La censura en el especial de Nochevieja de TVE evidencia la manipulación informativa en la televisión pública española. La omisión de figuras clave del PSOE en la sátira política revela un claro intento de proteger al gobierno de Pedro Sánchez.
El Gobierno de España admite que veta el cerdo en colegios de Ceuta y Melilla debido a la alta proporción de alumnos musulmanes. Hay 9 centros en Ceuta y 3 en Melilla que sirven carne halal. El Ministerio de Educación justifica esta decisión basándose en el Real Decreto de abril que exige adaptar los menús a los requerimientos culturales y de salud de los alumnos. Vox denuncia que se está imponiendo la dieta halal a alumnos no musulmanes y que se está vulnerando su libertad religiosa. La decisión del Gobierno se alinea con planes nacionales como el Plan de Acción para la Implementación de la Garantía Infantil Europea y el II Plan Nacional de Derechos Humanos. La controversia se produce en un contexto electoral en el que Vox está ganando terreno entre los jóvenes, especialmente en regiones donde el jamón es parte de la cultura.
Investigados por el caso Plus Ultra han liquidado Kaimana Capital, una empresa de consultoría e intermediación de negocios, tras las detenciones del 11 de diciembre. La empresa estaba controlada por los hermanos Baca Arbulu, investigados por presunta corrupción y lavado de dinero. La liquidación se produce meses después de cerrar otra sociedad, Atitlan Capital, y mantienen abiertas Trowbridge y Lagundri. Las autoridades sospechan que los inversores latinoamericanos realizaron operaciones de blanqueo con el dinero del rescate de Plus Ultra y la venta de oro de Venezuela. La Fiscalía Anticorrupción investiga el uso indebido de las ayudas concedidas a Plus Ultra. Manos Limpias presentó una querella contra los implicados por organización criminal, apropiación indebida y fraude en subvenciones. Julio Martínez, supuesto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, fue detenido y tiene varias empresas, entre ellas Analítica Relevante y Zenzap, que presentó una caja relevante en efectivo en 2021.
La DGT aprobó la baliza V16 hace cuatro años y entra en funcionamiento el 1 de enero para reducir atropellos de peatones. Sin embargo, la verdadera causa de los accidentes es el mal estado de las carreteras y un parque móvil obsoleto. El déficit de mantenimiento de carreteras es de 10.000 a 13.000 millones de euros. La edad media de los coches en España es de 15 años. En 2024, 1.785 personas murieron en accidentes de tráfico, y en 2023, 1.806. La DGT desvía la atención de los problemas reales con la implementación de la baliza V16. El número de fallecidos por atropello en carretera es de unos 50 al año, principalmente operarios de mantenimiento y agentes de Tráfico. La Guardia Civil informó que la mayoría de estos fallecidos son operarios de mantenimiento e incluso agentes de Tráfico.
La ministra Teresa Ribera autorizó en 2023 la instalación de 48 molinos eólicos en la sierra de Teruel a Forestalia, pese a la alta sensibilidad medioambiental de la zona. Sin embargo, en 2025, su sucesora denegó permisos a Green Capital para 86 molinos en la misma área por impacto en especies protegidas como el águila perdicera y el buitre leonado. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga posibles irregularidades en la concesión de permisos a Forestalia, que recibió ayudas públicas por 17 millones de euros a través de la trama SEPI. El proyecto de Forestalia incluía medidas preventivas para reducir el impacto en especies vulnerables. La zona afectada alberga especies en peligro de extinción como la alondra ricotí y el milano real. La investigación se centra en la gestión de permisos ambientales durante el mandato de Ribera y su posible favoritismo hacia Forestalia, una de las principales empresas de energías renovables en España. El caso revela discrepancias en la evaluación ambiental entre administraciones sucesivas y pone en cuestión la consistencia de las políticas de protección medioambiental. La tramitación de permisos para proyectos de más de 50 megavatios quedó bajo competencia estatal, facilitando a Forestalia el desarrollo de proyectos con alto grado de madurez administrativa.
Tres personas fallecieron en una avalancha mientras realizaban esquí de fondo cerca del balneario de Panticosa. El Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil rescató a los supervivientes. Pilar Alegría, ex ministra de Educación, expresó su solidaridad con las familias afectadas. Sin embargo, su reacción fue criticada por la asociación profesional Justicia Civil (JUCIL) debido a que su partido votó en contra de reconocer la profesión de riesgo de guardias civiles y policías nacionales en más de 25 ocasiones. La tragedia ocurrió el 28 de diciembre de 2025. El dispositivo de rescate estuvo compuesto por especialistas del GREIM, una unidad aérea y facultativos del 061. Los supervivientes alertaron a los servicios de emergencia tras la avalancha.
César Martínez Sánchez y Félix Vega Borrego, profesores de la Universidad Autónoma de Madrid, elaboraron una auditoría para el PSOE concluyendo que no hay indicios de financiación ilegal pese a gastos no justificados. Martínez Sánchez fue asesor en la Oficina Económica de Pedro Sánchez y en el Gobierno de Manuela Carmena en Madrid. Vega Borrego fue propuesto por Pablo Iglesias para el Consejo General del Poder Judicial en 2018. La auditoría de 108 páginas analizó pagos en efectivo entre 2017 y 2024 y fondos en metálico del partido. Aunque reconoció gastos 'llamativos', como una comida de Navidad para nueve personas en Valencia y recibos en una marisquería de Madrid, el informe concluyó que el sistema de caja del PSOE era 'coherente, cerrado y verificable'. Actualmente, hay una investigación judicial en la Audiencia Nacional sobre posibles irregularidades en las cuentas del PSOE relacionadas con José Luis Ábalos y Santos Cerdán, ambos investigados por presunta financiación ilegal.
El PSOE ha encargado y pagado una auditoría a dos expertos afines, Félix Alberto Vega Borruego y César Martínez Sánchez, para analizar la financiación del partido entre 2017 y 2024. El informe concluye que no hay indicios de fondos no declarados o no trazados, aunque señala algunos gastos 'llamativos' como una comida de 332 euros en La Chalana y gastos en centollo y ostras que superan los 60 euros por comensal. El análisis se basa en los apuntes de caja del PSOE, liquidaciones de gastos y comprobantes de la Secretaría de Organización. Los fondos provienen casi en su totalidad de la cuenta bancaria del partido en BBVA y 7.283 euros de operaciones 'esporádicas y plenamente identificadas'. El informe considera el sistema de caja 'coherente, cerrado y verificable'. El PSOE ha utilizado este informe para descartar la financiación ilegal, aunque todavía tiene pendiente analizar los comprobantes de gastos y cotejar los recibos y transportes con la agenda de la Secretaría de Organización. La Audiencia Nacional, dirigida por el juez Ismael Moreno, sigue investigando los pagos en efectivo efectuados por el PSOE ante la sospecha de blanqueo de dinero.
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