Crítica:
El artículo proporciona detalles precisos sobre la detención del jefe de Estupefacientes y su modus operandi, pero podría profundizar más en las implicaciones de este caso en la estructura policial.
El jefe antidroga de Valladolid detenido vendía a un clan dominicano los alijos que incautaba
Detenido jefe de Estupefacientes por narcotráfico
Otros artículos
Blanqueo de capitales en bar de Sevilla
La UCO investiga a Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI y ex mano derecha de María Jesús Montero, por presunto blanqueo de capitales a través de un bar en Sevilla. El bar, gestionado por La Bola Innovación SL, facturó 386.997 euros en 2023, con un beneficio neto de 19.000 euros. Fernández Guerrero asumió la administración en junio de 2023. La UCO analiza la tesorería, existencias y pagos para detectar patrones de blanqueo. La investigación sugiere que el bar podría haber mezclado ingresos reales con fondos ilícitos. La red liderada por Santos Cerdán cobraba comisiones ilegales a empresas con adjudicaciones públicas. Fernández Guerrero trabajó en Servinabar, que recibió 72 millones de euros para la reforma del túnel de Belate. Su patrimonio aumentó significativamente desde 2018, con propiedades valoradas en casi 4 millones de euros y otras inversiones por 1.045.000 euros. La UCO estudia la relación entre su patrimonio y su presunto papel en la red de sobornos. El incremento patrimonial se concentró entre 2018 y 2025, con adquisiciones financiadas parcialmente con hipotecas. La UCO continúa investigando para determinar el alcance de su implicación.
Corrupción política en trama hidrocarburos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha concluido que la trama de hidrocarburos liderada por Víctor de Aldama y Claudio Rivas destinó un millón de euros para 'comprar la voluntad' del exministro de Transportes José Luis Ábalos. La investigación revela que la trama utilizó empresas para realizar pagos ilícitos y que Ábalos recibió un chalé en La Alcaidesa por 585.000 euros. Los investigadores consideran que la red penetró en 'niveles directivos' de otros departamentos, como el Ministerio de Industria y el de Transición Ecológica. La UCO también ha descubierto mensajes de WhatsApp entre la hija de la empresaria Carmen Pano y su pareja, Natán González, que confirman los pagos ilícitos. El caso está relacionado con un presunto fraude de 231 millones de euros con el IVA de los hidrocarburos. La trama también contactó con el jefe de Gabinete de la ministra de Transición Ecológica, Marc Pons, y con el director de Gabinete de la ministra de Industria, Juan Ignacio Díaz Bidart, para agilizar los trámites para obtener una licencia de hidrocarburos para la empresa Villafuel. La UCO sospecha que el asesor de Ábalos, Koldo García, conocía de antemano la nueva responsabilidad de Pons y que utilizó sus contactos para facilitar la consecución del título de operador de hidrocarburos.
Gobierno aprueba ayuda para alquileres impagos
El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó un Real Decreto para implementar una cobertura que sufrague los impagos de alquileres por parte de jóvenes y personas vulnerables. Esta medida será gestionada por comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla. La cobertura cubrirá impagos de rentas, daños y costes de suministros. Será aplicable a contratos vigentes hasta el 30 de enero de 2025. El Ministerio de Vivienda anunció una futura línea presupuestaria para financiar esta medida. Además, el Consejo de Ministros aprobó la transformación de Sepes en CASA 47, una entidad pública que gestionará el parque público de vivienda estatal. CASA 47 tendrá una cartera de inmuebles de construcción propia y de otros ministerios y de la Sareb, con más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos recuperados. Los contratos de alquiler de CASA 47 podrán durar hasta 75 años con prórrogas continuas. El Gobierno ya había implementado medidas de ayuda al alquiler en 2020 que resultaron ser un fracaso según Libre Mercado.
