Crítica:
El contenido revela conversaciones comprometedoras entre Torres y Koldo, mostrando la presión para favorecer a Megalab. La conexión con Pedro Sánchez añade gravedad al caso.
Torres amenazó con "llamar a Pedro" si Illa no permitía los tests de antígenos que interesaban a la trama
Torres amenaza con involucrar a Pedro Sánchez
Otros artículos
Irregularidades en compra de mascarillas Canarias
Una funcionaria del Servicio Canario de Salud advirtió el 22 de abril de 2020 sobre irregularidades en la compra de 12,3 millones de euros de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, propiedad de Víctor de Aldama. La técnica destacó que el precio de 2,50 euros por unidad estaba por encima del mercado (1,89 euros) y cuestionó la falta de garantías del material. Pese a sus objeciones, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó seguir adelante. El informe de la UCO de la Guardia Civil documentó que las advertencias fueron ignoradas bajo presión política, incluyendo la intervención personal del entonces presidente Ángel Víctor Torres para desbloquear los pagos. Las conversaciones intervenidas revelan que Torres y otros funcionarios, como el viceconsejero Olivera, negociaron directamente con Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, para agilizar el proceso. El sobreprecio generó un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias concluyó que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.
Torres celebra compra de 837.000 mascarillas defectuosas
Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, celebró con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, la modificación de un contrato con Soluciones de Gestión para quedarse con 837.000 mascarillas defectuosas. El Gobierno canario pagó 707.518,50 euros por estas mascarillas quirúrgicas que inicialmente se vendieron como FPP2. La operación se realizó el 3 de noviembre de 2020. El contrato inicial era de 2.750.000 mascarillas FFP2 a 2,50 euros cada una. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales advirtió que 837.800 unidades no eran aptas para uso sanitario como FFP2. El Gobierno canario financió la compra con fondos europeos para la pandemia pese a que las mascarillas eran defectuosas. El Centro Nacional de Medios de Protección determinó que las mascarillas no eran equiparables a FFP2 pero sí cumplían algunos requisitos de FFP1. Soluciones de Gestión ofreció valorar las mascarillas defectuosas como quirúrgicas y completar el pedido con 555.000 mascarillas FFP2.
Ruptura entre Interior y SOS Desaparecidos por desavenencias
La ausencia de SOS Desaparecidos en la presentación del segundo plan estratégico del Ministerio del Interior sobre personas desaparecidas evidencia la ruptura total entre ambas entidades. La oenegé, fundada en 2010, fue clave en la creación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). En agosto, SOS Desaparecidos decidió dejar de colaborar con Interior debido a desavenencias, como la presión para que dejara de emitir sus propias alertas. El Ministerio invitó a la oenegé a la presentación del plan el 4 de diciembre, pero esta declinó debido a las condiciones restrictivas impuestas, como limitar la asistencia a un representante por entidad y solo sufragar gastos de desplazamiento. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, denuncia un «acoso y derribo» por parte de Interior y afirma que la oenegé no está subvencionada. Desde el 18 de agosto, SOS Desaparecidos dejó de difundir imágenes de casos del CNDES por problemas jurídicos y presiones del Ministerio. En 2024, 358 personas fueron encontradas gracias a las alertas de la oenegé. El presidente critica que el CNDES se ha convertido en una «oficina de marketing» para Interior, con un presupuesto de más de 3 millones de euros.
Torres frustrado por bloqueo de Illa
En diciembre de 2020, Canarias aprobó su decreto de nueva normalidad frente al Covid, levantando restricciones y reabriendo al turismo. Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, trabajó con Eurofins Megalab para implementar test de antígenos. Sin embargo, Salvador Illa, ministro de Sanidad, bloqueó la estrategia. Torres se mostró desesperado y frustrado con Illa, llegando a decir «¡No hay puta manera con Illa!» y considerando involucrar a Pedro Sánchez. Torres y Koldo, exasesor de José Luis Ábalos, intercambiaron mensajes en los que Torres pedía ayuda para desbloquear la situación. El 5 de diciembre de 2020, Torres viajó a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez, Illa y José Luis Ábalos. Mientras tanto, otras gestiones de Torres con Koldo avanzaban, como el cobro de mascarillas entregadas por la empresa Soluciones de Gestión el 10 de diciembre de 2020.
Implicaciones políticas en caso PSOE-Koldo
El magistrado Leopoldo Puente ordena el procesamiento de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama por el caso PSOE-Koldo relacionado con contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. El auto judicial implica a María Jesús Montero y Reyes Maroto en gestiones irregulares. Se detallan dos bloques de hechos presuntamente delictivos que afectan a sus departamentos. El primero implica gestiones para favorecer a la empresa Villafuel y un chalet en La Alcaidesa. Koldo García Izaguirre influyó para que Claudio Rivas se reuniera con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de Maroto, para obtener una licencia de operador de hidrocarburos. El segundo bloque afecta a Montero por gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria de una empresa de Víctor de Aldama. García Izaguirre se reunió con Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete de Montero, para lograr el aplazamiento de la deuda. Ábalos pagó 7.500 euros por el alquiler del chalet en julio de 2021. La licencia de Villafuel también involucró al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
DANA: Informe oculto revela negligencia estatal
El subinspector Alfredo Perdiguero critica la decisión de la juez de no incorporar el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la DANA en la Comunidad Valenciana. El informe señalaba la falta de avisos entre las 16:15 y 18:43 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La UCO apuntaba a la falta de limpieza de las cuencas hidrográficas como causa del desbordamiento del barranco del Poyo, origen del 87% de las muertes. El Ministerio de Transición Ecológica era responsable de esta tarea. Perdiguero también critica al Ministerio del Interior y a su titular, Fernando Grande-Marlaska, por no activar los medios nacionales de emergencia. La juez rechazó la línea de investigación que apuntaba a la responsabilidad del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En 2021 se archivó la obra de encauzamiento del barranco, una actuación que podría haber evitado la tragedia. Perdiguero defiende que los informes de la UCO son objetivos y claros, y que la inacción pudo haber evitado muchas muertes.
Fiscal general dicta nota sobre negociación secreta
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó la nota de prensa que reveló la negociación secreta entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. La jefa de Gabinete de Prensa de García Ortiz, Mar Hedo, declaró que elaboró la nota la noche del 13 de marzo de 2024 y que García Ortiz dictó la información. Hedo envió el documento Word a García Ortiz y a Íñigo Corral del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid a las 6:45. El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, afirmó que su jefa, la fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra, le transmitió que había orden del fiscal general de difundir la nota. La fiscal de sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, explicó que los móviles de los fiscales se cambian periódicamente y que no existe un protocolo específico para el borrado de los móviles. García Ortiz cambió de móvil cinco veces en total. La nota de prensa se publicó el 14 de marzo de 2024.
Comentarios