El contenido profundiza en la investigación del Supremo sobre la financiación irregular del PSOE, aunque podría haberse incluido más contexto sobre las implicaciones legales. La conexión entre los testimonios y las pruebas presentadas es convincente.
El Ministerio de Transición Ecológica dirigido por Teresa Ribera canceló en 2021 el proyecto de encauzamiento del barranco del Poyo, presupuestado en 250 millones de euros. El proyecto, iniciado en 2006 y considerado prioritario en 2009 por la Confederación Hidrográfica del Júcar, llevaba 15 años paralizado. La decisión se basó en que las obras eran 'demasiado caras' y 'incompatibles' con la Ley de Protección de la Huerta valenciana aprobada en 2018. La reciente DANA causó casi 200 muertes y devastó municipios valencianos. El coste de reconstrucción de infraestructuras se estima en más de 2.000 millones de euros. El portavoz del PP, Miguel Tellado, criticó a Ribera por 'intransigencia política' y le acusó de ser 'egoísta, incompetente e intransigente'. Ribera respondió que en 2011, durante su etapa como secretaria de Estado, se estuvo cerca de resolver las obras.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, compareció en la comisión de investigación del caso PSOE en el Senado el pasado jueves. Sánchez defendió a su exministro José Luis Ábalos, imputado por el Tribunal Supremo, calificándolo de «persona sólida políticamente» y de su «máxima confianza», aunque criticó sus «hábitos personales». La comisión de investigación arrancó en la primavera de 2024. Diversas personas han comparecido llevando carpetas rojas similares. El 23 de octubre, Mariano Moreno Pavón, exgerente del PSOE y presidente de ENUSA, usó un portafolios rojo. Según El Debate, ocultó al juez que Ferraz conserva decenas de tickets falsos y llevó una copia de la contabilidad que incluye pagos en metálico a Sánchez y otros dirigentes. Ana María Fuentes Pacheco, gerente del PSOE, también portó un archivador rojo. En mayo de 2024, Ábalos compareció con una carpeta roja antes de que la Guardia Civil acreditara sus enchufes y pagos en efectivo. Calificó el Delcygate como «uno de los bulos mejor instalados». Óscar Puente, sucesor de Ábalos, y Santos Cerdán, exsecretario de Organización, también llevaron carpetas rojas. Cristina Álvarez, exasesora de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, usó un archivador rojo. La comisión continúa su actividad con la citación de Claudia Montes, vinculada sentimentalmente a Ábalos.
El artículo analiza la situación política del PSOE y su líder Pedro Sánchez tras la comisión de investigación en el Senado. El jueves 13 de junio, Sánchez fue interrogado en el Senado por el senador del PP Alejo Miranda. Al día siguiente, el juez Leopoldo Puente pidió a la Audiencia Nacional que investigara los pagos en metálico del PSOE a exdirigentes. El PSOE anunció que aportaría documentación bancaria para demostrar la legalidad de los pagos. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticó la versión de Sánchez. Mientras tanto, el juicio al fiscal general del Estado por revelación de secretos continúa en el Supremo. El exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, permanece en prisión preventiva. El ministro Ángel Víctor Torres está implicado en una investigación de la UCO. El líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, está procesado y a las puertas de un juicio oral. La instrucción contra Begoña Gómez se prorrogó seis meses. La militancia de Junts respaldó la decisión de su cúpula de romper con el Gobierno y pasarse a la oposición. El artículo destaca la complicada situación legal y política del PSOE y sus dirigentes.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó una ayuda de 400.000 euros a Bolivia para proteger ecosistemas de llamas y alpacas. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) destinó estos fondos a la protección de bofedales y camélidos en 2025. Diputados de Vox cuestionaron esta decisión, solicitando información sobre los mecanismos de control y justificación de la ayuda. El Gobierno argumentó que la protección de estos ecosistemas es crucial para la regulación climática global y la seguridad hídrica, beneficiando indirectamente a España. Además, destacó que los camélidos son esenciales para la soberanía alimentaria y la economía campesina en Bolivia. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua boliviano cuenta con un presupuesto de alrededor de 190 millones de euros, de los cuales 20 millones se destinan a áreas protegidas. España busca fortalecer capacidades locales a través del programa PROCAMÉLIDOS, que promueve la crianza sostenible de llamas y alpacas. Sin embargo, el Gobierno admitió no tener recursos humanos ni capacidad técnica para supervisar las ayudas concedidas por la AECID, que totalizan 133 millones de euros. Para abordar este problema, se adjudicó un contrato de 420.000 euros para asistencia técnica en la comprobación de subvenciones otorgadas por la AECID.
