El contenido se centra en la polémica política sobre el tratamiento a inmigrantes, pero podría profundizar más en las implicaciones humanitarias y legales. La crítica de Vox parece más sensacionalista que basada en datos concretos sobre el efecto llamada.
Pedro Sánchez ha enviado dos cartas a Ursula von der Leyen en un mes, solicitando que la UE cumpla con las fechas establecidas para prohibir los motores de combustión. La UE prohibió la venta de coches con motores de combustión en 2035 y su uso en 2050. Sánchez argumenta que España se está convirtiendo en una potencia en electrificación gracias a fábricas de baterías en Sagunto y Zaragoza. Sin embargo, la mayoría de los fabricantes y países de la UE, excepto Francia, piden retrasar estas fechas. La postura de Sánchez se alinea con China, su socio estratégico, que domina el mercado de coches eléctricos con precios muy competitivos. Carlos Tavares advirtió que adelantar la electrificación podría llevar a la industria europea a una crisis, permitiendo a China adquirir marcas europeas y fábricas en dificultades. Sánchez ya había pedido eliminar aranceles a China hace un año, lo que generó suspicacias sobre su relación con el país asiático.
El Ministerio de Educación y Docentes por la Igualdad firmaron un convenio el 24 de noviembre de 2025 para impartir clases sobre feminismo en el Instituto de Educación Secundaria Abyla de Ceuta. El centro acoge a inmigrantes ilegales y el acuerdo permite que estudiantes realicen estancias formativas en la entidad colaboradora. El convenio incluye un plan formativo con objetivos de aprendizaje, actividades y mecanismos de seguimiento y evaluación. Las aulas de primera acogida para menores inmigrantes funcionan en horario de tarde con cuatro horas lectivas diarias. Cada alumno tiene un plan específico individualizado elaborado por el equipo docente y el departamento de orientación. El IES Abyla cuenta con medio cupo de pedagogía terapéutica y medio cupo de orientación. El convenio detalla obligaciones para la entidad colaboradora y los participantes, incluyendo confidencialidad y respeto a las normas internas.
El sindicato Manos Limpias ha denunciado a Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI, por su papel en el rescate de Air Europa con 475 millones de euros pese a tener deudas con Hacienda. La denuncia sostiene que Lora aprobó la ayuda en noviembre de 2020 a pesar de que Globalia, la empresa matriz de Air Europa, tenía deudas millonarias con la Agencia Tributaria. El rescate se estructuró en dos préstamos: uno participativo de 240 millones y otro ordinario de 235 millones, ambos por debajo del umbral de 250 millones que requería notificación a la Comisión Europea. La denuncia también destaca que Air Europa Holding SLU fue constituida un año antes con un capital social mínimo. Manos Limpias atribuye a Lora posibles delitos contra la Hacienda Pública, prevaricación y fraude en la contratación pública. La denuncia solicita la apertura de diligencias y la citación de Lora y otros altos cargos para declarar.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha enviado una carta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, solicitando mantener el veto a la venta de coches nuevos con motor de combustión en 2035. La carta, fechada el 11 de diciembre, argumenta que permitir la comercialización de vehículos con motor de combustión más allá de 2035 pondría en riesgo la descarbonización de las inversiones y afectaría negativamente a la competitividad futura de la industria europea del automóvil. Sánchez destaca la importancia de favorecer la producción europea, electrificar las flotas de empresa e impulsar el uso de acero verde. Esta acción se produce días después de que el Gobierno español anunciara el Plan Auto 2030, dotado con 1.280 millones de euros para impulsar la demanda de vehículos eléctricos en España. El plan incluye un programa de ayudas denominado Plan Auto+ con 400 millones de euros para incentivar la compra de vehículos eléctricos, 580 millones adicionales para el Plan del Vehículo Eléctrico y Conectado (Perte VEC) con el fin de impulsar la industria desde su cadena productiva hasta el desarrollo de fábricas, y 300 millones de euros para el despliegue de puntos de recarga en áreas denominadas 'zonas sombra'.
El Consell de Menorca aprueba un nuevo reglamento lingüístico que establece la cooficialidad entre el español y el catalán, con preferencia del menorquín en la atención al público. La Plataforma per la Llengua critica la medida calificándola de 'ofensiva' y 'grave retroceso' para los derechos lingüísticos catalanohablantes. Los partidos de la oposición (socialistas y Més) coinciden con la Plataforma en que se trata de una 'ofensiva' de la derecha. El reglamento elimina la obligación de usar únicamente catalán en reuniones internas y actividades formativas, permitiendo su realización en ambas lenguas. Sa Fundació aplaude la medida por dar preferencia al menorquín y promover su uso en la vida pública. El cambio entra en vigor inmediatamente tras su aprobación el 13 de diciembre de 2025.
El Govern de Marga Prohens (PP) mantendrá en 2026 la política de no conceder subvenciones directas a sindicatos (CCOO, UGT) y patronales (CAEB, PIMEM) por tercer año consecutivo. La medida, que comenzó en 2024 debido a la presión de Vox, implica dejar de repartir 415.000 euros anuales. Aunque no estaba en el programa electoral del PP, el Govern permitirá que estas organizaciones accedan a subvenciones por concurrencia a través de convocatorias públicas, requiriendo justificación de los fondos. La decisión se produce en un contexto de prórroga presupuestaria que entrará en vigor el 1 de enero de 2026.
Los arquitectos Óscar Pérez Silanes y José Carlos Pereda Iglesias, del estudio Pereda Pérez Arquitectos, ganaron el concurso para la 'resignificación' del Valle de los Caídos con su proyecto 'La base y la cruz'. Estos mismos arquitectos diseñaron la pasarela del Labrit en Pamplona, que tuvo defectos y generó un coste de 691.129,92 euros para reparaciones. El Ayuntamiento de Pamplona inicialmente reclamó 1.651.695,15 euros a los responsables. El proyecto para el Valle de los Caídos tiene un presupuesto de 31 millones de euros: 26 millones para construcción, 4 millones para honorarios del proyecto ganador y 605.000 euros en premios para finalistas. La propuesta ganadora incluye un centro de interpretación bajo la superficie actual y modifica el eje del conjunto monumental para dar prioridad a la naturaleza. El jurado destacó que el proyecto crea un 'lugar de encuentro y diálogo'.
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