El título sugiere una crítica directa de Susie Wiles hacia Trump, pero el contenido revela una gama más amplia de críticas que incluyen a otros personajes políticos. El artículo presenta declaraciones controvertidas que podrían generar debate político.
La investigación de la UCO de la Guardia Civil implica a Fernando Albert Aragón, afín a María Jesús Montero, en la adjudicación de un contrato de 2.85 millones de euros en el Parque Empresarial Principado de Asturias. Albert Aragón, Secretario General de SEPIDES, presidió la Mesa de Contratación que adjudicó el contrato a Erri Berri y Afesa Medio Ambiente en 2021. La UTE habría recompensado a la trama de Leire Díez con 400.000 euros. Albert Aragón también diseñó el Manual de Prevención de Delitos de SEPIDES en diciembre de 2020. La investigación indaga posibles irregularidades en la licitación iniciada en 2020. El grupo Hirurok, formado por Leire Díez, Vicente Fernández y Antxon Alonso, habría amañado al menos cinco licitaciones y obtenido 750.000 euros en mordidas utilizando su influencia en la SEPI.
La Guardia Civil investiga una trama corrupta en la SEPI que involucra al expresidente Vicente Fernández y posiblemente a otros empleados. La UCO registró la sede de la SEPI y tres sociedades participadas. El juez investiga presuntos amaños de contratos públicos y cobro de comisiones. La SEPI gestionó 112 millones para Tubos Reunidos y 53 millones para Plus Ultra. El vicepresidente Bartolomé Lora fue denunciado por su papel en el rescate de Air Europa. La investigación podría extenderse a otros empleados y empresas participadas. La presidenta Belén Gualda trabaja bajo presión mientras se aclaran los hechos. La trama podría haber operado hasta 2023 y estar relacionada con el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas. La Fiscalía Europea y la Oficina Antifraude de la UE podrían emprender acciones si se confirman irregularidades con fondos europeos.
La Oficina Antifraude de Cataluña, creada en 2008 y controlada por el Parlamento catalán, enfrenta críticas por su falta de independencia y desempeño deficiente. El 68% de las denuncias son anónimas debido al recelo de los denunciantes. Desde 2023, tiene la facultad de imponer sanciones, pero no ha ejercido ninguna. El Observatorio Ciudadano contra la Corrupción y Aliança Catalana han exigido una reforma de la ley que rige la Oficina. El PSC, ERC y Junts se han opuesto a la propuesta de reforma presentada por Aliança Catalana. La Oficina ha participado en investigaciones relevantes, como las irregularidades en las prestaciones a jóvenes extutelados en Dirección de Infancia y las anomalías en los sueldos de los directivos de TV3. Un 'alertador' protegido por la Oficina fue despedido en el Ayuntamiento de Mataró sin que se hayan impuesto sanciones.
La Comisión Europea ha abierto un expediente a España por no ejecutar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) de 28 de junio de 2022 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado. La sentencia anuló la reforma de 2015 realizada por Cristóbal Montoro. España tiene dos meses para responder. De no hacerlo satisfactoriamente, la Comisión podría remitir el asunto de nuevo al TJUE, que podría imponer una multa coercitiva. La responsabilidad del Estado es un principio importante del Derecho de la Unión Europea que establece la indemnización por daños causados a particulares. En 2015, la Comisión recibió denuncias sobre la incompatibilidad de la Ley 40/2015 y la Ley 39/2015 con el Derecho de la Unión. El TJUE confirmó que España había infringido el Derecho de la Unión. Dos proyectos de ley han quedado varados sin incorporar la sentencia a la legislación española. El segundo proyecto, aprobado por el Consejo de Ministros el 7 de octubre, está en trámite de enmiendas hasta el 30 de diciembre. El TJUE declaró que el régimen español de responsabilidad patrimonial del Estado incumple el Derecho de la UE por infringir el principio de efectividad, especialmente en casos de autoliquidaciones tributarias. El Supremo también ha tenido problemas con este asunto, desestimando reclamaciones por responsabilidad patrimonial derivadas del modelo 720.
La juez María Antonia Coscollola del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona ha ordenado la incautación de los teléfonos móviles de tres agentes de los Mossos d'Esquadra (David Goicoechea, Xavier Manso y Jordi Rodrigo) investigados por encubrimiento en la segunda fuga de Carles Puigdemont. La magistrada busca determinar si entre el 8 de julio y el 9 de agosto del año pasado llevaron a cabo alguna "actuación coordinada" para impedir el cumplimiento de la orden de detención del Tribunal Supremo. La decisión se produce a instancias de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Autonómica Catalana y después de que la Audiencia Provincial de Barcelona obligara a la juez a practicar esta diligencia. Puigdemont reapareció en Barcelona el 8 de agosto de 2024 para la sesión de investidura de Salvador Illa y logró escapar pese a un operativo de casi mil Mossos. El exjefe de los Mossos, Eduard Sallent, declaró en junio que no contemplaron la hipótesis de que Puigdemont pretendiera fugarse y que no contactaron con otras fuerzas de seguridad para impedir su entrada o salida de España.
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desmantelado una red de fraude de IVA en el sector de los hidrocarburos liderada por la empresa Biomar Oil, descubriendo un arsenal clandestino en Ávila. El fraude asciende a 300 millones de euros entre 2023 y 2024. Se han detenido ocho personas y se han intervenido bienes por valor de millones de euros, incluyendo 167 relojes de lujo, 60 vehículos de alta gama y más de 130.000 euros en efectivo. La investigación, iniciada en 2023 por la UDEF Central, reveló una organización criminal que ofrecía carburantes a precios bajos incumpliendo las obligaciones fiscales y sin utilizar biocombustibles, lo que les permitía obtener un amplio margen económico. La operación incluyó nueve registros simultáneos en Madrid y Ávila el 2 de diciembre, donde se encontraron armas modificadas, munición de guerra y un vehículo blindado con un cañón ametrallador. Los detenidos están investigados por blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, pertenencia a organización criminal y tenencia ilícita de armas.
La vivienda de José Luis Rodríguez Zapatero en Aravaca (Madrid) fue escenario de cinco reuniones secretas entre septiembre y diciembre de 2023 relacionadas con la operativa financiera de Plus Ultra que investiga la Policía Nacional. Estas reuniones forman parte de una cadena de contactos discretos que involucraron a Julio Martínez, empresario posteriormente detenido, y Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción analiza si los 53 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros para rescatar a Plus Ultra fueron utilizados para otros fines, incluyendo transferencias internacionales a Venezuela. Los encuentros seguían un esquema organizado: Zapatero se reunía con Julio Martínez en un lugar aislado de El Pardo, luego Martínez se reunía con el presidente de Plus Ultra en La Moraleja, y finalmente regresaba a la vivienda de Zapatero para informar. Utilizaban teléfonos de prepago y cambiaron de dispositivos frecuentemente para evitar dejar rastro. La secuencia de reuniones coincidió con el periodo que examina la investigación policial. Meses después, Zapatero vendió la vivienda de Aravaca y se mudó a Las Rozas, solicitando un refuerzo de su dispositivo de seguridad que triplicó el número de escoltas.
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