Crítica:
El contenido revela la ineficiencia de la Oficina Antifraude pese a su papel crucial. La falta de sanciones y la alta tasa de denuncias anónimas evidencian su fracaso.
El miedo a denunciar la corrupción certifica el fracaso de la 'Oficina Antifrau' del PSC
Oficina Antifrau Cataluña bajo escrutinio
Otros artículos
Corrupción en la SEPI salpica a directivos
La Guardia Civil investiga una trama corrupta en la SEPI que involucra al expresidente Vicente Fernández y posiblemente a otros empleados. La UCO registró la sede de la SEPI y tres sociedades participadas. El juez investiga presuntos amaños de contratos públicos y cobro de comisiones. La SEPI gestionó 112 millones para Tubos Reunidos y 53 millones para Plus Ultra. El vicepresidente Bartolomé Lora fue denunciado por su papel en el rescate de Air Europa. La investigación podría extenderse a otros empleados y empresas participadas. La presidenta Belén Gualda trabaja bajo presión mientras se aclaran los hechos. La trama podría haber operado hasta 2023 y estar relacionada con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La Fiscalía Europea y la Oficina Antifraude de la UE podrían emprender acciones si se confirman irregularidades con fondos europeos.
Bruselas sanciona a España por incumplimiento legislativo
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 28 de junio de 2022 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. La sentencia anuló la reforma de 2015 realizada por Cristóbal Montoro. España tiene dos meses para responder. De no hacerlo satisfactoriamente, la Comisión podría remitir el asunto de nuevo al TJUE, que podría imponer una multa coercitiva. La responsabilidad del Estado es un principio importante del Derecho de la Unión Europea que establece la indemnización por daños causados a particulares. En 2015, la Comisión recibió denuncias sobre la incompatibilidad de la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015 con el Derecho de la Unión. El TJUE confirmó que España había infringido el Derecho de la Unión. Dos proyectos de ley han quedado varados sin incorporar la sentencia a la legislación española. El segundo proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de octubre, está en trámite de enmiendas hasta el 30 de diciembre. El TJUE declaró que el régimen español de responsabilidad patrimonial del Estado incumple el Derecho de la UE por infringir el principio de efectividad, especialmente en casos de autoliquidaciones tributarias. El Supremo también ha tenido problemas con este asunto, desestimando reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas del modelo 720.
Juez pide móviles de Mossos por Puigdemont
La juez María Antonia Coscollola del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha ordenado la incautación de los teléfonos móviles de tres agentes de los Mossos d'Esquadra (David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo) investigados por encubrimiento en la segunda fuga de Carles Puigdemont. La magistrada busca determinar si entre el 8 de julio y el 9 de agosto del año pasado llevaron a cabo alguna "actuación coordinada" para impedir el cumplimiento de la orden de detención del Tribunal Supremo. La decisión se produce a instancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Autonómica Catalana y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona obligara a la juez a practicar esta diligencia. Puigdemont reapareció en Barcelona el 8 de agosto de 2024 para la sesión de investidura de Salvador Illa y logró escapar pese a un operativo de casi mil Mossos. El exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, declaró en junio que no contemplaron la hipótesis de que Puigdemont pretendiera fugarse y que no contactaron con otras fuerzas de seguridad para impedir su entrada o salida de España.
Desmantelan red fraude hidrocarburos y arsenal
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una red de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos liderada por la empresa Biomar Oil, descubriendo un arsenal clandestino en Ávila. El fraude asciende a 300 millones de euros entre 2023 y 2024. Se han detenido ocho personas y se han intervenido bienes por valor de millones de euros, incluyendo 167 relojes de lujo, 60 vehículos de alta gama y más de 130.000 euros en efectivo. La investigación, iniciada en 2023 por la UDEF Central, reveló una organización criminal que ofrecía carburantes a precios bajos incumpliendo las obligaciones fiscales y sin utilizar biocombustibles, lo que les permitía obtener un amplio margen económico. La operación incluyó nueve registros simultáneos en Madrid y Ávila el 2 de diciembre, donde se encontraron armas modificadas, munición de guerra y un vehículo blindado con un cañón ametrallador. Los detenidos están investigados por blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
Zapatero implicado en operaciones Plus Ultra
La vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero en Aravaca (Madrid) fue escenario de cinco reuniones secretas entre septiembre y diciembre de 2023 relacionadas con la operativa financiera de Plus Ultra que investiga la Policía Nacional. Estas reuniones forman parte de una cadena de contactos discretos que involucraron a Julio Martínez, empresario posteriormente detenido, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción analiza si los 53 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para rescatar a Plus Ultra fueron utilizados para otros fines, incluyendo transferencias internacionales a Venezuela. Los encuentros seguían un esquema organizado: Zapatero se reunía con Julio Martínez en un lugar aislado de El Pardo, luego Martínez se reunía con el presidente de Plus Ultra en La Moraleja, y finalmente regresaba a la vivienda de Zapatero para informar. Utilizaban teléfonos de prepago y cambiaron de dispositivos frecuentemente para evitar dejar rastro. La secuencia de reuniones coincidió con el periodo que examina la investigación policial. Meses después, Zapatero vendió la vivienda de Aravaca y se mudó a Las Rozas, solicitando un refuerzo de su dispositivo de seguridad que triplicó el número de escoltas.
PSOE investigado por eliminar denuncias acoso sexual
La Autoridad de Protección del Informante ha admitido a trámite una denuncia contra el PSOE por presuntas irregularidades en su canal interno de denuncias. El organismo investigará si el sistema cumple con las garantías exigidas por la Ley de 2023 para proteger a los denunciantes. La denuncia señala que cuatro comunicaciones internas sobre presuntos hechos de acoso sexual atribuidos a Francisco Salazar, ex director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, desaparecieron del sistema. El PSOE reconoció un 'fallo informático' y Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, admitió 'fallos' en la gestión de las denuncias. La Ley establece la obligación de remitir inmediatamente al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito. La sanción por infracciones muy graves puede alcanzar hasta un millón de euros. El caso estalló el 1 de diciembre cuando eldiario.es publicó que el PSOE había 'cortocircuitado' la investigación. El 7 de diciembre, Pedro Sánchez acordó el cese de Antonio Hernández, identificado como 'mano derecha' de Salazar en Moncloa y mencionado en las denuncias. La Autoridad ha remitido el expediente al Departamento de Sanciones para que inicie las investigaciones necesarias.
Corrupción y lujo en caso Plus Ultra
Los investigados en el caso Plus Ultra, relacionado con el desvío de 53 millones de euros del rescate aeronáutico, llevaban un tren de vida ostentoso entre República Dominicana y Madrid. Los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arburu, empresarios peruanos, residen en La Romana, una urbanización exclusiva de República Dominicana. Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, empresario vinculado al régimen chavista, también vive en la misma urbanización. Los investigados utilizaron un piso de lujo en el barrio de Los Jerónimos, Madrid, como sede de tres sociedades pantalla para blanquear capitales. La investigación implica a José Luis Rodríguez Zapatero. Los implicados llevaban años sin pisar territorio español, refugiados en paraísos fiscales del Caribe.
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