El artículo revela una red de financiación pública hacia una fundación vinculada a un exrecaudador de ETA, mostrando la complejidad de las subvenciones estatales. La información detallada pone en cuestión la transparencia en la asignación de fondos públicos.
Sara Simón, consejera de Igualdad del Gobierno de Castilla-La Mancha y secretaria de Política Municipal del PSOE, denunció que Pedro Sánchez infló censos de votantes en las primarias del partido en 2017, especialmente en Guadalajara. Simón afirmó que en algunas agrupaciones aparecieron 30 o 40 personas que no se sabía de dónde venían. Aunque no tiene pruebas, asegura que fue un hecho público y notorio. La dirigente también criticó la gestión de los casos de corrupción y acoso sexual en el partido, cuestionando la legitimidad de Sánchez como líder. Simón exigió que Sánchez asuma responsabilidades por los casos que afectan a personas cercanas a él. El partido atraviesa un momento complicado con varios casos de corrupción y acoso que afectan a personas cercanas a Sánchez. La responsable de Igualdad en Castilla-La Mancha también criticó que la dirección federal pidiera responsabilidades a las compañeras que lideran áreas de igualdad, mientras que los casos graves relacionados con personas cercanas a Sánchez no reciben la misma atención. Simón hizo un llamamiento a los compañeros de partido para que pidan explicaciones y asuman responsabilidades. El 12 de diciembre de 2025, The Objective publicó un tuit con unas declaraciones de Simón en las que denunciaba irregularidades en las primarias que ganó Sánchez.
Forestalia, empresa de energías renovables, liquidó 14 empresas en 48 horas, justo antes de que la UCO registrara su sede el 11 de diciembre. Estas empresas obtenían autorizaciones para parques eólicos en la era de Teresa Ribera. Forestalia está vinculada a Servinabar, propiedad de Antxon Alonso, detenido el 10 de diciembre. La Guardia Civil encontró una escritura de traspaso del 45% de Servinabar a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en el domicilio de Alonso. El liquidador de las empresas es Fernando Samper Rivas, presidente de Fernando Sol S.L., matriz de Forestalia. La UCO investiga presunta corrupción en el Gobierno y detuvo a Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso. También registró varias empresas públicas, incluyendo la SEPI, Mercasa, Sepides y Enusa, así como un piso en Madrid y un bar en Sevilla vinculados a los detenidos.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias destituyó a José Ángel Laso como director de la prisión Madrid VII en Estremera el pasado viernes. Laso había sido nombrado en mayo de 2024 y su destitución se debe a múltiples escándalos, incluyendo el trato de favor a su esposa, funcionaria de prisiones, a quien nombró jefa de servicios y otros puestos de responsabilidad en un corto periodo. También fue denunciado por maltrato a la plantilla y por ordenar la destrucción de nidos de aves protegidas en la prisión, lo que podría acarrear multas de hasta 200.000 euros. La decisión de destituir a Laso fue comunicada por el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz. No se ha designado aún un sustituto, pero se espera que se haga en las próximas semanas. La plantilla del centro penitenciario había mostrado su descontento con la gestión de Laso, denunciando un ambiente hostil y solicitando bajas médicas y traslados. Las acciones de Laso generaron 'gran enfado e indignación' entre los funcionarios. Además de favorecer a su esposa, Laso le otorgó una mención honorífica en el Día de La Merced por su labor en el centro, lo que aumentó el malestar. Las fuentes penitenciarias criticaron duramente la gestión de Laso, calificándola de 'surrealista' y afirmando que gestionaba la prisión 'como si fuera su empresa'.
