Crítica:
El título sugiere un análisis profundo, pero el contenido se centra más en promocionar el podcast y el libro de Benito Arruñada que en ofrecer una crítica sustancial.
El título sugiere un análisis profundo, pero el contenido se centra más en promocionar el podcast y el libro de Benito Arruñada que en ofrecer una crítica sustancial.
La UCO ha descubierto justificantes de pagos de la trama corrupta a la fundación Fiadelso de José Luis Ábalos en Perú. Los pagos, realizados a través de Western Union, incluían fajos de 2.000 euros en metálico. Patricia, mujer de Koldo García Izaguirre, gestionaba los envíos contactando con Jenifer Balta, ligada a Fiadelso. Un pago fue de 2.214,15 euros en noviembre de 2018. La fundación, supuestamente benéfica, recibió subvenciones para proyectos sociales y ha sido relacionada con la compra de inmuebles a nombre de Ábalos. La UCO encontró pruebas de transferencias a Fiadelso por 18.706 euros y conexiones entre Koldo y Ábalos para gestionar negocios de la fundación. En 2015, Ábalos recibió 1.700 euros de Fiadelso. La UCO halló mensajes entre Ábalos y Koldo discutiendo pagos de préstamos relacionados con la sede de Fiadelso. Koldo gestionaba ingresos y pagos de la fundación, incluyendo pagos de hipoteca y otros gastos relacionados con Ábalos.
Minnesota, históricamente conocido por su alta confianza social gracias a su población de origen noruego, ha visto esta confianza erosionada por la inmigración masiva procedente de Somalia, un país con bajos niveles de confianza. Programas sociales han sido objeto de fraude masivo por parte de la comunidad somalí. El caso 'Feeding Our Future' revela un fraude de 300 millones de dólares y más de 70 personas condenadas. El fiscal federal estima que el dinero defraudado supera los miles de millones de dólares, parte del cual financió a Al-Shabaab, filial de Al-Qaeda en Somalia. El presidente Trump anunció la no renovación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para somalíes, pero se considera una medida insuficiente para abordar el problema de fondo: la difícil adaptación cultural o la necesidad de cambiar el funcionamiento de la sociedad. La inmigración masiva puede traer problemas culturales y económicos si no se gestiona adecuadamente.
Óscar Puente, ministro de Transportes, está implicado en un caso de corrupción relacionado con Acciona y Santos Cerdán. La UCO descubrió que Cerdán acudió al MITMA para colocar a dos personas de Acciona. Koldo García Izaguirre exigió el mantenimiento de dos cargos en la nueva estructura ministerial. Puente mantuvo a Ángel Contreras como presidente de ADIF y a Camino Arce Blanco como directora en SEITT. La UCO detectó conversaciones entre Koldo y Cerdán que revelan la trama corrupta. El 5 de diciembre de 2023, Contreras fue nombrado presidente de Adif y Adif Alta Velocidad. En septiembre de 2024, fue cesado por Puente. La sombra del caso Koldo avanzaba y Puente generó un cortafuegos. Cerdán había negociado tres cargos con el PNV: uno en ADIF, otro en SEPI y otro en el Ministerio de Transición Ecológica. La coordinación de nombramientos entre Santos y Acciona no se limitó a junio de 2018. Koldo dio por hecho que con Óscar Puente como nuevo ministro de Transportes la estructura presuntamente corrupta se mantenía debido a la gran cercanía de Cerdán a él.
Mariano Moreno Pavón, gerente del PSOE con un sueldo de 245.000€ en la empresa pública Enusa, está bajo investigación de la Audiencia Nacional por su gestión de las cuentas del partido entre 2020 y 2021. La Audiencia Nacional ha requerido toda la documentación contable del PSOE de ese período. Pavón está nervioso y ha cancelado todas sus citas. El PSOE conserva justificantes manipulados de pagos internos. Pavón fue pieza central en el sistema de pagos y autorizaba devoluciones en metálico. Su salida del PSOE y traslado a Enusa se produjo después de que la UCO analizara sobres con dinero entregados a dirigentes del partido. Pavón ocultó la existencia de estos documentos en su declaración ante el Supremo. El caso está relacionado con el circuito paralelo de sobres con dinero del PSOE.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha duplicado el gasto en el programa de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en España. El proyecto GEFMES V, que ofrece información a inmigrantes en las costas españolas, pasa de 150.000 a 300.000 euros. El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska firmó una adenda con la OIM para modificar el acuerdo de proyectos en Retorno Voluntario y Gestión Fronteriza Integrada. El acuerdo total pasa de 496.535 a 646.535 euros. El proyecto proporciona folletos informativos en árabe, inglés y francés sobre excepciones para no ser retornado en 72 horas. Entre las razones para permanecer en España están: estar embarazada, ser menor de 18 años, miedo a persecución en su país de origen o ser víctima de trata. La OIM visita zonas de llegada como Almería, Cartagena y las Islas Canarias para informar a los inmigrantes.
La Fiscalía General del Estado informó sobre dificultades en el uso de dispositivos telemáticos de protección para víctimas de violencia de género en algunas provincias españolas debido a 'razones geográficas'. La memoria de 2022 destacó problemas en provincias como Teruel, Cáceres y Soria. El Ministerio de Igualdad, dirigido por Ana Redondo, contrata el servicio a una empresa privada y ha encargado una auditoría para evaluar deficiencias. El sistema de vigilancia se realiza a través del Centro Cometa, relacionando órganos judiciales, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el Ministerio Fiscal. Se detectaron múltiples fallos en las pulseras y problemas con el prestador del servicio. La falta de personal y recursos para informes forenses es un problema recurrente. En 2023, la Fiscalía reportó carencia de Unidades de Valoración Forense Integral a nivel nacional. Provincias como Cuenca, A Coruña y Tenerife no practican valoraciones forenses de riesgo urgentes. La infravaloración de situaciones de riesgo reales en provincias como Cádiz y Córdoba llevó a denegaciones de órdenes de protección. El servicio de teleasistencia Atenpro también falló en zonas rurales por carencias en cobertura móvil.
José Luis Ábalos, ex secretario de organización del PSOE, encarcelado en Soto del Real por presuntos delitos de corrupción, ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez a través de redes sociales. Ábalos denunció la existencia de «líderes autoritarios, medios comprados y estado de Derecho degradado». Afirmó que «se están desmantelando progresivamente las bases necesarias para una sociedad libre, justa e igualitaria». También cuestionó la decisión judicial que le llevó a prisión, calificándola de basarse en un «falso pretexto subjetivo» de riesgo de fuga. Ábalos destacó que es un diputado que acude semanalmente al Congreso, cuida de su madre de 96 años y tiene a un menor a su cargo. Agradeció el buen trato recibido en prisión por parte de funcionarios y otros internos. El ex ministro afirmó que su adaptación está siendo «menos traumática de lo que esperaba» aunque hace «mucho frío». Ábalos aseguró que «sigo fuerte y firme» y que la prisión provisional «no me van a doblegar ni a callar».
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