Crítica:
La noticia presenta una visión clara de la investigación judicial y la negativa de Begoña Gómez y su asesora a entregar sus pasaportes. Sin embargo, podría profundizar más en las implicaciones políticas y legales del caso.
Begoña y su asesora desafían a Peinado: se niegan a entregar sus pasaportes y el juez pide ayuda a la Polic...
Begoña Gómez desafía al juez
Otros artículos
RTVE: Informativos sesgados al Gobierno
El Consejo de Informativos de RTVE ha emitido un demoledor informe de 144 páginas criticando duramente los programas 'Mañaneros' y 'Malas Lenguas', presentados por Javier Ruiz y Jesús Cintora respectivamente. Según el informe, ambos programas presentan un contenido sesgado favorable al Gobierno y al PSOE, mientras que tratan de forma discreta o ignoran temas que podrían poner en aprietos al Ejecutivo. Además, se denuncia la emisión de noticias falsas y la falta de rigor periodístico, lo que afecta la credibilidad de los informativos de RTVE. El informe también cuestiona la externalización de la producción de estos programas a productoras como La Osa Producciones, cuya dirección ha sido condenada por la justicia en ocasiones. El Consejo de Informativos reclama el refuerzo de los mecanismos de control editorial y la internalización de la producción informativa para garantizar la independencia, neutralidad, pluralismo, imparcialidad y rigor. Con un precio de producción que supera los 2 millones de euros anuales, la externalización de estos programas supone un gasto significativo para RTVE. El informe ha sido elaborado tras meses de análisis y recomienda al Consejo de Administración de RTVE y a su presidente, José Pablo López, que se tomen medidas para corregir estas deficiencias y garantizar la calidad y objetividad de los contenidos informativos. La credibilidad de RTVE se ve afectada por estas prácticas, lo que provoca que algunas fuentes y expertos se nieguen a colaborar con los informativos de la cadena pública.
Sánchez exporta tecnología a Irán
El Gobierno de Pedro Sánchez ha autorizado exportaciones de tecnología de 'doble uso' a Irán por valor de casi 6 millones de euros desde 2018 hasta el primer semestre de 2024. Estos productos, que pueden tener aplicaciones tanto civiles como militares o nucleares, incluyen válvulas para la industria petroquímica y del gas, así como equipos para el sector farmacéutico. La Secretaría de Estado de Comercio ha confirmado estos datos, que han generado controversia debido al embargo parcial que sufre Irán. El Ministerio de Economía ha asegurado que solo se exportan productos que no se consideran susceptibles de ser utilizados en programas de armas de destrucción masiva. Mientras tanto, el ministro José Manuel Albares ha pedido al régimen iraní que respete la libertad de manifestación y cese la violencia contra las protestas.
Mohamed VI indulta terroristas
En un gesto de clemencia ligado a la conmemoración del Manifiesto de la Independencia marroquí, el rey Mohamed VI indultó a 1.386 personas, entre ellas 15 condenados por terrorismo que demostraron arrepentimiento y adhesión a los valores del Estado. La medida, que afecta tanto a presos como a personas en libertad, se enmarca en una tradición de indultos reales en fechas señaladas. De los 15 terroristas indultados, nueve vieron perdonado el resto de su pena y seis obtuvieron una reducción parcial de sus condenas. El Gobierno marroquí destaca que la decisión responde a un proceso de evaluación individual vinculado a programas de reinserción y revisión doctrinal en el ámbito penitenciario. La conmemoración del Manifiesto de la Independencia, celebrado el 11 de enero, es una fecha clave en el calendario político marroquí, pues recuerda el inicio formal del proceso soberanista frente al protectorado francés y español en 1944.
