El artículo revela detalles impactantes sobre la contratación irregular de Leire Díez en Correos, aunque podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas de este caso. La conexión entre Díez y figuras clave del PSOE añade gravedad a las acusaciones.
En las oposiciones para el Cuerpo Administrativo de la Administración de la Seguridad Social de 2024, los 34 mejores resultados de la primera parte del examen se concentraron en La Coruña. El examen fue idéntico en todo el territorio español y se celebró simultáneamente en más de cuarenta sedes. La corrección se efectuó mediante lectura óptica y una plantilla única aprobada por el tribunal calificador. La primera parte del examen consistió en un test teórico de 70 preguntas puntuado sobre 50 puntos. Todos los opositores que obtuvieron la nota máxima (50 puntos) y aquellos que quedaron inmediatamente por debajo hicieron el examen en La Coruña. La distribución nacional de notas presenta curvas habituales en oposiciones masivas, pero La Coruña muestra una homogeneidad absoluta en las puntuaciones más elevadas. Los opositores reclaman transparencia y piden una revisión técnica de la trazabilidad completa del examen. La credibilidad del sistema de oposiciones depende de la transparencia y la igualdad en la aplicación de las reglas. El proceso está diseñado para evitar diferencias territoriales mediante un examen único, tribunal único y corrección única.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado su dimisión al Gobierno el 24 de Noviembre de 2025 después de ser condenado por el Tribunal Supremo a dos años de inhabilitación por un delito de revelación de datos reservados contra Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso. La condena fue dictada el 21 de Noviembre de 2025. García Ortiz comunicó su decisión al ministro Félix Bolaños a través de una carta en la que expresó su respeto a las resoluciones judiciales y su voluntad de proteger a la Fiscalía. Afirmó que su renuncia era un acto debido no solo al Ministerio Fiscal sino a toda la ciudadanía española. A pesar de su dimisión, García Ortiz manifestó su convencimiento de haber servido fielmente a la institución con vocación de servicio público y lealtad institucional. Agradeció al Gobierno su nombramiento y devolvió la confianza depositada en él al renunciar al cargo.
El PSOE y sus socios parlamentarios (ERC, EH Bildu, Sumar y BNG) negocian una ley que permite suspender servicios digitales y retirar contenidos considerados 'discriminatorios' con autorización judicial. La propuesta, incluida en la Enmienda nº 23, modifica la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La Dirección General de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI podrá solicitar la retirada de contenidos que vulneren la dignidad o discriminen por orientación sexual, identidad o expresión de género. El procedimiento incluye una audiencia judicial en un plazo máximo de dos días y una resolución judicial en otros dos días. La medida se basa en una sentencia del Tribunal Supremo (nº 1231/2022) que instó a cubrir la laguna jurídica para bloquear páginas web discriminatorias. La propuesta original del PSOE se centraba en penalizar las terapias de conversión, pero los socios parlamentarios han ampliado el alcance para incluir la suspensión de contenidos digitales. La enmienda podría afectar a medios de comunicación online y a la libertad de expresión.
China enfrenta un descenso de natalidad debido a factores económicos, sociales y culturales. La ciudad de Ningbo ofrece 1.000 yuanes (122 euros) en vales a parejas recién casadas para fomentar el matrimonio y la natalidad. Otras ciudades como Hangzhou y Pinghu han implementado planes similares. El presupuesto para esta iniciativa en Ningbo es de 4,6 millones de yuanes (561.865 euros). Las parejas deben registrar su matrimonio entre el 28 de octubre y el 31 de diciembre para acceder a estos vales, que tienen una vigencia de 20 días naturales. La provincia de Zhejiang ha lanzado un plan para fomentar el gasto y el consumo que incluye vales para servicios de cuidado infantil y subsidios para familias con hijos. A nivel nacional, China ha tomado medidas para promover actitudes positivas hacia el matrimonio y la fertilidad, como permitir que las parejas se casen en cualquier lugar del país independientemente de su residencia a partir de mayo de 2025.
El Gobierno vasco gastó 7.042,20 euros en ikurriñas para repartir en el partido entre la selección de Euskadi y Palestina el 15 de noviembre en San Mamés. La compra se adjudicó el 12 de noviembre a Master Touch Publicidad, una agencia de Madrid. El evento contó con más de 50.000 asistentes y tuvo un fuerte componente político y de solidaridad con Palestina. La ikurriña es la bandera oficial del País Vasco y también se usa en el movimiento nacionalista. El encuentro fue calificado como 'histórico' por su carga simbólica y contó con la presencia de la ministra española Sira Rigo y el ministro palestino Jibril Rajoub. El círculo central del campo lució una reproducción del Guernica de Picasso y se guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas en Gaza.
La contratación pública en España opera en un escenario de descontrol con más de 26.000 adjudicadores activos y expedientes incompletos. Un informe de la Oirescon revela que en el 46,26% de 494 reclamaciones analizadas faltaban actas de mesa o informes de valoración. El sistema maneja 177.668 contratos anuales con posibles deficiencias. La falta de transparencia se extiende a las mesas de contratación cuya composición no se publica en formato abierto. El 95,38% de adjudicadores no publicó su programación anual de contratos en 2024. En 2025 se adjudicaron más de 15.000 contratos mediante procedimiento negociado sin publicidad por un total de 7.900 millones de euros. La atomización y falta de estandarización impiden un control efectivo del gasto público.
Israel investiga si 50 millones de euros enviados por España a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) acabaron en manos de Hamás. La ayuda española, parte de una coalición internacional, se destinaba supuestamente a pagar sueldos de funcionarios palestinos. La inteligencia israelí sospecha que el dinero financió a terroristas de Hamás y a familias de presos por terrorismo. La ANP tiene una ley que paga salarios a presos palestinos en cárceles israelíes, con recompensas mayores por atentados más graves. En 2024, Israel bloqueó fondos de la ANP por este motivo. España aportó 50 millones a un fondo de contingencia para la ANP, incluyendo 46 millones adicionales aprobados en Consejo de Ministros en noviembre. La inteligencia israelí detectó que terroristas liberados en octubre reclamaban pagos pendientes en oficinas de correos de Gaza y Cisjordania. La ANP modificó la ley en febrero de 2024, pero fuentes israelíes aseguran que los pagos continuaron. El importe recibido por los terroristas varía según sus circunstancias personales, con pagos mensuales de hasta 600 euros. En 2024, la ANP pagó alrededor de 117 millones de euros a familiares de Hamás.
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