El artículo presenta datos alarmantes sobre la radicalización islámica entre los jóvenes musulmanes en Francia, pero podría profundizar más en las causas subyacentes y las posibles soluciones. La crítica al partido de Jean-Luc Melenchón resulta algo sesgada.
El colectivo Sleeping Giants France lanzó una campaña contra Frontières para silenciarlo financieramente. Frontières informa sobre inmigración masiva y delincuencia sin autocensura. Sleeping Giants detectó anunciantes, publicó capturas y presionó para retirar publicidad. Frontières ganó tres procesos judiciales contra este tipo de campañas. La campaña ha generado reacciones transversales en Francia, con diputados y medios denunciando 'métodos mafiosos'. Frontières anunció que iniciará acciones legales para evitar que se repitan estas campañas contra otros medios. Sleeping Giants ha desembarcado en España y el Ayuntamiento de Barcelona promocionó su funcionamiento. La campaña comenzó en septiembre y ha perfeccionado su técnica con coordinación casi militar. El equipo de Frontières ha sido expuesto a juicios casi cada semana por asociaciones y ONG de izquierda. En 2019, Sleeping Giants logró que decenas de anunciantes retiraran su publicidad de Christine Kelly en CNews por invitar a Éric Zemmour. Marion Maréchal, Éric Ciotti y Sarah Knafo han denunciado públicamente estos métodos.
El informe del abogado general de la UE critica la Ley de Amnistía aprobada el 30 de mayo de 2024. Las objeciones coinciden con las aportaciones del equipo de Félix Bolaños durante la negociación con Junts y ERC entre septiembre de 2023 y enero de 2024. Moncloa muestra 'reacción contenida' ante la decisión de Dean Spielman de remitir el articulado al Tribunal de Justicia de la UE para su validación en las próximas semanas. Carles Puigdemont ha invocado el informe para pedir su regreso a España. Fuentes jurídicas cercanas al proceso describen la negociación del PSOE como 'aturullada y opaca', centrada en aprobar la ley rápidamente a expensas del rigor jurídico. El borrador inicial se modificó sustancialmente durante las negociaciones, resultando en un texto final muy diferente. El abogado general de la UE ha destacado los pasajes más confusos de la ley, que coinciden con las aportaciones de los socialistas.
El Gobierno ha aceptado subir el salario de los funcionarios un 11% en cuatro años, de 2025 a 2028, tras presiones sindicales. La subida inicial era del 10%. El incremento se limita a un 4% en los dos primeros años (2025-2026) por la regla de gasto, que impone un tope del 3,5% anual. El 7% restante se pospone a los años siguientes, afectando a la próxima legislatura. Los sindicatos critican la 'inseguridad jurídica' al dejar la mayor parte del incremento para un futuro Gobierno. El gasto total en salarios públicos ronda los 200.000 millones anuales y la subida de 11% supondrá un coste adicional de casi 20.000 millones en cuatro años. El acuerdo deberá aprobarse anualmente en Consejo de Ministros y aplicarse en todas las administraciones públicas. El Ministerio de Función Pública se reunirá de nuevo con los sindicatos el próximo lunes para ultimar detalles. El gasto en remuneraciones en 2024 fue de 172.749 millones y ha aumentado un 3% en el primer semestre de este año. Además, en julio se aprobó una subida salarial adicional del 0,5% pendiente desde 2024.
UGT y CCOO priorizan 'lawfare' y sostenibilidad sobre carestía de la vida. Frutas y verduras subieron 12.55%, charcutería 11.6%, pimientos 8.69% y vivienda 12%. Sindicatos recibieron 41M€ y 30M€ en subvenciones anuales respectivamente. UGT participó en 'Alimentación sostenible para un medio rural vivo'. CCOO organizó evento sobre 'lawfare' con Javier Pérez Royo, Joaquim Bosch y Victoria Rosell. Un huevo mediano cuesta 23 céntimos y merluza 4.55€. UGT y CCOO mantienen sintonía política con el gobierno de Pedro Sánchez. La vivienda registra subida interanual del 12%. La población joven mide alquileres por precio de habitación.
