El artículo presenta una investigación exhaustiva sobre los rescates de la SEPI durante la pandemia, revelando posibles irregularidades y corrupción. La falta de transparencia por parte de la SEPI y el Ministerio de Hacienda genera más sospechas.
La juez del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor ha citado a Olga García Sáez, directora de operaciones de Correos, como testigo por presunto amaño de votos a favor del PSOE en Albaida del Aljarafe durante las elecciones municipales de mayo de 2019. García Sáez deberá comparecer el 2 de febrero de 2026 a las 11:00 horas. La investigación analiza la tramitación de solicitudes de voto por correo y posibles irregularidades. La Guardia Civil ha detectado indicios de un modus operandi similar en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde se investigan presuntas compras de votos y coacciones a electores. En Albaida del Aljarafe, se investiga la participación de la dirección local del PSOE y posibles coordinaciones con otros municipios. La causa podría ampliarse con nuevas imputaciones.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y una empresa llamada Mediaciones Martínez, que gestionaba residencias de inmigrantes en Canarias durante la crisis de las pateras en 2024. La empresa Residencias Tuteladas de Aragón, creada por Carmelo Aznárez, se dedicaba a la acogida residencial de inmigrantes. El grupo Hiroruk, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, habría obtenido 750.000 euros por intermediar en rescates y contratos públicos por valor de 132,9 millones. La SEPI concedió un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos y Sepides otorgó 17,3 millones a Arapellet, parte del grupo Forestalia. Los investigadores han acreditado transferencias de al menos 49.350 euros a favor de Vicente Fernández. La trama operó entre 2021 y 2023, afectando varias Administraciones públicas.
El juez Antonio Piña investiga a Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso por una trama de corrupción que involucró al menos cinco operaciones por 132.9 millones de euros. El grupo Hirurok cobró más de 750.000 euros en comisiones entre 2021 y 2023. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que la trama utilizó la empresa Mediaciones Martínez para canalizar los pagos. Los investigadores creen que los fondos se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, recibió al menos 49.350 euros. La trama influyó en la concesión de un rescate de 112.8 millones a Tubos Reunidos y en ayudas públicas de 17.3 millones a Arapellet. También adjudicaron un contrato de 2.8 millones en el Parque Empresarial Principado de Asturias y otro de 18.120 euros a Servinabar. La investigación también incluye sobrecostes en Enusa por 17.545 euros.
Juan Antonio Roca, exgerente de urbanismo de Marbella, fue condenado a 17 años por malversación, blanqueo de capitales y cohecho en el caso Malaya. Falleció Julián Muñoz, su socio en la corrupción, el 24 de septiembre a los 76 años. Roca amasó más de 2.400 millones de euros mediante recalificaciones de terrenos y cobro de comisiones. Fue liberado en 2019 tras 12 años en prisión por delitos fiscales, cohecho y blanqueo de capitales, debiendo pagar 60 millones de euros. Roca ganó 80 premios de lotería, incluyendo 50 premios de Navidad, y admitió blanquear 646.000 euros mediante boletos premiados. Vive en un piso de lujo valorado en más de 2 millones de euros, aunque no está a su nombre. Colabora con Cáritas en la reinserción de reclusos. Su esposa y familiares también estuvieron investigados por su relación con los premios de lotería.
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ganó siete veces la Lotería entre 2000 y 2011, acumulando 2,2 millones de euros. Fue condenado a cuatro años de cárcel en 2013 por defraudar 700.000 euros a Hacienda. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 12 años más de cárcel por delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y cohecho. En 2024, se reabrió una causa contra él y su familia por la venta de terrenos de un campo de golf. La familia Fabra utilizó una trama para ocultar su patrimonio y evitar embargos judiciales. Entre 2007 y 2017, Fabra manejó 2.696.994,73 euros en efectivo y tuvo abonos bancarios por más de 26 millones de euros. Actualmente, Fabra vive de su pensión de jubilación y la ayuda de sus hijos. La Agencia Tributaria subastó varias de sus propiedades para saldar deudas.
Las asociaciones agrarias europeas, incluidas las españolas Asaja, COAG y UPA, se movilizarán en Bruselas para protestar contra la propuesta de la Comisión Europea de recortar la PAC (Política Agraria Común) en un 20% para el período posterior a 2027. Denuncian que este recorte, que para España supondría una pérdida de 900 millones de euros anuales, pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE. Además, critican que la propuesta de un fondo único para todas las políticas de cohesión enmascara un recorte encubierto y una renacionalización de la PAC. La movilización, considerada histórica, contará con representantes de los 27 Estados miembros de la UE y exigirá una PAC con presupuesto propio y estructurada en dos pilares. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha asegurado que la agricultura será un elemento central en el próximo periodo presupuestario, pero los agricultores dudan de sus promesas debido a la propuesta de recorte.
Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, critica en The Wall Street Journal cómo el gobierno de Pedro Sánchez socava la restauración de la democracia en Venezuela. Señala que España podría presionar a Maduro para que abandone el poder. El gobierno socialista actúa como apologista del régimen de Maduro. Álvarez de Toledo destaca que Madrid debe su éxito a políticas favorables al mercado y a la llegada de hispanoamericanos que huyen de la represión. En 2023, más de 1 millón de latinoamericanos vivían en Madrid, incluyendo 184.000 venezolanos. La migración venezolana se intensificó en 2014 debido al colapso económico y la represión de Maduro. Álvarez de Toledo cita a Giorgia Meloni: 'La izquierda habla del derecho a emigrar, pero ¿y el derecho a no tener que emigrar?'. España no ha reconocido los resultados de las elecciones de julio de 2024 que dieron la victoria a Edmundo González. Pedro Sánchez se niega a llamar 'dictador' a Maduro. El exembajador de Zapatero en Venezuela se declaró culpable de fraude fiscal en 2024 tras ocultar millones recibidos de PDVSA. Zapatero es considerado el principal agente internacional del régimen de Maduro. Álvarez de Toledo también acusa a los socialistas de abrirle la puerta a China en Europa, Venezuela y Cuba. María Corina Machado, Nobel de la Paz, fue aislada por su postura de 'cero compromisos' contra el régimen de Maduro.
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