España revisa colonialismo en Marruecos
Sumar propone incluir en el temario de Secundaria y Bachillerato la visión histórica crítica del colonialismo español en Marruecos. La formación de Yolanda Díaz busca combatir 'discursos racistas' de la 'ultraderecha'. La iniciativa, suscrita por Aina Vidal y Viviane Ogou, defiende que se reconozcan los 'crímenes' cometidos durante el Protectorado español en Marruecos (1912-1956), especialmente en la 'Guerra del Rif' (1921). Se estima que murieron hasta 25.000 soldados españoles, en su mayoría de 'clase trabajadora y reclutados forzosamente'. El conflicto tuvo 'consecuencias devastadoras' para la población civil rifeña, con uso documentado de bombardeos aéreos indiscriminados y armas químicas prohibidas como el gas mostaza. La batalla de Alhucemas (8 de septiembre de 1925), que conmemora su centenario este año, fue clave en este contexto. Sumar considera necesario que España asuma su 'responsabilidad' respecto a los 'crímenes' cometidos y promueva medidas de 'memoria, reconocimiento y reparación' según estándares europeos e internacionales. Para ello, propone incluir el colonialismo español en Marruecos en la asignatura de Historia con perspectiva 'crítica' y basada en derechos humanos. Además, sugiere impulsar acciones de divulgación sobre el colonialismo español en África y promover la colaboración con instituciones culturales de Marruecos, especialmente las de la región del Rif.
Detención de Leire Díez y ex tesorero PSOE
Leire Díez y Vicente Fernández Guerrero fueron detenidos en una operación judicial secreta contra la corrupción. Díez trabajó en ENUSA, empresa dependiente de la SEPI, entre octubre de 2018 y diciembre de 2021, cobrando 106.204 euros de salario y 1.626 euros en dietas. Fernández Guerrero presidió la SEPI entre 2018 y 2019. ENUSA está presidida actualmente por Mariano Moreno, ex tesorero del PSOE, con un sueldo anual de 245.000 euros. Moreno fue nombrado en diciembre de 2021, tras dejar su cargo en el PSOE. La SEPI omitió mencionar su paso por la gerencia del PSOE en el comunicado de su nombramiento. Díez entró en ENUSA meses después de que Pedro Sánchez llegara al poder y luego se trasladó a Correos para llevar las relaciones institucionales del Grupo. ENUSA es una empresa especializada en uranio y forma parte del Grupo SEPI, que gestiona fondos y ayudas a empresas como Air Europa. El informe de la UCO reveló pagos en efectivo durante la gestión de Moreno en el PSOE.
Incumplimiento del protocolo antiacoso estatal
La Presidencia del Gobierno incumple el Real Decreto de 2024 que obliga a tener un protocolo antiacoso sexual. De 22 ministerios, solo uno lo ha implementado. Más del 90% de los 300 entes públicos estatales tampoco lo han adoptado. El protocolo establece un procedimiento de denuncia y protección para víctimas de acoso sexual y por razón de sexo en la Administración General del Estado. Define acoso sexual como comportamiento de naturaleza sexual que crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. La falta de implementación priva a empleados de centros oficiales del derecho a protección. Casos como el de Francisco Salazar se tramitaron en el PSOE en lugar de seguir el procedimiento establecido. La Ministra de Igualdad, Ana Redondo, destacó la obligación de informar casos de acoso sexual. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública es el único que ha implementado el protocolo entre los ministerios. Otros organismos que sí lo han adoptado incluyen la Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La no implementación se considera un incumplimiento grave de la normativa vigente.
Exvicerrector UCM explica cátedra Begoña Gómez
Juan Carlos Doadrio, exvicerrector de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), declaró ante la comisión del Senado que se sintió 'obligado' a poner en marcha la cátedra dirigida por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. La cátedra se tramitó mediante una 'excepción' prevista en el reglamento universitario. Doadrio afirmó que la asesoría jurídica de la UCM avaló que Gómez no tuviera licenciatura o grado universitario para dirigir la cátedra. Entre 2014 y 2020, Gómez impartió clases en un máster adscrito a la Escuela de Gobierno de la Complutense, cobrando 15.000 euros por su actividad docente. Doadrio también relató que recibió una llamada de Cristina, asesora de Gómez, para pedirle un modelo de convenio, y que en 5 días estaba todo hecho. El exvicerrector insistió en distinguir entre sentir la obligación institucional de tramitar la cátedra y haber recibido presiones para ello. La declaración se produce en el marco de la investigación del caso Koldo en el Senado.
Comentarios