Crítica:
El título es directo y el contenido ofrece detalles relevantes sobre la investigación judicial. La información podría profundizar más en las implicaciones políticas del caso.
Otros artículos
Zapatero usa escoltas en cita clandestina
José Luis Rodríguez Zapatero utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar reuniones clandestinas con Julio Martínez, empresario detenido por blanqueo de capitales relacionado con Plus Ultra. El último encuentro fue el lunes anterior a su detención, en el monte de El Pardo (Madrid), zona sin cobertura telefónica. El operativo incluyó cuatro vehículos y seis agentes. Zapatero se desplazó en un Toyota Land Cruiser negro, acompañado por un Land Rover Freelander blanco con antenas de seguridad. Otros vehículos involucrados fueron un MG negro para contravigilancia y un Ford Mondeo azul. Los encuentros entre Zapatero y Martínez eran prácticamente diarios desde hacía varios años bajo protección oficial. La reunión se realizó en un descampado del monte de El Pardo, seguido de un paseo por un camino restringido y cerrado al tránsito general, y finalizó en el restaurante El Torreón. Durante el encuentro, Martínez mostró documentación a Zapatero en una bolsa de deporte. El dispositivo de seguridad incluía vigilancia en los accesos y perímetro, aprovechando la falta de cobertura telefónica y el control de accesos para mantener el secreto.
Gobierno aumenta asesores a 987 personas
El número de asesores y personal eventual en los ministerios del Gobierno alcanza 987 personas a julio de 2025, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esto representa un aumento de 39 personas respecto a enero de 2025 y más de 300 personas desde julio de 2018. El incremento se concentra principalmente en Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que suman 499 eventuales, 22 más que en enero. Otros ministerios como Transformación Digital y Función Pública, Política Territorial y Memoria Democrática, y Ciencia, Innovación y Universidades también registran aumentos. El total de empleados públicos en España supera los 3,1 millones, con 3.107.195 efectivos a julio de 2025, un incremento de 69.763 en seis meses y más de 523.000 desde julio de 2018. Los ministerios cuentan con 96.441 empleados a julio de 2025, frente a los 95.337 de enero. El aumento del personal de confianza ocurre en un contexto de expansión general del sector público y mayor presión sobre las cuentas públicas debido al crecimiento del gasto en pensiones, retribuciones públicas y deuda.
Trama SEPI: Corrupción y gestión de inmigrantes
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga una trama de corrupción vinculada a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y una empresa llamada Mediaciones Martínez, que gestionaba residencias de inmigrantes en Canarias durante la crisis de las pateras en 2024. La empresa Residencias Tuteladas de Aragón, creada por Carmelo Aznárez, se dedicaba a la acogida residencial de inmigrantes. El grupo Hiroruk, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, habría obtenido 750.000 euros por intermediar en rescates y contratos públicos por valor de 132,9 millones. La SEPI concedió un rescate de 112,8 millones a Tubos Reunidos y Sepides otorgó 17,3 millones a Arapellet, parte del grupo Forestalia. Los investigadores han acreditado transferencias de al menos 49.350 euros a favor de Vicente Fernández. La trama operó entre 2021 y 2023, afectando varias Administraciones públicas.
Rescates SEPI investigados por corrupción millonaria
Cuatro de los 29 rescates realizados por la SEPI durante la pandemia están bajo investigación por sospecha de corrupción. Estos cuatro rescates representan 961 millones de euros, el 36% del total concedido por el Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE). Los rescates investigados son: Air Europa (475 millones), Ávoris (320 millones), Plus Ultra (53 millones) y Tubos Reunidos (113 millones). La investigación revela posibles irregularidades en la concesión de estos rescates, incluyendo pagos a intermediarios y uso indebido de fondos. El expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y otros detenidos están siendo investigados por delitos como prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Los datos conocidos indican que el grupo Hirurok recibió 114.950 euros por su intermediación en el rescate de Tubos Reunidos. De manera similar, Víctor de Aldama cobró 169.400 euros por asesorar a Air Europa. La SEPI y el Ministerio de Hacienda defienden que se respetó la normativa, pero se niegan a revelar detalles de los expedientes. La Audiencia Nacional ha solicitado información sobre los rescates de Ávoris y Air Europa, pero el Ministerio de Hacienda se niega a aportarla. La investigación continúa con registros en la sede de Plus Ultra y detenciones de sus directivos.
Trama de corrupción en la SEPI
El juez Antonio Piña investiga a Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso por una trama de corrupción que involucró al menos cinco operaciones por 132.9 millones de euros. El grupo Hirurok cobró más de 750.000 euros en comisiones entre 2021 y 2023. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil descubrió que la trama utilizó la empresa Mediaciones Martínez para canalizar los pagos. Los investigadores creen que los fondos se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca. Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, recibió al menos 49.350 euros. La trama influyó en la concesión de un rescate de 112.8 millones a Tubos Reunidos y en ayudas públicas de 17.3 millones a Arapellet. También adjudicaron un contrato de 2.8 millones en el Parque Empresarial Principado de Asturias y otro de 18.120 euros a Servinabar. La investigación también incluye sobrecostes en Enusa por 17.545 euros.
Caso Malaya: fortuna y condenas
Juan Antonio Roca, exgerente de urbanismo de Marbella, fue condenado a 17 años por malversación, blanqueo de capitales y cohecho en el caso Malaya. Falleció Julián Muñoz, su socio en la corrupción, el 24 de septiembre a los 76 años. Roca amasó más de 2.400 millones de euros mediante recalificaciones de terrenos y cobro de comisiones. Fue liberado en 2019 tras 12 años en prisión por delitos fiscales, cohecho y blanqueo de capitales, debiendo pagar 60 millones de euros. Roca ganó 80 premios de lotería, incluyendo 50 premios de Navidad, y admitió blanquear 646.000 euros mediante boletos premiados. Vive en un piso de lujo valorado en más de 2 millones de euros, aunque no está a su nombre. Colabora con Cáritas en la reinserción de reclusos. Su esposa y familiares también estuvieron investigados por su relación con los premios de lotería.
Carlos Fabra: Suerte y Controversia
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y líder del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, ganó siete veces la Lotería entre 2000 y 2011, acumulando 2,2 millones de euros. Fue condenado a cuatro años de cárcel en 2013 por defraudar 700.000 euros a Hacienda. En 2021, la Fiscalía Anticorrupción solicitó 12 años más de cárcel por delitos de insolvencia punible, blanqueo de capitales y cohecho. En 2024, se reabrió una causa contra él y su familia por la venta de terrenos de un campo de golf. La familia Fabra utilizó una trama para ocultar su patrimonio y evitar embargos judiciales. Entre 2007 y 2017, Fabra manejó 2.696.994,73 euros en efectivo y tuvo abonos bancarios por más de 26 millones de euros. Actualmente, Fabra vive de su pensión de jubilación y la ayuda de sus hijos. La Agencia Tributaria subastó varias de sus propiedades para saldar deudas.
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