El PSOE captó 12,2 millones de euros mediante crowdfunding entre 2019 y 2021 bajo la gerencia de Mariano Moreno. El partido lanzó campañas como el 'Plan Luz Verde', recaudando 2.998.500 euros con un interés del 3%. El Tribunal de Cuentas advirtió sobre la falta de regulación en este sistema de financiación. El PP ha cuestionado el origen y destino de estos fondos, llamando a Moreno 'una máquina de recaudar'. El juez Leopoldo Puente ha ordenado investigar posibles indicios de delito relacionados con pagos en efectivo a José Luis Ábalos y Koldo García. El PSOE presume de ser un 'referente mundial' en innovación financiera gracias a estos microcréditos, que les han permitido obtener independencia financiera. Las cantidades recaudadas incluyen 2,4 millones para las generales de abril de 2019, 591.401 euros para las municipales, 438.700 euros para las europeas, 610.900 euros para las autonómicas y 2.965.700 euros para las generales de noviembre de 2019. El total recaudado asciende a 12.228.321 euros. El partido ofrecía un interés del 3% por los microcréditos, superior al de los bancos. El 'Plan Luz Verde' tenía objetivos como reducir la 'huella de carbono' en un 90%. José Luis Ábalos respaldó públicamente este plan, destacando el compromiso de Pedro Sánchez contra el cambio climático.
El rey Carlos III retiró todos los títulos y honores al príncipe Andrés el 31 de octubre de 2025 tras años de polémica por su relación con Jeffrey Epstein y acusaciones de abuso sexual. Ahora será conocido como Andrew Mountbatten-Windsor y deberá abandonar Royal Lodge, su residencia actual. La decisión incluye la retirada de su tratamiento de Su Alteza Real, los títulos de duque de York, conde de Inverness y barón Killyleagh, y las condecoraciones honoríficas. Andrés había residido en Royal Lodge desde 2003 con un contrato de arrendamiento a 75 años que incluía una prima inicial y el coste de reformas valoradas en 7.5 millones de libras. Sus hijas, Beatriz y Eugenia, conservarán sus títulos reales. La decisión se produce después de años de escándalos y polémicas relacionadas con Epstein y Virginia Giuffre, quien denunció haber sido forzada a mantener relaciones sexuales con Andrés cuando era menor. El príncipe también deberá costear su propia protección y seguridad a partir de ahora.
El Gobierno no ha entregado al Senado la documentación sobre los contratos de cuatro amigas de José Luis Ábalos en empresas públicas. La comisión de investigación del caso Koldo requirió la información en marzo. Claudia Montes, una de las amigas, declaró ante el Tribunal Supremo que pidió ayuda a Ábalos para conseguir trabajo y fue contratada en Logirail entre 2019 y 2022. Koldo García gestionó su contratación. Montes admitió que el procedimiento de contratación fue legal y que hizo dos entrevistas. Las otras amigas contratadas fueron Jésica Rodríguez en Tragsatec e Ineco, Andrea de la Torre en Logirail y Nicole Neasccu en Emfesa. El PP pidió el expediente completo de contratación de Jésica Rodríguez en ambas empresas. La falta de información ha generado críticas de la oposición, que busca esclarecer si los contratos fueron legales. Los contratos de las cuatro amigas se dieron entre 2019 y 2024, con puestos de auxiliar administrativo y salarios de alrededor de 1.000 euros mensuales. La empresa Logirail despidió a Claudia Montes con indemnización en febrero de 2022. Andrea de la Torre trabajó en Logirail desde junio de 2022 hasta agosto de 2024. Nicole Neasccu fue contratada en Emfesa como delegada territorial de Medio Ambiente.
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