El artículo presenta pruebas sólidas de la corrupción política en la trama de hidrocarburos, pero podría profundizar más en las implicaciones legales y políticas del caso. La narrativa es convincente, pero requiere un análisis más detallado de las consecuencias.
El jefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Valladolid, Luis Fernández Rafael, fue detenido por narcotráfico por la Unidad de Asuntos Internos (UAI). Había diseñado un sistema para lucrarse con los alijos de droga incautados en operaciones dirigidas por él mismo. El inspector vendía la cocaína a un clan dominicano asentado en Valladolid después de sustituirla antes de su destrucción en plantas incineradoras. La operación Churruca, dirigida por Fernández Rafael, resultó en la incautación de 59 kilos de cocaína valorados en casi 4 millones de euros y la detención de 19 personas. El modus operandi de Fernández incluía dar el cambiazo a la cocaína y venderla al clan dominicano. La investigación descubrió 40 kilos de droga en la casa de un familiar de uno de los detenidos. El alto tren de vida de Fernández levantó sospechas entre los agentes de Asuntos Internos, quienes detuvieron al inspector tras casi un año de investigación. El juez decretó prisión provisional para Fernández y otros cinco detenidos. Fernández es el quinto mando antidroga detenido en menos de dos años por lucrarse de actividades ilegales.
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto para implementar una cobertura que sufrague los impagos de alquileres por parte de jóvenes y personas vulnerables. Esta medida será gestionada por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. La cobertura cubrirá impagos de rentas, daños y costes de suministros. Será aplicable a contratos vigentes hasta el 30 de enero de 2025. El Ministerio de Vivienda anunció una futura línea presupuestaria para financiar esta medida. Además, el Consejo de Ministros aprobó la transformación de Sepes en CASA 47, una entidad pública que gestionará el parque público de vivienda estatal. CASA 47 tendrá una cartera de inmuebles de construcción propia y de otros ministerios y de la Sareb, con más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos recuperados. Los contratos de alquiler de CASA 47 podrán durar hasta 75 años con prórrogas continuas. El Gobierno ya había implementado medidas de ayuda al alquiler en 2020 que resultaron ser un fracaso según Libre Mercado.
Sumar propone incluir en el temario de Secundaria y Bachillerato la visión histórica crítica del colonialismo español en Marruecos. La formación de Yolanda Díaz busca combatir 'discursos racistas' de la 'ultraderecha'. La iniciativa, suscrita por Aina Vidal y Viviane Ogou, defiende que se reconozcan los 'crímenes' cometidos durante el Protectorado español en Marruecos (1912-1956), especialmente en la 'Guerra del Rif' (1921). Se estima que murieron hasta 25.000 soldados españoles, en su mayoría de 'clase trabajadora y reclutados forzosamente'. El conflicto tuvo 'consecuencias devastadoras' para la población civil rifeña, con uso documentado de bombardeos aéreos indiscriminados y armas químicas prohibidas como el gas mostaza. La batalla de Alhucemas (8 de septiembre de 1925), que conmemora su centenario este año, fue clave en este contexto. Sumar considera necesario que España asuma su 'responsabilidad' respecto a los 'crímenes' cometidos y promueva medidas de 'memoria, reconocimiento y reparación' según estándares europeos e internacionales. Para ello, propone incluir el colonialismo español en Marruecos en la asignatura de Historia con perspectiva 'crítica' y basada en derechos humanos. Además, sugiere impulsar acciones de divulgación sobre el colonialismo español en África y promover la colaboración con instituciones culturales de Marruecos, especialmente las de la región del Rif.
Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero fueron detenidos en una operación judicial secreta contra la corrupción. Díez trabajó en ENUSA, empresa dependiente de la SEPI, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, cobrando 106.204 euros de salario y 1.626 euros en dietas. Fernández Guerrero presidió la SEPI entre 2018 y 2019. ENUSA está presidida actualmente por Mariano Moreno, ex tesorero del PSOE, con un sueldo anual de 245.000 euros. Moreno fue nombrado en diciembre de 2021, tras dejar su cargo en el PSOE. La SEPI omitió mencionar su paso por la gerencia del PSOE en el comunicado de su nombramiento. Díez entró en ENUSA meses después de que Pedro Sánchez llegara al poder y luego se trasladó a Correos para llevar las relaciones institucionales del Grupo. ENUSA es una empresa especializada en uranio y forma parte del Grupo SEPI, que gestiona fondos y ayudas a empresas como Air Europa. El informe de la UCO reveló pagos en efectivo durante la gestión de Moreno en el PSOE.
La Presidencia del Gobierno incumple el Real Decreto de 2024 que obliga a tener un protocolo antiacoso sexual. De 22 ministerios, solo uno lo ha implementado. Más del 90% de los 300 entes públicos estatales tampoco lo han adoptado. El protocolo establece un procedimiento de denuncia y protección para víctimas de acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado. Define acoso sexual como comportamiento de naturaleza sexual que crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La falta de implementación priva a empleados de centros oficiales del derecho a protección. Casos como el de Francisco Salazar se tramitaron en el PSOE en lugar de seguir el procedimiento establecido. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la obligación de informar casos de acoso sexual. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es el único que ha implementado el protocolo entre los ministerios. Otros organismos que sí lo han adoptado incluyen la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La no implementación se considera un incumplimiento grave de la normativa vigente.
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró ante la comisión del Senado que se sintió 'obligado' a poner en marcha la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La cátedra se tramitó mediante una 'excepción' prevista en el reglamento universitario. Doadrio afirmó que la asesoría jurídica de la UCM avaló que Gómez no tuviera licenciatura o grado universitario para dirigir la cátedra. Entre 2014 y 2020, Gómez impartió clases en un máster adscrito a la Escuela de Gobierno de la Complutense, cobrando 15.000 euros por su actividad docente. Doadrio también relató que recibió una llamada de Cristina, asesora de Gómez, para pedirle un modelo de convenio, y que en 5 días estaba todo hecho. El exvicerrector insistió en distinguir entre sentir la obligación institucional de tramitar la cátedra y haber recibido presiones para ello. La declaración se produce en el marco de la investigación del caso Koldo en el Senado.
El Consejo de Estado francés ha confirmado la prohibición del uso del catalán en los plenos municipales de cinco ayuntamientos del sur de Francia: Elna, Amélie-les-Bains-Palalda, Port-Vendres, Saint-André y Tarerach. Estos municipios habían introducido en 2022 la posibilidad de emplear el catalán en sus sesiones plenarias con traducción posterior. La decisión se produce pese al esfuerzo de entidades catalanas como Plataforma per la Llengua y Òmnium Cultural por promover el catalán en Francia. Los alcaldes de estos municipios, apoyados por Òmnium Cultural, han perdido la batalla jurídica en Francia y planean acudir al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). La alcaldesa de Amélie-les-Bains-Palalda, Marie Costa, se presentará a la reelección en las próximas elecciones municipales. La sentencia permite la traducción al catalán después del francés como formalidad. El Tratado de los Pirineos, hace más de 250 años, estableció la soberanía francesa sobre estos territorios.
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