Crítica:
El título revela un dato clave, pero el contenido amplía el contexto mostrando una red de contactos y presiones durante la pandemia. La conexión entre Aldama y Torres es especialmente relevante.
El título revela un dato clave, pero el contenido amplía el contexto mostrando una red de contactos y presiones durante la pandemia. La conexión entre Aldama y Torres es especialmente relevante.
La Generalitat de Cataluña patrocina el XVI Congreso Islámico de Cataluña en El Prat de Llobregat (Barcelona) del 19 al 21 de diciembre. El evento, organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y Entre Joves, cuenta con ponentes como Taoufik Cheddadi y Yusuf Soldado, detenidos en operaciones antiterroristas. Cheddadi fue detenido en 2005 y 2007 por su implicación en actividades yihadistas. Soldado, converso al islam y relacionado con círculos salafistas, fue detenido en 2015. La presencia de estos ponentes ha generado polémica. El congreso busca reflexionar sobre el papel de la familia en la comunidad islámica. La colaboración de la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha generado críticas. Este no es el primer evento de este tipo respaldado por el gobierno de Illa; un congreso similar en Torredembarra el año pasado también generó controversia por los contenidos de algunos ponentes.
Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, analiza las pesquisas policiales de la UCO sobre el donativo de 1 millón de euros recaudado por el PSOE durante la pandemia de coronavirus. La Guardia Civil investiga el origen de estos fondos. Entrambasaguas destaca la importancia de esclarecer hechos irregulares y anima a los lectores a enviar información a investigacion@eldebate.com. El donativo se produjo en un momento crítico de la pandemia, cuando el país estaba bajo estrictas medidas de confinamiento y el sistema sanitario estaba sometido a una gran presión.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, criticó duramente a Salvador Illa, exministro de Sanidad, por retrasos en la adquisición de pruebas COVID. Torres, entonces presidente de Canarias, mantuvo conversaciones con Koldo García, exasesor de Ábalos, entre el 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2020. Torres solicitó pruebas de antígenos y se mostró frustrado por las dilaciones de Illa. El 2 de diciembre, Torres expresó su descontento: «No hay puta manera con Illa. Si no se resuelve tendrán que intervenir Ábalos o Pedro». Koldo García actuó como intermediario entre Torres y José Luis Ábalos. Torres amenazó con renunciar si no se resolvía el problema: «Me bajo. No aguanto más». Finalmente, Illa contactó con Torres el 3 de diciembre para intentar resolver la situación. Torres firmó un decreto para adquirir las pruebas tras el compromiso inicial de Illa y el apoyo de sus técnicos.
Una funcionaria del Servicio Canario de Salud advirtió el 22 de abril de 2020 sobre irregularidades en la compra de 12,3 millones de euros de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, propiedad de Víctor de Aldama. La técnica destacó que el precio de 2,50 euros por unidad estaba por encima del mercado (1,89 euros) y cuestionó la falta de garantías del material. Pese a sus objeciones, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó seguir adelante. El informe de la UCO de la Guardia Civil documentó que las advertencias fueron ignoradas bajo presión política, incluyendo la intervención personal del entonces presidente Ángel Víctor Torres para desbloquear los pagos. Las conversaciones intervenidas revelan que Torres y otros funcionarios, como el viceconsejero Olivera, negociaron directamente con Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, para agilizar el proceso. El sobreprecio generó un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias concluyó que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.
Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, celebró con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, la modificación de un contrato con Soluciones de Gestión para quedarse con 837.000 mascarillas defectuosas. El Gobierno canario pagó 707.518,50 euros por estas mascarillas quirúrgicas que inicialmente se vendieron como FPP2. La operación se realizó el 3 de noviembre de 2020. El contrato inicial era de 2.750.000 mascarillas FFP2 a 2,50 euros cada una. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales advirtió que 837.800 unidades no eran aptas para uso sanitario como FFP2. El Gobierno canario financió la compra con fondos europeos para la pandemia pese a que las mascarillas eran defectuosas. El Centro Nacional de Medios de Protección determinó que las mascarillas no eran equiparables a FFP2 pero sí cumplían algunos requisitos de FFP1. Soluciones de Gestión ofreció valorar las mascarillas defectuosas como quirúrgicas y completar el pedido con 555.000 mascarillas FFP2.
Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, amenazó con 'llamar a Pedro Sánchez' si Salvador Illa no permitía los tests de antígenos que interesaban a la trama de suministro de material sanitario. La conversación fue intervenida por la UCO de la Guardia Civil. Torres y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, discutieron sobre la adjudicación de contratos a Eurofins Megalab por 5,3 millones en diciembre de 2020. El Gobierno canario quería tests de antígenos para facilitar el turismo, mientras que el Gobierno central insistía en pruebas PCR. Torres llegó a decir '¡No hay puta manera con Illa!' y amenazó con ser 'un Page, un Lambán' si no se resolvía. La UCO relató que Torres y Koldo planearon una reunión con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Salvador Illa para el 6 de diciembre de 2020, pero finalmente no se envió el mensaje. El 17 de agosto de 2020, Koldo envió un audio presentando a Megalab y su protocolo de pruebas PCR.
La ausencia de SOS Desaparecidos en la presentación del segundo plan estratégico del Ministerio del Interior sobre personas desaparecidas evidencia la ruptura total entre ambas entidades. La oenegé, fundada en 2010, fue clave en la creación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). En agosto, SOS Desaparecidos decidió dejar de colaborar con Interior debido a desavenencias, como la presión para que dejara de emitir sus propias alertas. El Ministerio invitó a la oenegé a la presentación del plan el 4 de diciembre, pero esta declinó debido a las condiciones restrictivas impuestas, como limitar la asistencia a un representante por entidad y solo sufragar gastos de desplazamiento. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, denuncia un «acoso y derribo» por parte de Interior y afirma que la oenegé no está subvencionada. Desde el 18 de agosto, SOS Desaparecidos dejó de difundir imágenes de casos del CNDES por problemas jurídicos y presiones del Ministerio. En 2024, 358 personas fueron encontradas gracias a las alertas de la oenegé. El presidente critica que el CNDES se ha convertido en una «oficina de marketing» para Interior, con un presupuesto de más de 3 millones de euros.
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