Crítica:
El contenido cumple con las expectativas del título al detallar la denuncia contra Bartolomé Lora y las irregularidades en el rescate de Air Europa. La información es precisa y detallada.
El contenido cumple con las expectativas del título al detallar la denuncia contra Bartolomé Lora y las irregularidades en el rescate de Air Europa. La información es precisa y detallada.
El Ministerio de Educación y Docentes por la Igualdad firmaron un convenio el 24 de noviembre de 2025 para impartir clases sobre feminismo en el Instituto de Educación Secundaria Abyla de Ceuta. El centro acoge a inmigrantes ilegales y el acuerdo permite que estudiantes realicen estancias formativas en la entidad colaboradora. El convenio incluye un plan formativo con objetivos de aprendizaje, actividades y mecanismos de seguimiento y evaluación. Las aulas de primera acogida para menores inmigrantes funcionan en horario de tarde con cuatro horas lectivas diarias. Cada alumno tiene un plan específico individualizado elaborado por el equipo docente y el departamento de orientación. El IES Abyla cuenta con medio cupo de pedagogía terapéutica y medio cupo de orientación. El convenio detalla obligaciones para la entidad colaboradora y los participantes, incluyendo confidencialidad y respeto a las normas internas.
El Gobierno ha instalado un módulo de 600 metros en el Puerto de Palma con un coste de 2 millones de euros para atender a inmigrantes ilegales. Vox critica estas instalaciones, calificándolas de 'recibimiento VIP' y alimentando el efecto llamada. En 48 horas, han llegado más de 400 inmigrantes en 13 pateras. Las instalaciones cuentan con calefacción, comidas diarias facilitadas por Cruz Roja, baños y espacios independientes. Jorge Campos, diputado de Vox, denuncia que estas medidas dan la espalda a los españoles y fomentan la llegada de más inmigrantes. Vox exige bloquear la llegada de embarcaciones, deportar a inmigrantes ilegales y cerrar instalaciones que fomenten su permanencia. El partido asegura que estas acciones contribuyen al efecto llamada y benefician a las mafias del tráfico de personas. La situación ha desbordado a los servicios de emergencia y seguridad en Baleares. El Gobierno defiende la medida como necesaria para la atención sanitaria básica y la identificación de los recién llegados.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando mantener el veto a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035. La carta, fechada el 11 de diciembre, argumenta que permitir la comercialización de vehículos con motor de combustión más allá de 2035 pondría en riesgo la descarbonización de las inversiones y afectaría negativamente a la competitividad futura de la industria europea del automóvil. Sánchez destaca la importancia de favorecer la producción europea, electrificar las flotas de empresa e impulsar el uso de acero verde. Esta acción se produce días después de que el Gobierno español anunciara el Plan Auto 2030, dotado con 1.280 millones de euros para impulsar la demanda de vehículos eléctricos en España. El plan incluye un programa de ayudas denominado Plan Auto+ con 400 millones de euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos, 580 millones adicionales para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de fábricas, y 300 millones de euros para el despliegue de puntos de recarga en áreas denominadas 'zonas sombra'.
El Consell de Menorca aprueba un nuevo reglamento lingüístico que establece la cooficialidad entre el español y el catalán, con preferencia del menorquín en la atención al público. La Plataforma per la Llengua critica la medida calificándola de 'ofensiva' y 'grave retroceso' para los derechos lingüísticos catalanohablantes. Los partidos de la oposición (socialistas y Més) coinciden con la Plataforma en que se trata de una 'ofensiva' de la derecha. El reglamento elimina la obligación de usar únicamente catalán en reuniones internas y actividades formativas, permitiendo su realización en ambas lenguas. Sa Fundació aplaude la medida por dar preferencia al menorquín y promover su uso en la vida pública. El cambio entra en vigor inmediatamente tras su aprobación el 13 de diciembre de 2025.
El Govern de Marga Prohens (PP) mantendrá en 2026 la política de no conceder subvenciones directas a sindicatos (CCOO, UGT) y patronales (CAEB, PIMEM) por tercer año consecutivo. La medida, que comenzó en 2024 debido a la presión de Vox, implica dejar de repartir 415.000 euros anuales. Aunque no estaba en el programa electoral del PP, el Govern permitirá que estas organizaciones accedan a subvenciones por concurrencia a través de convocatorias públicas, requiriendo justificación de los fondos. La decisión se produce en un contexto de prórroga presupuestaria que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Los arquitectos Óscar Pérez Silanes y José Carlos Pereda Iglesias, del estudio Pereda Pérez Arquitectos, ganaron el concurso para la 'resignificación' del Valle de los Caídos con su proyecto 'La base y la cruz'. Estos mismos arquitectos diseñaron la pasarela del Labrit en Pamplona, que tuvo defectos y generó un coste de 691.129,92 euros para reparaciones. El Ayuntamiento de Pamplona inicialmente reclamó 1.651.695,15 euros a los responsables. El proyecto para el Valle de los Caídos tiene un presupuesto de 31 millones de euros: 26 millones para construcción, 4 millones para honorarios del proyecto ganador y 605.000 euros en premios para finalistas. La propuesta ganadora incluye un centro de interpretación bajo la superficie actual y modifica el eje del conjunto monumental para dar prioridad a la naturaleza. El jurado destacó que el proyecto crea un 'lugar de encuentro y diálogo'.
La empresa Indra entregó 38 correos electrónicos al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso contra Begoña Gómez. Estos correos fueron intercambiados con Cristina Álvarez, asesora de Gómez. El juez ordenó a la UCO analizar los emails para investigar un posible delito de malversación relacionado con la contratación de Álvarez. Begoña Gómez está siendo investigada por un delito de malversación por utilizar los servicios de Cristina Álvarez en favor de sus negocios privados. Indra, junto con Google y Telefónica, desarrolló software para la Universidad Complutense, donde Gómez tenía una cátedra. Gómez registró una marca comercial con una plataforma similar a la desarrollada para la universidad, lo que podría constituir un delito de apropiación indebida. Los correos electrónicos se entregaron en un pendrive y fueron localizados en los sistemas de Indra según su política de conservación de datos.
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