerencia política y se produce en un momento complejo para el Gobierno, rodeado de casos judiciales y acusaciones de corrupción. La estructura de investigación dirigida por fiscales solo funciona si la Fiscalía es independiente del Gobierno.
Mariano Moreno, exgerente del PSOE, ha declarado en el Tribunal Supremo que miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del partido cobraban dinero en efectivo en sobres. Moreno compareció como testigo junto a Celia Rodríguez, trabajadora de la Secretaría de Organización del PSOE. Según fuentes jurídicas, los testimonios de ambos revelan un presunto sistema de blanqueo por parte del PSOE para encubrir sobresueldos en B a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán. Estos presentaban tickets y facturas de supuestos gastos que Ferraz liquidaba sin control ni comprobación. Moreno afirmó que Koldo cobraba las liquidaciones y luego las repartía entre Ábalos y Santos Cerdán. El exgerente reconoció que los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal cobraban liquidaciones de gastos en efectivo. El PSOE sacó cerca de 1 millón de euros en efectivo del banco desde mayo de 2017. Las liquidaciones de gasto para Ábalos, Koldo y Santos Cerdán sumaban unos 190.000 euros. El destino de los 750.000 euros restantes no ha sido aclarado. El empresario Víctor de Aldama aseguró haber entregado grandes cantidades de dinero en efectivo a Ábalos y Koldo.
El presidente Pedro Sánchez anunció el 31 de marzo de 2025 una medida para endurecer requisitos para universidades privadas. Su hija menor, Carlota Sánchez Gómez (18 años), se matriculó en ESIC University, institución privada de élite. La universidad cuesta 14.000 euros anuales más 2.000 euros de matriculación inicial. ESIC University, creada en 2021, tiene adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos. Begoña Gómez, esposa de Sánchez, también estudió allí. La medida anunciada por Sánchez permanece paralizada por alegaciones recibidas por el ministerio de Universidades de Diana Morant. El precio total de la carrera de cinco años asciende a 72.000 euros (14.000 euros/año x 5 años + 2.000 euros de matriculación). La noticia generó controversia por la aparente contradicción entre las declaraciones de Sánchez sobre universidades privadas y la decisión de su hija de estudiar en una de ellas. El ministerio y la universidad no han querido hacer comentarios.
La alcaldesa socialista de Cantoria, Purificación Sánchez, ha sido imputada por regularizar 15 viviendas ilegales en el paraje Los García. El Tribunal de Instancia número 3 de Huércal-Overa investiga a Sánchez por presunto delito de prevaricación administrativa. La alcaldesa asegura que el delito de falsedad documental 'ha prescrito' y culpa al empresario implicado y al anterior gobierno del PP de ocultar la sentencia judicial que ordenaba la demolición de las viviendas. El Ayuntamiento fue notificado de la demolición en 2010 según el auto judicial. La causa también implica a otros miembros del Ayuntamiento y al empresario, a quien se le atribuyen tres delitos de estafa y tráfico de influencias. Purificación Sánchez afirma que el proceso de regularización se inició a iniciativa del empresario y que no existía constancia de la sentencia de demolición en los expedientes municipales. El Juzgado de lo Penal número 1 de Almería notificó la orden de demolición el 2 de junio de 2010. La alcaldesa defiende que el Consistorio no conocía la orden de demolición y que la responsabilidad inicial recae en el entonces alcalde Pedro Llamas (PP) y en el secretario municipal.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó el aniversario de la DANA que provocó 237 muertos el 29 de octubre de 2024 para no responder al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso de los Diputados el 29 de octubre de 2025. Sánchez afirmó que «hoy no es el día» para responder a Feijóo sobre su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre la presunta corrupción en el PSOE, implicando a ex secretarios como Santos Cerdán y José Luis Ábalos. Sin embargo, sí respondió a Podemos y PNV. La portavoz del PP, Ester Muñoz, calificó la actuación de Sánchez de «indecente» por utilizar a las víctimas para evitar responder. Feijóo afirmó que Sánchez «volverá a mentir» en su comparecencia en el Senado. La sesión se produjo en el contexto del primer aniversario de la DANA que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana, donde fallecieron 229 personas.
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