El título revela detalles sórdidos del caso Plus Ultra, pero el contenido se centra más en describir el lujoso estilo de vida de los investigados que en profundizar en la trama de corrupción. La conexión con José Luis Rodríguez Zapatero queda en el aire.
La Autoridad de Protección del Informante ha admitido a trámite una denuncia contra el PSOE por presuntas irregularidades en su canal interno de denuncias. El organismo investigará si el sistema cumple con las garantías exigidas por la Ley de 2023 para proteger a los denunciantes. La denuncia señala que cuatro comunicaciones internas sobre presuntos hechos de acoso sexual atribuidos a Francisco Salazar, ex director adjunto del gabinete de Pedro Sánchez, desaparecieron del sistema. El PSOE reconoció un 'fallo informático' y Pilar Bernabé, secretaria de Igualdad, admitió 'fallos' en la gestión de las denuncias. La Ley establece la obligación de remitir inmediatamente al Ministerio Fiscal cuando existan indicios de delito. La sanción por infracciones muy graves puede alcanzar hasta un millón de euros. El caso estalló el 1 de diciembre cuando eldiario.es publicó que el PSOE había 'cortocircuitado' la investigación. El 7 de diciembre, Pedro Sánchez acordó el cese de Antonio Hernández, identificado como 'mano derecha' de Salazar en Moncloa y mencionado en las denuncias. La Autoridad ha remitido el expediente al Departamento de Sanciones para que inicie las investigaciones necesarias.
La juez Lidia Montaño del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid ha desestimado el recurso de la Fiscalía que buscaba eximir a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, de la investigación por falso testimonio. La investigación se inició tras una querella presentada por la asociación Hazte Oír en abril de 2025 por supuestas mentiras durante su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado. La juez considera que concurren elementos objetivos y subjetivos que hacen necesario continuar con la causa. El delito de falso testimonio puede conllevar condenas de entre 6 meses y 1 año de prisión o multas de 12 a 24 meses. Cerdán fue imputado en junio de 2025 por presuntos cobros de mordidas y pasó 142 días en prisión preventiva. La Fiscalía alegó que Cerdán tenía derecho a no declarar contra sí mismo y que mentir en su testimonio fue una estrategia legítima de autodefensa. Sin embargo, la juez sostiene que las preguntas y respuestas de Cerdán estaban relacionadas con el objeto de la comisión de investigación y no eran manifestaciones políticas. La asociación Hazte Oír defiende que Cerdán mintió directamente en su testimonio.
Miguel Ángel Gallardo, candidato del PSOE a la Junta de Extremadura, posee una VPO y un casoplón de 519 m2 en Villanueva de la Serena. Adquirió la VPO el 23 de diciembre de 2002 por 109 m2. Gallardo fue alcalde de Villanueva de la Serena desde el 14 de junio de 2003 hasta el 20 de marzo de 2024 y presidente de la Diputación de Badajoz desde el 18 de julio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025. Declaró tres inmuebles distintos en su declaración de bienes y rentas presentada el 21 de mayo de 2025, camuflando las dimensiones del casoplón. Según el Catastro, el casoplón tiene 519 m2 y fue comprado en 2016 al 50% con Montserrat Manchado. La VPO sigue sujeta al régimen de protección oficial y no ha sido cancelada por caducidad. Gallardo está procesado por presunta prevaricación administrativa y tráfico de influencias en la contratación del hermano de Pedro Sánchez.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero se comunicaba con Julio Martínez, empresario detenido por blanqueo de capitales, a través de un teléfono móvil de prepago. Utilizaban un sistema de comunicaciones diseñado para evitar rastros, con dispositivos básicos sin conexión a internet y tarjetas SIM de prepago. Martínez facilitaba los terminales a Zapatero y los retiraba posteriormente siguiendo criterios de seguridad estrictos. El empresario manejaba entre cuatro y seis teléfonos al mes, utilizándolos de forma simultánea y escalonada. La Policía no logró intervenir todos los dispositivos utilizados. La investigación continúa abierta y se centra en reconstruir las comunicaciones diseñadas para no dejar rastro. Julio Martínez fue detenido junto al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y el consejero delegado, Roberto Roselli, por una presunta trama internacional de blanqueo de capitales. Los detenidos quedaron en libertad provisional con retirada de pasaporte y obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. La investigación también analiza movimientos financieros, desvío de fondos y operaciones vinculadas al tráfico de oro. Análisis Relevante SL, una de las sociedades de Martínez, figura como cliente de What The Fav, la agencia de comunicación fundada por las hijas de Zapatero.
José Luis Rodríguez Zapatero utilizó su dispositivo oficial de escoltas para blindar reuniones clandestinas con Julio Martínez, empresario detenido por blanqueo de capitales relacionado con Plus Ultra. El último encuentro fue el lunes anterior a su detención, en el monte de El Pardo (Madrid), zona sin cobertura telefónica. El operativo incluyó cuatro vehículos y seis agentes. Zapatero se desplazó en un Toyota Land Cruiser negro, acompañado por un Land Rover Freelander blanco con antenas de seguridad. Otros vehículos involucrados fueron un MG negro para contravigilancia y un Ford Mondeo azul. Los encuentros entre Zapatero y Martínez eran prácticamente diarios desde hacía varios años bajo protección oficial. La reunión se realizó en un descampado del monte de El Pardo, seguido de un paseo por un camino restringido y cerrado al tránsito general, y finalizó en el restaurante El Torreón. Durante el encuentro, Martínez mostró documentación a Zapatero en una bolsa de deporte. El dispositivo de seguridad incluía vigilancia en los accesos y perímetro, aprovechando la falta de cobertura telefónica y el control de accesos para mantener el secreto.
El número de asesores y personal eventual en los ministerios del Gobierno alcanza 987 personas a julio de 2025, según el Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas. Esto representa un aumento de 39 personas respecto a enero de 2025 y más de 300 personas desde julio de 2018. El incremento se concentra principalmente en Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que suman 499 eventuales, 22 más que en enero. Otros ministerios como Transformación Digital y Función Pública, Política Territorial y Memoria Democrática, y Ciencia, Innovación y Universidades también registran aumentos. El total de empleados públicos en España supera los 3,1 millones, con 3.107.195 efectivos a julio de 2025, un incremento de 69.763 en seis meses y más de 523.000 desde julio de 2018. Los ministerios cuentan con 96.441 empleados a julio de 2025, frente a los 95.337 de enero. El aumento del personal de confianza ocurre en un contexto de expansión general del sector público y mayor presión sobre las cuentas públicas debido al crecimiento del gasto en pensiones, retribuciones públicas y deuda.
La juez del Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor ha citado a Olga García Sáez, directora de operaciones de Correos, como testigo por presunto amaño de votos a favor del PSOE en Albaida del Aljarafe durante las elecciones municipales de mayo de 2019. García Sáez deberá comparecer el 2 de febrero de 2026 a las 11:00 horas. La investigación analiza la tramitación de solicitudes de voto por correo y posibles irregularidades. La Guardia Civil ha detectado indicios de un modus operandi similar en Almería, Murcia, Tenerife, Melilla y Ciudad Real, donde se investigan presuntas compras de votos y coacciones a electores. En Albaida del Aljarafe, se investiga la participación de la dirección local del PSOE y posibles coordinaciones con otros municipios. La causa podría ampliarse con nuevas imputaciones.
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