Crítica:
El título sugiere un conflicto directo entre Torres e Illa, y el contenido lo confirma con detalles específicos de sus intercambios con Koldo. La narrativa muestra la tensión política durante la pandemia.
El título sugiere un conflicto directo entre Torres e Illa, y el contenido lo confirma con detalles específicos de sus intercambios con Koldo. La narrativa muestra la tensión política durante la pandemia.
Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, amenazó con 'llamar a Pedro Sánchez' si Salvador Illa no permitía los tests de antígenos que interesaban a la trama de suministro de material sanitario. La conversación fue intervenida por la UCO de la Guardia Civil. Torres y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, discutieron sobre la adjudicación de contratos a Eurofins Megalab por 5,3 millones en diciembre de 2020. El Gobierno canario quería tests de antígenos para facilitar el turismo, mientras que el Gobierno central insistía en pruebas PCR. Torres llegó a decir '¡No hay puta manera con Illa!' y amenazó con ser 'un Page, un Lambán' si no se resolvía. La UCO relató que Torres y Koldo planearon una reunión con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Salvador Illa para el 6 de diciembre de 2020, pero finalmente no se envió el mensaje. El 17 de agosto de 2020, Koldo envió un audio presentando a Megalab y su protocolo de pruebas PCR.
La ausencia de SOS Desaparecidos en la presentación del segundo plan estratégico del Ministerio del Interior sobre personas desaparecidas evidencia la ruptura total entre ambas entidades. La oenegé, fundada en 2010, fue clave en la creación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). En agosto, SOS Desaparecidos decidió dejar de colaborar con Interior debido a desavenencias, como la presión para que dejara de emitir sus propias alertas. El Ministerio invitó a la oenegé a la presentación del plan el 4 de diciembre, pero esta declinó debido a las condiciones restrictivas impuestas, como limitar la asistencia a un representante por entidad y solo sufragar gastos de desplazamiento. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, denuncia un «acoso y derribo» por parte de Interior y afirma que la oenegé no está subvencionada. Desde el 18 de agosto, SOS Desaparecidos dejó de difundir imágenes de casos del CNDES por problemas jurídicos y presiones del Ministerio. En 2024, 358 personas fueron encontradas gracias a las alertas de la oenegé. El presidente critica que el CNDES se ha convertido en una «oficina de marketing» para Interior, con un presupuesto de más de 3 millones de euros.
El magistrado Leopoldo Puente ordena el procesamiento de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama por el caso PSOE-Koldo relacionado con contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. El auto judicial implica a María Jesús Montero y Reyes Maroto en gestiones irregulares. Se detallan dos bloques de hechos presuntamente delictivos que afectan a sus departamentos. El primero implica gestiones para favorecer a la empresa Villafuel y un chalet en La Alcaidesa. Koldo García Izaguirre influyó para que Claudio Rivas se reuniera con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de Maroto, para obtener una licencia de operador de hidrocarburos. El segundo bloque afecta a Montero por gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria de una empresa de Víctor de Aldama. García Izaguirre se reunió con Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete de Montero, para lograr el aplazamiento de la deuda. Ábalos pagó 7.500 euros por el alquiler del chalet en julio de 2021. La licencia de Villafuel también involucró al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
El subinspector Alfredo Perdiguero critica la decisión de la juez de no incorporar el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la DANA en la Comunidad Valenciana. El informe señalaba la falta de avisos entre las 16:15 y 18:43 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La UCO apuntaba a la falta de limpieza de las cuencas hidrográficas como causa del desbordamiento del barranco del Poyo, origen del 87% de las muertes. El Ministerio de Transición Ecológica era responsable de esta tarea. Perdiguero también critica al Ministerio del Interior y a su titular, Fernando Grande-Marlaska, por no activar los medios nacionales de emergencia. La juez rechazó la línea de investigación que apuntaba a la responsabilidad del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En 2021 se archivó la obra de encauzamiento del barranco, una actuación que podría haber evitado la tragedia. Perdiguero defiende que los informes de la UCO son objetivos y claros, y que la inacción pudo haber evitado muchas muertes.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dictó la nota de prensa que reveló la negociación secreta entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. La jefa de Gabinete de Prensa de García Ortiz, Mar Hedo, declaró que elaboró la nota la noche del 13 de marzo de 2024 y que García Ortiz dictó la información. Hedo envió el documento Word a García Ortiz y a Íñigo Corral del Gabinete de Comunicación de la Fiscalía de Madrid a las 6:45. El jefe de prensa de la Fiscalía de Madrid, Íñigo Corral, afirmó que su jefa, la fiscal Superior de Madrid Almudena Lastra, le transmitió que había orden del fiscal general de difundir la nota. La fiscal de sala Jefa de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General del Estado, Esmeralda Rasillo, explicó que los móviles de los fiscales se cambian periódicamente y que no existe un protocolo específico para el borrado de los móviles. García Ortiz cambió de móvil cinco veces en total. La nota de prensa se publicó el 14 de marzo de 2024.
La fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, declaró en el Tribunal Supremo que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, le urgió a publicar una nota sobre el caso de fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. Lastra afirmó que García Ortiz le dijo que 'había filtrado los correos' y que ella respondió que 'eso ahora no importa'. La fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, contradijo la versión de Lastra, afirmando que no actuaron con clandestinidad. García Ortiz se enfrenta a una posible condena de cuatro a seis años de cárcel y a un máximo de doce años de inhabilitación por revelación de secretos. La nota se publicó el 14 de marzo después de que Lastra enviara los correos a García Ortiz la noche del 13 de marzo. Lastra también declaró que no tenía obligación de borrar sus mensajes y que conservaba todos los registros. Pilar Rodríguez afirmó que la expresión 'un poquito de cianuro' fue un desahogo después de ser cuestionada por la presidenta de la Comunidad de Madrid.
La UCO revela que Víctor de Aldama dio instrucciones para vender mascarillas al equipo de Armengol y al Gobierno de Canarias. Los mensajes entre Aldama e Íñigo Rotaetxe, apoderado de Soluciones de Gestión, mencionan 1,4 millones de euros pendientes de 'colocar' en Canarias. La UCO constata que Koldo García recibía asignaciones recurrentes de 10.000 euros de Aldama. El 4 de mayo de 2020, Aldama y Rotaetxe discutieron la confirmación del pedido. Dos días después, se emitieron facturas por 1.316.000 euros y 3.157.000 euros. La investigación sigue el 'Caso Koldo', relacionado con el PSOE. El informe apunta a una presunta organización criminal liderada por Aldama y con Koldo García como facilitador. La investigación continúa en curso.
Comentarios