El artículo presenta detalles específicos sobre la investigación y el impacto en el gerente del PSOE, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas del caso. El lenguaje utilizado es sensacionalista en algunos momentos.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha duplicado el gasto en el programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España. El proyecto GEFMES V, que ofrece información a inmigrantes en las costas españolas, pasa de 150.000 a 300.000 euros. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska firmó una adenda con la OIM para modificar el acuerdo de proyectos en Retorno Voluntario y Gestión Fronteriza Integrada. El acuerdo total pasa de 496.535 a 646.535 euros. El proyecto proporciona folletos informativos en árabe, inglés y francés sobre excepciones para no ser retornado en 72 horas. Entre las razones para permanecer en España están: estar embarazada, ser menor de 18 años, miedo a persecución en su país de origen o ser víctima de trata. La OIM visita zonas de llegada como Almería, Cartagena y las Islas Canarias para informar a los inmigrantes.
La Fiscalía General del Estado informó sobre dificultades en el uso de dispositivos telemáticos de protección para víctimas de violencia de género en algunas provincias españolas debido a 'razones geográficas'. La memoria de 2022 destacó problemas en provincias como Teruel, Cáceres y Soria. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, contrata el servicio a una empresa privada y ha encargado una auditoría para evaluar deficiencias. El sistema de vigilancia se realiza a través del Centro Cometa, relacionando órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio Fiscal. Se detectaron múltiples fallos en las pulseras y problemas con el prestador del servicio. La falta de personal y recursos para informes forenses es un problema recurrente. En 2023, la Fiscalía reportó carencia de Unidades de Valoración Forense Integral a nivel nacional. Provincias como Cuenca, A Coruña y Tenerife no practican valoraciones forenses de riesgo urgentes. La infravaloración de situaciones de riesgo reales en provincias como Cádiz y Córdoba llevó a denegaciones de órdenes de protección. El servicio de teleasistencia Atenpro también falló en zonas rurales por carencias en cobertura móvil.
José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE, encarcelado en Soto del Real por presuntos delitos de corrupción, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez a través de redes sociales. Ábalos denunció la existencia de «líderes autoritarios, medios comprados y estado de Derecho degradado». Afirmó que «se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria». También cuestionó la decisión judicial que le llevó a prisión, calificándola de basarse en un «falso pretexto subjetivo» de riesgo de fuga. Ábalos destacó que es un diputado que acude semanalmente al Congreso, cuida de su madre de 96 años y tiene a un menor a su cargo. Agradeció el buen trato recibido en prisión por parte de funcionarios y otros internos. El ex ministro afirmó que su adaptación está siendo «menos traumática de lo que esperaba» aunque hace «mucho frío». Ábalos aseguró que «sigo fuerte y firme» y que la prisión provisional «no me van a doblegar ni a callar».
Antonio Muñoz Cano, cuñado de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, fue contratado por Servinabar pese a tener antecedentes por adicción a drogas y por quemar la casa donde dormían su ex mujer y sus hijos en 2016. La Audiencia Provincial de Palma de Mallorca le condenó a tres años de prisión por amenazas, daños y amenazas leves. Durante su condena en tercer grado, Servinabar le contrató como 'peón especialista' el 23 de septiembre de 2019. Entre septiembre de 2019 y diciembre de 2022, percibió 53.130 euros. La empresa vinculada a Cerdán le destinó a las obras del Puente del Centenario de Sevilla. Según el informe de la UCO, gracias a Muñoz Cano, Servinabar cobró 1,8 millones de euros de Acciona, de los que Cerdán se embolsó 450.000 euros. Vecinos de Muro confirmaron que Cerdán visitaba frecuentemente a sus cuñados en el pueblo y tenía un trato 'muy bueno'. La UCO investiga actualmente estas circunstancias como parte de la trama de presunta corrupción que rodea al PSOE por cobro de comisiones irregulares en contratos públicos. El caso está relacionado con otros temas como el caso Koldo, José Luis Ábalos y el Ministerio de Fomento.
El Ministerio de Exteriores deberá revelar acuerdos con otros países para oficializar el catalán en la UE tras solicitud de THE OBJECTIVE. El Gobierno busca reconocimiento del catalán, euskera y gallego como lenguas oficiales en la UE. España registró la solicitud en septiembre de 2023 tras acuerdo con Junts. La propuesta requiere unanimidad de los 27 Estados miembros del Consejo. El coste anual estimado es de 132 millones de euros. José Manuel Albares declaró que 20 de 27 países están dispuestos a avanzar. Países como Finlandia, Austria, Suecia e Italia han mostrado dudas. El Gobierno de Pedro Sánchez ha iniciado diálogos bilaterales con países clave como Alemania para lograr unanimidad. El Consejo de Transparencia obligó al Ministerio a revelar información sobre acuerdos alcanzados.
El juicio contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, no se celebrará en la Audiencia Provincial de Badajoz del 9 al 14 de febrero debido a una maniobra política del PSOE. La elección de Miguel Ángel Gallardo como diputado autonómico el 21 de diciembre le concede aforamiento ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX), lo que obliga a trasladar el caso. Gallardo, alcalde de Villanueva de la Serena y cercano a Pedro Sánchez, será elegido diputado autonómico y su aforamiento afecta directamente al juicio contra David Sánchez, acusado de prevaricación y malversación por su gestión en el Conservatorio de Música de Badajoz. Las fuentes judiciales confirman que la Audiencia Provincial de Badajoz no podrá celebrar el juicio y deberá remitirlo al TSJEX. Esta maniobra se suma a anteriores intentos de los acusados para retrasar el juicio, que incluían recusaciones y solicitudes de suspensión. El TSJEX resolverá rápidamente sobre la recusación presentada por la defensa, pero la elección de Gallardo hará que el juicio se traslade. El resultado de las elecciones autonómicas del 21 de diciembre tendrá un impacto directo en el proceso judicial.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha levantado la suspensión cautelar del decreto de régimen lingüístico educativo. La decisión permite sancionar a profesores que incumplan el proyecto lingüístico del centro. El decreto mantiene requisitos lingüísticos para docentes de nueva incorporación, como acreditar un nivel C1 de catalán. La Plataforma per la Llengua ha instado a la consejera de Educación, Esther Niubó, a aplicar sin dilaciones estos preceptos. El TSJC anuló 14 artículos del decreto en septiembre, pero el resto sigue vigente. Los artículos anulados incluían aquellos que situaban el catalán como lengua vehicular preferente en ámbitos como la docencia y la comunicación con las familias. El levantamiento cautelar permite que los artículos restantes recuperen su fuerza legal, regulando aspectos como la autonomía de los centros para definir sus proyectos lingüísticos y la obligación de garantizar la competencia en catalán y castellano al finalizar las etapas educativas.
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