Crítica:
El título es sensacionalista y no refleja completamente el contenido. La noticia se centra en detalles de un caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas defectuosas.
El título es sensacionalista y no refleja completamente el contenido. La noticia se centra en detalles de un caso de corrupción relacionado con la compra de mascarillas defectuosas.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, criticó duramente a Salvador Illa, exministro de Sanidad, por retrasos en la adquisición de pruebas COVID. Torres, entonces presidente de Canarias, mantuvo conversaciones con Koldo García, exasesor de Ábalos, entre el 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2020. Torres solicitó pruebas de antígenos y se mostró frustrado por las dilaciones de Illa. El 2 de diciembre, Torres expresó su descontento: «No hay puta manera con Illa. Si no se resuelve tendrán que intervenir Ábalos o Pedro». Koldo García actuó como intermediario entre Torres y José Luis Ábalos. Torres amenazó con renunciar si no se resolvía el problema: «Me bajo. No aguanto más». Finalmente, Illa contactó con Torres el 3 de diciembre para intentar resolver la situación. Torres firmó un decreto para adquirir las pruebas tras el compromiso inicial de Illa y el apoyo de sus técnicos.
Una funcionaria del Servicio Canario de Salud advirtió el 22 de abril de 2020 sobre irregularidades en la compra de 12,3 millones de euros de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, propiedad de Víctor de Aldama. La técnica destacó que el precio de 2,50 euros por unidad estaba por encima del mercado (1,89 euros) y cuestionó la falta de garantías del material. Pese a sus objeciones, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó seguir adelante. El informe de la UCO de la Guardia Civil documentó que las advertencias fueron ignoradas bajo presión política, incluyendo la intervención personal del entonces presidente Ángel Víctor Torres para desbloquear los pagos. Las conversaciones intervenidas revelan que Torres y otros funcionarios, como el viceconsejero Olivera, negociaron directamente con Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, para agilizar el proceso. El sobreprecio generó un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias concluyó que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.
Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, amenazó con 'llamar a Pedro Sánchez' si Salvador Illa no permitía los tests de antígenos que interesaban a la trama de suministro de material sanitario. La conversación fue intervenida por la UCO de la Guardia Civil. Torres y Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, discutieron sobre la adjudicación de contratos a Eurofins Megalab por 5,3 millones en diciembre de 2020. El Gobierno canario quería tests de antígenos para facilitar el turismo, mientras que el Gobierno central insistía en pruebas PCR. Torres llegó a decir '¡No hay puta manera con Illa!' y amenazó con ser 'un Page, un Lambán' si no se resolvía. La UCO relató que Torres y Koldo planearon una reunión con Pedro Sánchez, José Luis Ábalos y Salvador Illa para el 6 de diciembre de 2020, pero finalmente no se envió el mensaje. El 17 de agosto de 2020, Koldo envió un audio presentando a Megalab y su protocolo de pruebas PCR.
La ausencia de SOS Desaparecidos en la presentación del segundo plan estratégico del Ministerio del Interior sobre personas desaparecidas evidencia la ruptura total entre ambas entidades. La oenegé, fundada en 2010, fue clave en la creación del Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES). En agosto, SOS Desaparecidos decidió dejar de colaborar con Interior debido a desavenencias, como la presión para que dejara de emitir sus propias alertas. El Ministerio invitó a la oenegé a la presentación del plan el 4 de diciembre, pero esta declinó debido a las condiciones restrictivas impuestas, como limitar la asistencia a un representante por entidad y solo sufragar gastos de desplazamiento. El presidente de SOS Desaparecidos, Joaquín Amills, denuncia un «acoso y derribo» por parte de Interior y afirma que la oenegé no está subvencionada. Desde el 18 de agosto, SOS Desaparecidos dejó de difundir imágenes de casos del CNDES por problemas jurídicos y presiones del Ministerio. En 2024, 358 personas fueron encontradas gracias a las alertas de la oenegé. El presidente critica que el CNDES se ha convertido en una «oficina de marketing» para Interior, con un presupuesto de más de 3 millones de euros.
En diciembre de 2020, Canarias aprobó su decreto de nueva normalidad frente al Covid, levantando restricciones y reabriendo al turismo. Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, trabajó con Eurofins Megalab para implementar test de antígenos. Sin embargo, Salvador Illa, ministro de Sanidad, bloqueó la estrategia. Torres se mostró desesperado y frustrado con Illa, llegando a decir «¡No hay puta manera con Illa!» y considerando involucrar a Pedro Sánchez. Torres y Koldo, exasesor de José Luis Ábalos, intercambiaron mensajes en los que Torres pedía ayuda para desbloquear la situación. El 5 de diciembre de 2020, Torres viajó a Madrid para reunirse con Pedro Sánchez, Illa y José Luis Ábalos. Mientras tanto, otras gestiones de Torres con Koldo avanzaban, como el cobro de mascarillas entregadas por la empresa Soluciones de Gestión el 10 de diciembre de 2020.
El magistrado Leopoldo Puente ordena el procesamiento de José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre y Víctor de Aldama por el caso PSOE-Koldo relacionado con contratos irregulares de mascarillas durante la pandemia. El auto judicial implica a María Jesús Montero y Reyes Maroto en gestiones irregulares. Se detallan dos bloques de hechos presuntamente delictivos que afectan a sus departamentos. El primero implica gestiones para favorecer a la empresa Villafuel y un chalet en La Alcaidesa. Koldo García Izaguirre influyó para que Claudio Rivas se reuniera con Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe de gabinete de Maroto, para obtener una licencia de operador de hidrocarburos. El segundo bloque afecta a Montero por gestiones para el fraccionamiento de una deuda tributaria de una empresa de Víctor de Aldama. García Izaguirre se reunió con Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete de Montero, para lograr el aplazamiento de la deuda. Ábalos pagó 7.500 euros por el alquiler del chalet en julio de 2021. La licencia de Villafuel también involucró al Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.
El subinspector Alfredo Perdiguero critica la decisión de la juez de no incorporar el informe de la UCO de la Guardia Civil sobre la DANA en la Comunidad Valenciana. El informe señalaba la falta de avisos entre las 16:15 y 18:43 por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La UCO apuntaba a la falta de limpieza de las cuencas hidrográficas como causa del desbordamiento del barranco del Poyo, origen del 87% de las muertes. El Ministerio de Transición Ecológica era responsable de esta tarea. Perdiguero también critica al Ministerio del Interior y a su titular, Fernando Grande-Marlaska, por no activar los medios nacionales de emergencia. La juez rechazó la línea de investigación que apuntaba a la responsabilidad del Ministerio y de la Confederación Hidrográfica del Júcar. En 2021 se archivó la obra de encauzamiento del barranco, una actuación que podría haber evitado la tragedia. Perdiguero defiende que los informes de la UCO son objetivos y claros, y que la inacción pudo haber evitado muchas muertes.
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