El título sugiere una conexión directa entre las reuniones en casa de Zapatero y la investigación sobre Plus Ultra, lo cual se confirma en el contenido. La información es detallada y precisa, aunque podría profundizarse en las implicaciones legales de estas reuniones.
La juez María Antonia Coscollola del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha ordenado la incautación de los teléfonos móviles de tres agentes de los Mossos d'Esquadra (David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo) investigados por encubrimiento en la segunda fuga de Carles Puigdemont. La magistrada busca determinar si entre el 8 de julio y el 9 de agosto del año pasado llevaron a cabo alguna "actuación coordinada" para impedir el cumplimiento de la orden de detención del Tribunal Supremo. La decisión se produce a instancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Autonómica Catalana y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona obligara a la juez a practicar esta diligencia. Puigdemont reapareció en Barcelona el 8 de agosto de 2024 para la sesión de investidura de Salvador Illa y logró escapar pese a un operativo de casi mil Mossos. El exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, declaró en junio que no contemplaron la hipótesis de que Puigdemont pretendiera fugarse y que no contactaron con otras fuerzas de seguridad para impedir su entrada o salida de España.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una red de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos liderada por la empresa Biomar Oil, descubriendo un arsenal clandestino en Ávila. El fraude asciende a 300 millones de euros entre 2023 y 2024. Se han detenido ocho personas y se han intervenido bienes por valor de millones de euros, incluyendo 167 relojes de lujo, 60 vehículos de alta gama y más de 130.000 euros en efectivo. La investigación, iniciada en 2023 por la UDEF Central, reveló una organización criminal que ofrecía carburantes a precios bajos incumpliendo las obligaciones fiscales y sin utilizar biocombustibles, lo que les permitía obtener un amplio margen económico. La operación incluyó nueve registros simultáneos en Madrid y Ávila el 2 de diciembre, donde se encontraron armas modificadas, munición de guerra y un vehículo blindado con un cañón ametrallador. Los detenidos están investigados por blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La Autoridad de Protección del Informante ha admitido a trámite una denuncia contra el PSOE por presuntas irregularidades en su canal interno de denuncias. El organismo investigará si el sistema cumple con las garantías exigidas por la Ley de 2023 para proteger a los denunciantes. La denuncia señala que cuatro comunicaciones internas sobre presuntos hechos de acoso sexual atribuidos a Francisco Salazar, ex director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, desaparecieron del sistema. El PSOE reconoció un 'fallo informático' y Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, admitió 'fallos' en la gestión de las denuncias. La Ley establece la obligación de remitir inmediatamente al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito. La sanción por infracciones muy graves puede alcanzar hasta un millón de euros. El caso estalló el 1 de diciembre cuando eldiario.es publicó que el PSOE había 'cortocircuitado' la investigación. El 7 de diciembre, Pedro Sánchez acordó el cese de Antonio Hernández, identificado como 'mano derecha' de Salazar en Moncloa y mencionado en las denuncias. La Autoridad ha remitido el expediente al Departamento de Sanciones para que inicie las investigaciones necesarias.
Los investigados en el caso Plus Ultra, relacionado con el desvío de 53 millones de euros del rescate aeronáutico, llevaban un tren de vida ostentoso entre República Dominicana y Madrid. Los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca Arburu, empresarios peruanos, residen en La Romana, una urbanización exclusiva de República Dominicana. Danilo Alfonso Diazgranados Manglano, empresario vinculado al régimen chavista, también vive en la misma urbanización. Los investigados utilizaron un piso de lujo en el barrio de Los Jerónimos, Madrid, como sede de tres sociedades pantalla para blanquear capitales. La investigación implica a José Luis Rodríguez Zapatero. Los implicados llevaban años sin pisar territorio español, refugiados en paraísos fiscales del Caribe.
La juez Lidia Montaño del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha desestimado el recurso de la Fiscalía que buscaba eximir a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, de la investigación por falso testimonio. La investigación se inició tras una querella presentada por la asociación Hazte Oír en abril de 2025 por supuestas mentiras durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La juez considera que concurren elementos objetivos y subjetivos que hacen necesario continuar con la causa. El delito de falso testimonio puede conllevar condenas de entre 6 meses y 1 año de prisión o multas de 12 a 24 meses. Cerdán fue imputado en junio de 2025 por presuntos cobros de mordidas y pasó 142 días en prisión preventiva. La Fiscalía alegó que Cerdán tenía derecho a no declarar contra sí mismo y que mentir en su testimonio fue una estrategia legítima de autodefensa. Sin embargo, la juez sostiene que las preguntas y respuestas de Cerdán estaban relacionadas con el objeto de la comisión de investigación y no eran manifestaciones políticas. La asociación Hazte Oír defiende que Cerdán mintió directamente en su testimonio.
Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, posee una VPO y un casoplón de 519 m2 en Villanueva de la Serena. Adquirió la VPO el 23 de diciembre de 2002 por 109 m2. Gallardo fue alcalde de Villanueva de la Serena desde el 14 de junio de 2003 hasta el 20 de marzo de 2024 y presidente de la Diputación de Badajoz desde el 18 de julio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025. Declaró tres inmuebles distintos en su declaración de bienes y rentas presentada el 21 de mayo de 2025, camuflando las dimensiones del casoplón. Según el Catastro, el casoplón tiene 519 m2 y fue comprado en 2016 al 50% con Montserrat Manchado. La VPO sigue sujeta al régimen de protección oficial y no ha sido cancelada por caducidad. Gallardo está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación del hermano de Pedro Sánchez.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comunicaba con Julio Martínez, empresario detenido por blanqueo de capitales, a través de un teléfono móvil de prepago. Utilizaban un sistema de comunicaciones diseñado para evitar rastros, con dispositivos básicos sin conexión a internet y tarjetas SIM de prepago. Martínez facilitaba los terminales a Zapatero y los retiraba posteriormente siguiendo criterios de seguridad estrictos. El empresario manejaba entre cuatro y seis teléfonos al mes, utilizándolos de forma simultánea y escalonada. La Policía no logró intervenir todos los dispositivos utilizados. La investigación continúa abierta y se centra en reconstruir las comunicaciones diseñadas para no dejar rastro. Julio Martínez fue detenido junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, por una presunta trama internacional de blanqueo de capitales. Los detenidos quedaron en libertad provisional con retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La investigación también analiza movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones vinculadas al tráfico de oro. Análisis Relevante SL, una de las sociedades de Martínez, figura como cliente de What The Fav, la agencia de comunicación fundada por las hijas de Zapatero.
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