El título sugiere una conexión directa entre Yolanda Díaz y la certificación de mascarillas, pero el artículo revela una conversación indirecta a través de Ábalos. La información clave se centra en las acciones de Koldo García y su influencia en contratos con el Gobierno canario.
El ministro Ángel Víctor Torres fue grabado en audio reconociendo que cenó con Víctor de Aldama en Madrid en 2020, contradiciendo su declaración ante el Senado donde negó haberse reunido con él. La cena ocurrió en el restaurante Jai Alai el 15 de julio de 2020, en plena pandemia, y estuvo también presente Koldo García, asesor de José Luis Ábalos. Torres había sido citado a declarar por la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado en 2024, donde afirmó no haber estado reunido con Aldama. Sin embargo, el audio del 21 de julio de 2020 muestra a Torres diciendo a Koldo que llamará a 'la persona que conocí el otro día en el restaurante', identificada por la UCO como Aldama. Canarias pagó 6.87 millones de euros por 2.7 millones de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión S.L., vinculada a Aldama, de las cuales algunas estaban en mal estado. El Gobierno canario firmó tres contratos con esta empresa.
La Generalitat de Cataluña patrocina el XVI Congreso Islámico de Cataluña en El Prat de Llobregat (Barcelona) del 19 al 21 de diciembre. El evento, organizado por la Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña y Entre Joves, cuenta con ponentes como Taoufik Cheddadi y Yusuf Soldado, detenidos en operaciones antiterroristas. Cheddadi fue detenido en 2005 y 2007 por su implicación en actividades yihadistas. Soldado, converso al islam y relacionado con círculos salafistas, fue detenido en 2015. La presencia de estos ponentes ha generado polémica. El congreso busca reflexionar sobre el papel de la familia en la comunidad islámica. La colaboración de la Dirección General de Asuntos Religiosos del gobierno catalán, presidido por Salvador Illa, ha generado críticas. Este no es el primer evento de este tipo respaldado por el gobierno de Illa; un congreso similar en Torredembarra el año pasado también generó controversia por los contenidos de algunos ponentes.
Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, analiza las pesquisas policiales de la UCO sobre el donativo de 1 millón de euros recaudado por el PSOE durante la pandemia de coronavirus. La Guardia Civil investiga el origen de estos fondos. Entrambasaguas destaca la importancia de esclarecer hechos irregulares y anima a los lectores a enviar información a investigacion@eldebate.com. El donativo se produjo en un momento crítico de la pandemia, cuando el país estaba bajo estrictas medidas de confinamiento y el sistema sanitario estaba sometido a una gran presión.
La UCO reveló que Víctor de Aldama contactó con Ángel Víctor Torres el 16 de julio de 2020 para ofrecer test de Covid a través de WhatsApp. Torres leyó el mensaje pero no respondió. Aldama se presentó como 'Víctor de Air Europa'. La Guardia Civil destacó este contacto como indicio de la influencia de Aldama en la Administración durante la crisis sanitaria. Torres, entonces presidente de Canarias, pidió disculpas a Koldo García por retrasos en pagos a Soluciones de Gestión, empresa vinculada a la trama de corrupción en la compra de mascarillas. Torres aseguró haber intervenido para desbloquear el pago: 'He dado el golpe preciso en la mesa'. Koldo García agradeció la gestión y mencionó que le habían 'montado una que me pusieron colorado' por el retraso. Las conversaciones ocurrieron entre el 14 y 23 de julio de 2020.
Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, criticó duramente a Salvador Illa, exministro de Sanidad, por retrasos en la adquisición de pruebas COVID. Torres, entonces presidente de Canarias, mantuvo conversaciones con Koldo García, exasesor de Ábalos, entre el 30 de noviembre y 5 de diciembre de 2020. Torres solicitó pruebas de antígenos y se mostró frustrado por las dilaciones de Illa. El 2 de diciembre, Torres expresó su descontento: «No hay puta manera con Illa. Si no se resuelve tendrán que intervenir Ábalos o Pedro». Koldo García actuó como intermediario entre Torres y José Luis Ábalos. Torres amenazó con renunciar si no se resolvía el problema: «Me bajo. No aguanto más». Finalmente, Illa contactó con Torres el 3 de diciembre para intentar resolver la situación. Torres firmó un decreto para adquirir las pruebas tras el compromiso inicial de Illa y el apoyo de sus técnicos.
Una funcionaria del Servicio Canario de Salud advirtió el 22 de abril de 2020 sobre irregularidades en la compra de 12,3 millones de euros de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión SL, propiedad de Víctor de Aldama. La técnica destacó que el precio de 2,50 euros por unidad estaba por encima del mercado (1,89 euros) y cuestionó la falta de garantías del material. Pese a sus objeciones, la Dirección General de Recursos Económicos ordenó seguir adelante. El informe de la UCO de la Guardia Civil documentó que las advertencias fueron ignoradas bajo presión política, incluyendo la intervención personal del entonces presidente Ángel Víctor Torres para desbloquear los pagos. Las conversaciones intervenidas revelan que Torres y otros funcionarios, como el viceconsejero Olivera, negociaron directamente con Koldo García, asesor del ministro José Luis Ábalos, para agilizar el proceso. El sobreprecio generó un sobrecoste de más de 1,5 millones de euros. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Hospital Universitario de Canarias concluyó que las mascarillas no cumplían con los requisitos exigidos.
Ángel Víctor Torres, entonces presidente de Canarias, celebró con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos, la modificación de un contrato con Soluciones de Gestión para quedarse con 837.000 mascarillas defectuosas. El Gobierno canario pagó 707.518,50 euros por estas mascarillas quirúrgicas que inicialmente se vendieron como FPP2. La operación se realizó el 3 de noviembre de 2020. El contrato inicial era de 2.750.000 mascarillas FFP2 a 2,50 euros cada una. El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales advirtió que 837.800 unidades no eran aptas para uso sanitario como FFP2. El Gobierno canario financió la compra con fondos europeos para la pandemia pese a que las mascarillas eran defectuosas. El Centro Nacional de Medios de Protección determinó que las mascarillas no eran equiparables a FFP2 pero sí cumplían algunos requisitos de FFP1. Soluciones de Gestión ofreció valorar las mascarillas defectuosas como quirúrgicas y completar el pedido con 555.000 mascarillas FFP2.
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