La aerolínea Plus Ultra recibió 53 millones de euros del Gobierno de España en un rescate que podría haber sido utilizado para blanquear dinero de la corrupción venezolana. La UDEF investiga la trama que involucra a sociedades pantalla en Reino Unido, Suiza y Panamá. El mecanismo consistía en que Plus Ultra recibiera préstamos de estas sociedades vinculadas al chavismo y, tras el rescate, utilizara el dinero público para devolver esos préstamos, 'limpiando' así el dinero sucio. Figuras como José Luis Ábalos y Víctor de Aldama relataron presión de Zapatero para salvar la aerolínea. El préstamo del Gobierno se estructuró en dos partes: un préstamo participativo y otro ordinario, con un total de 53 millones de euros y un plazo de devolución de 7 años, incluyendo un periodo de carencia. La empresa ya ha pagado intereses pero deberá devolver el principal en 2026. La investigación sugiere que parte del dinero se usó para pagar deudas turbias a tramas venezolanas. La empresa, que perdía dinero desde 2015, podría quebrar sin poder devolver el préstamo, dejando al Estado español como acreedor sin garantía real. El caso ha destapado una posible financiación indirecta al régimen chavista y la creación de un corredor VIP para la narcodictadura venezolana.
Leire Díez fue nombrada consejera de Cistec el 7 de julio de 2021, mismo día que SEPI adquirió el 25,5% de la empresa. Permaneció como consejera hasta mayo de 2023. Durante su mandato, Cistec recibió cuatro ayudas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por 960.000 euros y cuatro millones de euros en contratos públicos. La empresa facturó alrededor de ocho millones de euros durante su período. Díez fue detenida el pasado miércoles por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La Guardia Civil también detuvo a Vicente Fernández, ex presidente de SEPI, y Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar. Las pesquisas giran en torno a contrataciones públicas y varias empresas, incluida Cistec. La facturación de Cistec bajó considerablemente en 2021 y 2022, pero tras la salida de SEPI y Díez, la empresa logró volver a la rentabilidad. En 2023, las ventas superaron los 8,4 millones de euros. Díez compaginó su trabajo en Correos con su puesto en Cistec, lo que podría ser incompatible según la Ley de Incompatibilidades. El artículo 14 de esta ley requiere el previo reconocimiento de compatibilidad para actividades fuera de las Administraciones Públicas. Correos tiene un código de conducta que no acepta conflictos de interés entre sus empleados.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) está en alerta máxima tras la detención de su expresidente Vicente Fernández y registros de la UCO en sus oficinas y en cinco empresas participadas. La investigación incluye presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Empresas afectadas: Correos, Mercasa, Sepides, Enusa y Cofivacasa. El temor entre directivos es alto debido a la falta de claridad en las líneas de investigación. Bartolomé Lora, vicepresidente desde septiembre de 2017, está en el foco por su cercanía a Fernández y su rol durante cuatro administraciones. Lora fue presidente interino durante 18 meses y aprobó rescates polémicos del Fondo de Ayuda a la Solvencia de las Empresas Estratégicas (Fasee) durante la pandemia. La SEPI controla rígidamente sus participadas a través de tres directores específicos. La investigación podría destapar vinculaciones en numerosas empresas dentro y fuera de la SEPI.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional detuvo el pasado jueves en Madrid a Julio Martínez Martínez, un empresario español con intereses en Venezuela, en el marco de la investigación sobre el rescate del Gobierno con 53 millones de euros a la compañía aérea Plus Ultra. Martínez forma parte de la cartera de clientes de Whathefav S.L., la agencia de comunicación de Alba y Laura Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Además, administra dos sociedades con sede en la misma urbanización en la que veraneaba Zapatero. La investigación también revela que Zapatero se reunió con José Luis Ábalos para lograr el rescate a la aerolínea vinculada a Venezuela. Julio Martínez Martínez es el tercer detenido en la operación contra Plus Ultra, ordenada por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, después de Julio Martínez Sola, presidente de la compañía, y Roberto Roselli, CEO de la aerolínea. Martínez Martínez habría actuado de enlace entre la compañía aérea y sus intereses con la dictadura de Nicolás Maduro. La sociedad Análisis Relevante S.L., relacionada con las hijas de Zapatero, figura en la cartera de clientes que han hecho trabajos de consultoría y diseño para Julio Martínez Martínez. Zapatero se encuentra 'nervioso' tras la detención del dueño de Plus Ultra, su amigo Julio Martínez Sola.
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