Crítica:
El artículo muestra cómo Irene Montero intenta ridiculizar a El Xokas, pero este responde de manera contundente. La noticia destaca la pérdida de relevancia de Podemos y el uso de redes sociales por parte de sus exdirigentes.
El artículo muestra cómo Irene Montero intenta ridiculizar a El Xokas, pero este responde de manera contundente. La noticia destaca la pérdida de relevancia de Podemos y el uso de redes sociales por parte de sus exdirigentes.
La trama de corrupción endosó 1,4 millones de mascarillas al Gobierno de Francina Armengol al inicio de la pandemia por 3,7 millones de euros. El Gobierno balear pagó 2,75 euros por unidad, pero los cubrebocas nunca se utilizaron y resultaron no cumplir con los estándares de calidad. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió mensajes entre Íñigo Rotaeche, administrador de Soluciones de Gestión, y Víctor de Aldama, comisionista, que evidencian la operación. El 26 de abril de 2020 se entregaron las mascarillas, pero el contrato se formalizó el 8 de mayo. La compra se realizó con financiación de fondos comunitarios, lo que motivó la investigación de la Fiscalía Europea. El Gobierno canario, presidido por Ángel Víctor Torres, también adquirió 2,7 millones de mascarillas por 6,87 millones de euros a la misma empresa. Torres tuvo un papel activo en la agilización de los pagos, contradiciendo sus declaraciones en sede parlamentaria. La UCO halló mensajes que demuestran su involucramiento, incluyendo la presión a funcionarios para acelerar los pagos. El consejero de Presidencia, Antonio Olivera, garantizó la adquisición pese a las dudas sobre el precio y la calidad. La trama recibió cuatro contratos por valor de 12,3 millones de euros por material sanitario. La investigación también apunta a que Armengol retuvo mascarillas mientras el resto del país sufría escasez. El director del Servicio de Salud de Baleares (IB-Salud), Manuel Palomino, recibió una llamada de Koldo García, facilitando el contacto con Rotaeche para la contratación.
Nuevas pruebas en el 'caso Leire Díez' apuntan a Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE, como representante del Gobierno en una trama para obtener información crítica contra fiscales y mandos de la UCO. El fiscal Ignacio Stampa presentó mensajes que lo implican directamente. La investigación, llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, incluye presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho relacionados con Leire Díez, Javier Pérez Dolset y Pere Rusiñol. Los mensajes revelan que Cerdán organizó una reunión con Stampa el 7 de mayo en representación del Gobierno. Luis del Rivero, expresidente de Sacyr, confirmó que 'el enviado' era 'Santos C'. La trama ofrecía favores judiciales a cambio de información reservada sobre jueces, fiscales y agentes de la Guardia Civil. El caso está relacionado con la esposa del presidente Pedro Sánchez, Begoña Gómez, y su implicación en una causa judicial.
El alcalde de Pamplona, Joseba Girón (EH Bildu), anunció que ofrecerá pisos municipales a okupas de asentamientos ilegales durante olas de frío. El Ayuntamiento habilitará 25 viviendas reformadas y ampliará el albergue municipal de 50 a 58 plazas. Txema Mauleón, concejal de Acción Social, reconoció que el problema 'escapa a Pamplona' y está relacionado con la inmigración. El concejal defendió que duplicaron recursos para prevenir asentamientos ilegales y reforzaron la seguridad. La medida llega tras una violación en manada por cuatro magrebíes en un asentamiento ilegal. Mauleón pidió un 'pacto de Estado' para reparto equilibrado de inmigrantes y defendió que delitos deben ser penados igual independientemente del origen. El Ayuntamiento reconoce recursos limitados y necesidad de abordaje global.
Óscar Puente, ministro de Transportes, publicó un vídeo en 'X' explicando la legalidad de los pagos en efectivo en el Ministerio. Mostró un sobre con 300 euros en billetes de 50 para un viaje a Las Palmas de Gran Canaria. La directora de Gabinete custodiaba el dinero y entregaba justificantes a la vuelta. Puente aseguró que se trataba de un 'anticipo de caja' legal para una delegación de cuatro personas. Gastaron 75,35€ en una comida para dos personas. La Guardia Civil investiga la financiación ilegal del PSOE en el 'caso Koldo'. El juez Ismael Moreno abrió una pieza separada para investigar las cuentas del partido. Puente prometió 'próximas entregas' de su explicación. El vídeo contrasta con el escándalo que investiga la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El presidente Pedro Sánchez ha decidido no presentar los Presupuestos Generales del Estado antes de 2026 debido a la ruptura con Junts y la negativa de Podemos a negociar. La vicepresidenta María Jesús Montero convocará el Consejo de Política Fiscal y Financiera la semana del 10 de noviembre para presentar la senda de déficit y el techo de gasto. El Gobierno asume que el Congreso tumbará la propuesta, lo que permitirá prorrogar la senda vigente y los Presupuestos actuales. El Ejecutivo quiere ganar tiempo y centrarse en la gestión de los 92.000 millones de euros de fondos europeos pendientes de recibir. La decisión también busca evitar un debate presupuestario en medio de la campaña autonómica en Extremadura, prevista para el 21 de diciembre. El PSOE teme una derrota electoral y quiere evitar sumar derrotas políticas a las judiciales. El Gobierno prefiere centrarse en anuncios sobre vivienda, transporte y fondos europeos en lugar de abrir un debate presupuestario condenado al fracaso.
El Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA, 2024/1083) obliga a los periodistas a revelar sus fuentes bajo ciertas circunstancias. El artículo 4 del EMFA permite a los Estados miembros obligar a los periodistas a revelar información sobre sus fuentes si una autoridad judicial o independiente lo autoriza. Esta norma está vigente pero no ha sido aplicada por ningún tribunal doméstico. La protección del secreto profesional en España está garantizada por los artículos 20.1.d) y 124.3 de la Constitución Española. El fiscal general del Estado está siendo procesado por un delito de revelación de secretos contra el novio de la presidenta de Madrid. El periodista Álvaro García Ortiz fue citado como testigo y afirmó conocer la fuente de la historia. El presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta, cuestionó al periodista sobre su declaración. Algunos juristas plantean la posibilidad de articular excepciones justificadas al secreto profesional en casos de posible condena penal. La reforma del Gobierno socialista para controlar los medios de comunicación ha generado polémica. El Anteproyecto de Ley Orgánica española Reguladora del Derecho al Secreto de los Profesionales de la Información también ha sido criticado por expertos.
Judit Alexandra González, secretaria general de Presidencia del Gobierno, ha sido imputada en el 'caso Begoña' por malversación en la contratación de Cristina Álvarez, directora de Programas de La Moncloa. González fue condecorada con la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort por sus méritos judiciales. El juez Juan Carlos Peinado investiga a Begoña Gómez por cinco delitos y ha citado a González a declarar el 12 de noviembre. La investigación se centra en la posible malversación de fondos públicos en la contratación de Álvarez, quien ejerció como secretaria personal de la mujer de Pedro Sánchez en sus actividades privadas. El juez solicita las agendas de la esposa de Pedro Sánchez y de Álvarez, así como sus pasaportes para analizar sus viajes. La causa implica a cinco personas: Begoña Gómez, Judit Alexandra González, Cristina Álvarez, Juan Carlos Barrabés y Francisco Martín. El juez Peinado rechaza llamar a declarar por segunda vez a Pedro Sánchez y al ministro Félix Bolaños. La Orden de San Raimundo de Peñafort se creó en 1945 para premiar méritos en la Administración de Justicia.
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