El título revela la conexión entre la trama SEPI y la gestión de inmigrantes, pero el contenido ofrece más detalles sobre la corrupción y los implicados. La investigación profundiza en los mecanismos de la trama y sus consecuencias financieras.
El número de asesores y personal eventual en los ministerios del Gobierno alcanza 987 personas a julio de 2025, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esto representa un aumento de 39 personas respecto a enero de 2025 y más de 300 personas desde julio de 2018. El incremento se concentra principalmente en Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que suman 499 eventuales, 22 más que en enero. Otros ministerios como Transformación Digital y Función Pública, Política Territorial y Memoria Democrática, y Ciencia, Innovación y Universidades también registran aumentos. El total de empleados públicos en España supera los 3,1 millones, con 3.107.195 efectivos a julio de 2025, un incremento de 69.763 en seis meses y más de 523.000 desde julio de 2018. Los ministerios cuentan con 96.441 empleados a julio de 2025, frente a los 95.337 de enero. El aumento del personal de confianza ocurre en un contexto de expansión general del sector público y mayor presión sobre las cuentas públicas debido al crecimiento del gasto en pensiones, retribuciones públicas y deuda.
La juez del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor ha citado a Olga García Sáez, directora de operaciones de Correos, como testigo por presunto amaño de votos a favor del PSOE en Albaida del Aljarafe durante las elecciones municipales de mayo de 2019. García Sáez deberá comparecer el 2 de febrero de 2026 a las 11:00 horas. La investigación analiza la tramitación de solicitudes de voto por correo y posibles irregularidades. La Guardia Civil ha detectado indicios de un modus operandi similar en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde se investigan presuntas compras de votos y coacciones a electores. En Albaida del Aljarafe, se investiga la participación de la dirección local del PSOE y posibles coordinaciones con otros municipios. La causa podría ampliarse con nuevas imputaciones.
Cuatro de los 29 rescates realizados por la SEPI durante la pandemia están bajo investigación por sospecha de corrupción. Estos cuatro rescates representan 961 millones de euros, el 36% del total concedido por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Los rescates investigados son: Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Plus Ultra (53 millones) y Tubos Reunidos (113 millones). La investigación revela posibles irregularidades en la concesión de estos rescates, incluyendo pagos a intermediarios y uso indebido de fondos. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y otros detenidos están siendo investigados por delitos como prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Los datos conocidos indican que el grupo Hirurok recibió 114.950 euros por su intermediación en el rescate de Tubos Reunidos. De manera similar, Víctor de Aldama cobró 169.400 euros por asesorar a Air Europa. La SEPI y el Ministerio de Hacienda defienden que se respetó la normativa, pero se niegan a revelar detalles de los expedientes. La Audiencia Nacional ha solicitado información sobre los rescates de Ávoris y Air Europa, pero el Ministerio de Hacienda se niega a aportarla. La investigación continúa con registros en la sede de Plus Ultra y detenciones de sus directivos.
El juez Antonio Piña investiga a Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso por una trama de corrupción que involucró al menos cinco operaciones por 132.9 millones de euros. El grupo Hirurok cobró más de 750.000 euros en comisiones entre 2021 y 2023. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que la trama utilizó la empresa Mediaciones Martínez para canalizar los pagos. Los investigadores creen que los fondos se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, recibió al menos 49.350 euros. La trama influyó en la concesión de un rescate de 112.8 millones a Tubos Reunidos y en ayudas públicas de 17.3 millones a Arapellet. También adjudicaron un contrato de 2.8 millones en el Parque Empresarial Principado de Asturias y otro de 18.120 euros a Servinabar. La investigación también incluye sobrecostes en Enusa por 17.545 euros.
Juan Antonio Roca, exgerente de urbanismo de Marbella, fue condenado a 17 años por malversación, blanqueo de capitales y cohecho en el caso Malaya. Falleció Julián Muñoz, su socio en la corrupción, el 24 de septiembre a los 76 años. Roca amasó más de 2.400 millones de euros mediante recalificaciones de terrenos y cobro de comisiones. Fue liberado en 2019 tras 12 años en prisión por delitos fiscales, cohecho y blanqueo de capitales, debiendo pagar 60 millones de euros. Roca ganó 80 premios de lotería, incluyendo 50 premios de Navidad, y admitió blanquear 646.000 euros mediante boletos premiados. Vive en un piso de lujo valorado en más de 2 millones de euros, aunque no está a su nombre. Colabora con Cáritas en la reinserción de reclusos. Su esposa y familiares también estuvieron investigados por su relación con los premios de lotería.
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ganó siete veces la Lotería entre 2000 y 2011, acumulando 2,2 millones de euros. Fue condenado a cuatro años de cárcel en 2013 por defraudar 700.000 euros a Hacienda. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 12 años más de cárcel por delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y cohecho. En 2024, se reabrió una causa contra él y su familia por la venta de terrenos de un campo de golf. La familia Fabra utilizó una trama para ocultar su patrimonio y evitar embargos judiciales. Entre 2007 y 2017, Fabra manejó 2.696.994,73 euros en efectivo y tuvo abonos bancarios por más de 26 millones de euros. Actualmente, Fabra vive de su pensión de jubilación y la ayuda de sus hijos. La Agencia Tributaria subastó varias de sus propiedades para saldar deudas.
Las asociaciones agrarias europeas, incluidas las españolas Asaja, COAG y UPA, se movilizarán en Bruselas para protestar contra la propuesta de la Comisión Europea de recortar la PAC (Política Agraria Común) en un 20% para el período posterior a 2027. Denuncian que este recorte, que para España supondría una pérdida de 900 millones de euros anuales, pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la UE. Además, critican que la propuesta de un fondo único para todas las políticas de cohesión enmascara un recorte encubierto y una renacionalización de la PAC. La movilización, considerada histórica, contará con representantes de los 27 Estados miembros de la UE y exigirá una PAC con presupuesto propio y estructurada en dos pilares. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, ha asegurado que la agricultura será un elemento central en el próximo periodo presupuestario, pero los agricultores dudan de sus promesas debido a la propuesta de recorte.
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