Crítica:
El artículo evidencia la conexión entre la decisión de Marlaska en 2007 y la investigación actual, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas del caso. La relación entre Plus Ultra y el régimen venezolano es clave.
El artículo evidencia la conexión entre la decisión de Marlaska en 2007 y la investigación actual, pero podría profundizar más en las implicaciones políticas del caso. La relación entre Plus Ultra y el régimen venezolano es clave.
Pedro Sánchez se reunió con Juan Carlos Barrabés el 16 de septiembre de 2020 en La Moncloa, seis días después de activar contratos de Red.es por 10.6 millones de euros considerados 'ilegales' por la IGAE. Barrabés es socio de Begoña Gómez en la cátedra de la Universidad Complutense. La reunión ocurrió durante el proceso de licitación de contratos de Red.es, entidad que adjudicó contratos a la UTE formada por Innova Next (controlada por Barrabés) y The Valley. El informe de la IGAE reveló irregularidades en el proceso, incluyendo la vulneración de la Ley de Contratos del Sector Público al inflar artificialmente criterios subjetivos de valoración para favorecer a la UTE. Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para Barrabés en julio de 2020. Tanto Begoña Gómez como Barrabés están imputados por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La reunión también contó con la presencia de Manuel de la Rocha y Alberto Barreiro, vinculados a la Presidencia y al Instituto de Empresa respectivamente.
El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) modificó puntuaciones técnicas de licitadores para adjudicar un contrato de 65 millones de euros a la empresa OPR, vinculada al PSOE, durante la etapa de Raquel Sánchez como ministra de Transportes en 2022. El Tribunal de Cuentas detectó 'indicios de arbitrariedad' en la adjudicación y criticó la falta de rigor en la investigación interna de Adif. La empresa OPR, señalada por la Guardia Civil como parte de una trama de corrupción, acumulaba 77,6 millones en siete contratos entre 2018 y 2021. El informe del Tribunal de Cuentas, aprobado el 18 de diciembre de 2025, analizó la gestión de 5.974 millones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ejecutados por Adif y Adif-Alta Velocidad. Las irregularidades incluían modificaciones sin justificación técnica y pliegos sin ponderación clara, lo que contravenía la Ley de Contratos del Sector Público. Los hechos fueron denunciados a la Fiscalía Anticorrupción el 26 de junio de 2025.
El alcalde de Martos (Jaén), Emilio Torres, ha cesado al concejal socialista Manuel Cortés el 28 de diciembre de 2025 tras difundir un vídeo con cánticos machistas y sexistas. Torres retiró las delegaciones y competencias a Cortés y le instó a renunciar a su acta de edil. El PSOE de Jaén abrió un expediente disciplinario y solicitó la suspensión cautelar de militancia de Cortés. El partido condenó los comportamientos machistas y reafirmó su compromiso con el feminismo y la igualdad. El alcalde justificó su decisión destacando que el comportamiento de Cortés no representaba los valores del equipo de gobierno ni de la institución municipal. La decisión se produjo tras hacerse viral el vídeo en redes sociales.
La Guardia Civil desmanteló una organización criminal que enviaba toneladas de hachís desde Marruecos a España a través de Ceuta, utilizando un narcotúnel. La juez María Tardón investiga, pero Marruecos ignora los oficios judiciales y no vigila el túnel. La Guardia Civil sigue vigilando el túnel mediante videovigilancia. El túnel, de 50 metros de recorrido y 12 metros de profundidad, se descubrió en una nave industrial abandonada en el polígono del Tarajal, Ceuta. El dueño de la empresa propietaria de la nave, llamada 'Nene', sigue en paradero desconocido. Un detenido confesó que el túnel se utilizaba para enviar droga y posiblemente para introducir inmigrantes irregulares. La investigación reveló que guardias civiles corruptos facilitaban información a los narcotraficantes por entre 70.000 y 100.000 euros por servicio. El cuarto guardia civil implicado fue detenido en noviembre. El funcionario de prisiones Mohamed Alí Duas, exdiputado de la Asamblea de Ceuta, también está implicado.
El Tribunal de Cuentas detectó deficiencias en el control interno de Casa Árabe durante el mandato de Irene Lozano (2021-2024). La entidad registró pérdidas anuales de casi 1M€ y gastos de gestión de 3.2M€ en 2023 y 3.3M€ en 2024. Lozano dimitió en febrero tras presión por su gestión económica. El informe critica la falta de un sistema de control interno estructurado y debilidades en la gestión de personal. La situación financiera se calificó de «crítica». La actual dirección, liderada por Miguel Moro, muestra disposición a corregir las deficiencias. Casa Árabe es un consorcio creado en 2006 entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, Aecid, Junta de Andalucía, Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid y Córdoba. El gasto para el Ramadán se redujo un 67% respecto al año anterior, pasando de 7.666€ a 2.513€ en 2025.
El Gobierno español aprueba un real decreto que refuerza el control estatal sobre el software y datos técnicos de proveedores tecnológicos, especialmente los chinos, tras la polémica con Huawei por la gestión de escuchas telefónicas del sistema SITEL. La norma adapta el ordenamiento español al Reglamento europeo de Ciberresiliencia y otorga amplias facultades a la Administración para exigir documentación y acceso al software de productos digitales. El Estado podrá analizar, retirar o restringir productos que supongan riesgos para la seguridad o el interés público y repercutir los costes de inspección a las empresas afectadas. La medida surge tras la renovación por 12.3 millones de euros del contrato con Huawei para gestionar las escuchas telefónicas, lo que generó una tormenta política y diplomática con Estados Unidos y presión de Bruselas. La Unión Europea ha excluido a fabricantes chinos de determinados concursos públicos y al menos once países han prohibido contratar a Huawei. La legislación china en materia de inteligencia obliga a empresas y ciudadanos a colaborar con los servicios de inteligencia de Pekín, alimentando sospechas occidentales sobre posibles puertas traseras en equipos de Huawei.
José María 'Txema' Oleaga, senador vasco del PSOE y gran maestro de la Gran Logia de España, convoca elecciones internas para el 17 de enero. Promociona una candidatura continuista encabezada por Shaun Parsons, vinculada al PSOE, para mantener el control de la masonería española en medio de una grave crisis interna. Oleaga asumió el cargo en marzo de 2022 tras la dimisión de Óscar de Alfonso debido a escándalos por viajes de lujo y denuncias internas. La Gran Logia cuenta con más de 3.000 miembros y ha suspendido la actividad de cuatro logias en los últimos años. La dirección ha sido criticada por aplicar 'malas artes' de la política partidista y por una 'caza de brujas' interna tras la filtración de información a la prensa. Miembros de la logia denuncian falta de democracia y represión de voces discordantes. La crisis interna se agudizó tras la publicación de un artículo en El Confidencial sobre la infiltración del PSOE en la masonería.
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