PSOE contrata pederasta en colegio
En un giro inesperado, el PSOE ha sido vinculado a un escándalo que involucra a un ex cartero condenado por pederastia y presuntamente implicado en la manipulación de votos en Albaida del Aljarafe. A.G.D., el empleado de Correos, fue condenado a cinco años de cárcel por abusar de un menor de 14 años en 2017. A pesar de su historial, el Ayuntamiento gobernado por el PSOE lo contrató como peón municipal el 1 de julio de 2025 para realizar tareas de mantenimiento en el colegio local. Posteriormente, fue recolocado en el área de ayuda a domicilio. La Guardia Civil investiga posibles irregularidades en el voto por correo durante las elecciones municipales de 2019, donde se detectó un aumento sospechoso del 14,92% en votos por correo, muy por encima de la media nacional del 3,6%. Testigos afirman que A.G.D. tramitó votos sin la presencia de los votantes, y que se hicieron promesas de empleo a cambio de votos. La investigación apunta a que la trama podría no ser un caso aislado y que se están analizando posibles irregularidades en otras provincias gobernadas por el PSOE.
Caso Plus Ultra: Disolución Inmobiliaria
Los hermanos Baca Arbulu, implicados en el caso Plus Ultra, han disuelto su inmobiliaria Lagrundi con efecto desde el 2 de enero de 2026, apenas un mes después de liquidar su consultora Kaimana Capital. Esta maniobra se produce tras las detenciones llevadas a cabo por la Policía el pasado 11 de diciembre, en las que se vio implicado Julio Martínez, supuesto testaferro del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La operación judicial internacional investiga un posible blanqueo de capitales ligado a la aerolínea Plus Ultra, rescatada por el Gobierno en 2021 con 53 millones de euros. Los hermanos Arbulu están siendo investigados por una presunta trama de corrupción y lavado de dinero en varios países. La Fiscalía Anticorrupción rastrea el uso indebido de las ayudas concedidas a Plus Ultra, y Manos Limpias ha presentado una querella contra los implicados por organización criminal, apropiación indebida y fraude en las subvenciones. Julio Martínez, amigo de Zapatero, creó más de 15 empresas en los últimos 15 años, algunas de las cuales comparten inmuebles con empresas vinculadas al Gobierno. La investigación apunta a que parte del rescate se destinó a simular préstamos con sociedades en el extranjero para ocultar operaciones de blanqueo de fondos procedentes de Venezuela.
Sánchez supervisa demolición en Madrid
En un acto que ha generado controversia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se desplazó hasta el kilómetro 8,2 de la carretera de Extremadura para presenciar la demolición de los edificios del acuartelamiento de Campamento, en Madrid. Acompañado por una comitiva de altos cargos de su Gobierno, entre ellos la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, Sánchez fue testigo de cómo una excavadora de la empresa AG Demoliciones comenzaba a derribar los muros de ladrillo y ventanas del complejo militar. La visita ha sido criticada por la ausencia de representantes del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid, a quienes, según denunció el consejero de Presidencia madrileño, Miguel Ángel García Martín, nadie les invitó. Durante su intervención, Sánchez destacó que con este acto comienza la construcción de un nuevo barrio que contará con 10.700 hogares públicos y blindados frente a la especulación. 'Esta vez no venimos a presentar un plano o a prometer un futuro. Hoy por fin empieza a construirse un nuevo barrio', afirmó el presidente, subrayando el compromiso de su Gobierno con la vivienda pública.
Muerte en robo de cannabis
En un juicio que comienza este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares, la Fiscalía pide 15 años de cárcel para un hombre acusado de matar a uno de los cuatro ladrones que irrumpieron en su finca en Inca para robar plantas de cannabis el 24 de septiembre de 2020. Según la acusación, el propietario sorprendió al intruso dentro de su propiedad y, tras un forcejeo, le asestó varias puñaladas tanto dentro como fuera de la finca, resultando en la muerte del asaltante poco después. Además de la pena de prisión, el Ministerio Público reclama una indemnización de 157.000 euros para la familia del fallecido. Los otros tres presuntos ladrones, que permanecieron fuera de la finca, también serán juzgados por intento de robo con fuerza, con una petición de 11 meses de cárcel para cada uno. El juicio será llevado a cabo por un tribunal del jurado y se espera que las sesiones se prolonguen durante toda la semana, con la declaración de testigos que incluyen agentes de la Guardia Civil.
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