El movimiento Black Lives Matter nació en 2014 tras el tiroteo de Michael Brown en Ferguson, Missouri. Inicialmente, testigos afirmaron que Brown había levantado los brazos y gritado 'No dispares' antes de morir. Sin embargo, investigaciones posteriores y pruebas físicas revelaron que el policía había disparado en un forcejeo. Una de las principales reivindicaciones de Black Lives Matter era que los policías llevaran cámaras corporales. Según los departamentos de policía adoptaron estas cámaras, las imágenes mostraron que la policía actúa con profesionalidad y que la mayoría de las personas tiroteadas son víctimas de sus propios actos. Los vídeos han reducido el apoyo al movimiento Black Lives Matter. Aunque sigue habiendo casos de abusos policiales, la hipótesis del racismo sistémico ha sido desmentida por las mismas cámaras que se exigieron para demostrarlo. El impacto de las cámaras corporales ha sido significativo, mostrando que la policía generalmente actúa con profesionalidad. La adopción de cámaras corporales por parte de la policía ha llevado a una reducción en el apoyo a Black Lives Matter. Las imágenes de los tiroteos han demostrado que la mayoría de las personas tiroteadas son responsables de sus propios actos. El movimiento Black Lives Matter ha perdido fuerza e influencia desde que las cámaras corporales se han vuelto comunes. La policía ha mostrado paciencia en situaciones de crisis, incluso cuando se enfrentan a personas trastornadas. El uso de cámaras corporales ha proporcionado una visión más clara de los incidentes policiales.
Pere Navarro, director general de la DGT desde 2004, ha perseguido reducir la tasa de alcoholemia. En septiembre de 2024 se modificó la tasa, reduciéndola a 0,2 g/l en sangre y 0,1 mg/l en aire. La propuesta, pendiente en el Congreso desde marzo, busca reducir accidentes. Navarro ha estado al frente de la DGT con ambos gobiernos, PP y PSOE. La tasa inicial en 1981 era de 0,8 g/l en sangre y se ha ido reduciendo progresivamente. En 2006 se endurecieron las penas por alcoholemia y se introdujo la posibilidad de que conducir bajo los efectos del alcohol se convirtiera en delito penal. La nueva tasa aún no ha entrado en vigor y Navarro ha pedido a los grupos políticos que trabajen para aprobarla cuanto antes.
La Acció Cultural del País Valencià (ACPV) organizó una manifestación en Alicante el 22 de noviembre de 2025 contra la declaración del Ayuntamiento que pide reconocer a la ciudad como municipio de predominio castellano. La protesta, convocada en las escaleras del IES Jorge Juan, contó con autobuses fletados desde Valencia, Gandía y Denia. La declaración del Ayuntamiento, aprobada el 26 de junio con los votos de PP y Vox, propone revisar la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano de 1983 para incluir a Alicante entre los municipios de predominio castellano. Vox fundamentó su apoyo con datos del sondeo sociolingüístico de 2021, que indicaba que más del 70% de los alicantinos usa habitualmente el castellano. La ACPV denuncia 'agresiones al valenciano' y 'retroceso lingüístico' por parte de las instituciones valencianas. La manifestación está respaldada por subvenciones de la Generalitat de Cataluña y el Gobierno central, que han permitido mantener el activismo catalanista en la región. En mayo de 2024, la Generalitat de Cataluña concedió 100.000 euros a Escola Valenciana, y el Ministerio de Cultura destinó otros 100.000 euros a asociaciones que promueven la 'unidad lingüística' en el arco catalán. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, propuso reformar los estatutos de la Academia Valenciana de la Lengua para renombrarla como Academia de la Lengua Valenciana, lo que requiere una mayoría de tres quintos en las Cortes Valencianas. La medida busca reforzar la identidad lingüística valenciana frente a la visión unitaria del catalán. Además, Mazón anunció una futura Ley de Señas de Identidad del Pueblo Valenciano que vetará subvenciones a entidades que promuevan las tesis de los 'países catalanes' o nieguen el valenciano como lengua diferenciada.
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