La noticia presenta detalles cruciales sobre una trama de fraude fiscal vinculada a figuras cercanas a Pedro Sánchez, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas y legales. El contenido cumple parcialmente con las expectativas generadas por el título.
Responsables de Deloitte han reconocido en sede judicial reuniones con Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez. La esposa de Pedro Sánchez es investigada por malversación y otros delitos relacionados con la utilización de su asesora para temas privados. El juez Juan Carlos Peinado ha citado a declarar a tres cargos de Deloitte: Héctor Flórez, Juan Pedro Gravel y Carmen Sánchez. Gravel reconoció reuniones periódicas, algunas en Torre Picasso, con presencia de Álvarez, a quien identificó como personal de la Universidad Complutense. La colaboración terminó abruptamente y Begoña Gómez llamó a Gravel para agradecer su colaboración y solicitar la factura. Héctor Flórez afirmó no conocer el proyecto pero haber saludado en una reunión en Torre Picasso. Deloitte negó acceso al software y afirmó que era propiedad de la UCM. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó un recurso de la defensa de Begoña Gómez y su asesora, confirmando la imputación por malversación de caudales públicos.
El Tribunal de Cuentas detectó graves irregularidades en la adjudicación de contratos ferroviarios por parte de Adif, con un total de 77,66 millones de euros en contratos manipulados entre 2018 y 2021. Las irregularidades incluyen modificaciones de criterios de valoración y alteraciones en las calificaciones técnicas que desvirtuaron la competencia leal. El informe destaca que una empresa obtuvo siete contratos durante el período señalado por un valor total de 77,66 millones de euros, mientras que otros cuatro contratos fuera de ese período fueron adjudicados por 43,83 millones. Isabel Pardo de Vera fue presidenta de Adif durante el período en que se produjeron las irregularidades. El Tribunal también criticó la falta de transparencia en la asignación de puntuaciones y la intervención opaca de Ineco en las valoraciones. Adif rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de sus procedimientos.
Miguel Ángel Gallardo dimite como secretario general del PSOE en Extremadura tras el batacazo electoral, pero mantiene su escaño como diputado. Esto le permite conservar su condición de aforado, lo que podría afectar su juicio por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación relacionados con la contratación de David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, en 2017. La decisión se interpreta como una maniobra para dilatar los plazos judiciales. Gallardo ya intentó anteriormente blindarse cambiando de cargo en mayo, pero fue considerado 'fraude de ley'. Ahora, al mantener su escaño, podrá ser juzgado en el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura el 28 de mayo de 2026. Expertos como Antonio Benítez Ostos, socio director de Administrativando Abogados, explican que su aforamiento dependerá de jurar la Constitución. El GRECO criticó en verano la falta de reforma en el aforamiento en España, y el magistrado Manuel Marchena considera que hay aforados 'de más'.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), dependiente del Ministerio de Hacienda dirigido por María Jesús Montero, ocultó información durante dos años a la Comisión Europea sobre el rescate de Air Europa y Plus Ultra. La SEPI, presidida por Belén Gualda desde 2021, gestiona el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), financiado parcialmente con recursos públicos nacionales y alineado con las ayudas de la Unión Europea. El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, detectó en abril de 2024 que la SEPI no envió un informe anual sobre los rescates a la Comisión Europea. El rescate de Air Europa fue de 475 millones de euros y el de Plus Ultra de 53 millones. La SEPI reconoció la irregularidad y atribuyó el retraso a la finalización y remisión del informe en fecha posterior a la auditoría. El Tribunal de Cuentas también señaló la falta de reglas uniformes para aplicar previsiones de vencimiento anticipado en caso de incumplimiento de los compromisos asumidos por las beneficiarias. La SEPI defendió que sus actuaciones buscan asegurar la devolución de fondos públicos y procurar la supervivencia de empresas estratégicas.
El Gobierno de Pedro Sánchez invertirá 1.371 millones de euros en un nuevo abono único para trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses de largo recorrido. El ministro Óscar Puente anunció que los viajes en transporte público alcanzan 420 millones de desplazamientos, un 23% más que en 2022. El gasto total para subvencionar transporte público asciende a 6.500 millones de euros desde 2022 y 9.290 millones desde 2018. Se prorrogan todos los descuentos vigentes este año. Se introduce el 'Pase Vía' en servicios Avant con descuentos del 45% al 72%. En Cercanías, se aplicará un descuento del 40% a partir del quinto viaje usando el sistema Cronos. En Media Distancia de ancho métrico, los descuentos de ida y vuelta aumentan del 7% al 20%. El precio máximo para títulos adquiridos en plaza H (discapacitados) se fija en 7 euros. El ministro destacó que estas subvenciones han supuesto un 75% menos de gasto para los ciudadanos, con ahorros de hasta 5.000 euros anuales para usuarios de trenes Avant.
El Gobierno ha prorrogado por séptimo año la ley antidesahucio que protege a okupantes con ingresos inferiores a 1.800 euros o 2.200 con hijos. La Plataforma de Afectados por la Ocupación critica que estas condiciones son fáciles de cumplir y que el 93,4% de los propietarios de viviendas de alquiler son familias trabajadoras. Según la plataforma, hasta 80.000 familias están manteniendo a 'okupas vulnerables' debido a la ley. Las ayudas gubernamentales solo llegan al 7% de los afectados y se consideran 'miseria'. La medida ha sido pactada entre EH Bildu y el PSOE. El salario medio en España es de menos de 1.500 euros. Los propietarios denuncian que se está 'hundiendo' a familias trabajadoras y que no se han considerado sus situaciones.
Una auditoría independiente revela que el Govern balear de Francina Armengol pagó 106 millones de euros en material sanitario durante la pandemia. 45,6 millones no pueden ser rastreados por falta de actas de recepción y certificaciones de entrega. La auditoría de 60 expedientes del Servicio de Salud de Baleares muestra que algunos precios pagados estaban sobrevalorados: mascarillas quirúrgicas a 1,40 € (precio medio 0,70 €), guantes de nitrilo a 0,29 € (precio medio 0,16 €) y FFP3 a 8,40 € (precio medio 4,31 €). Proveedores como Innjoo Technology SL, Add Valorem Finance SL y Tyrval Import Export estuvieron involucrados. La auditoría denuncia compras fraccionadas y licitaciones simplificadas sin comparativas de precios ni referencias de mercado. Se cuestiona la trazabilidad y control de las compras, lo que podría implicar responsabilidad penal o administrativa. La falta de transparencia convierte las compras en un 'agujero negro financiero'. Expertos recuerdan que la urgencia no puede sustituir la rendición de cuentas.
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