Crítica:
La entrevista revela hechos gravísimos sobre armas ilegales en el PSOE, pero falta contexto sobre la investigación actual. El título podría ser más incisivo.
Otros artículos
Illa obligado a cuidar ELA
La juez del Juzgado nº 1 de lo Contencioso Administrativo de Barcelona ha ordenado a la Sanidad catalana que adopte de forma urgente e inmediata las medidas necesarias para garantizar la atención domiciliaria de Antonio Luque, un enfermo de ELA en fase avanzada. La Generalitat, presidida por Salvador Illa, había negado esta atención alegando falta de desarrollo reglamentario y dotación presupuestaria autonómica de la Ley 3/2024, conocida como 'Ley ELA'. La jueza, Montserrat Fernández Cabezas, ha dictaminado que la falta de desarrollo y aplicación efectiva de esta ley constituye una omisión con relevancia constitucional, afectando el ejercicio real de un derecho legalmente reconocido y poniendo en riesgo la vida y la integridad física del paciente. La sentencia destaca que la Constitución no permite que un derecho reconocido quede vacío por la inacción de los poderes públicos. La Ley ELA, aprobada en 2024 y dotada con 500 millones de euros a finales de 2025, reconoce el derecho a cuidados las 24 horas para pacientes como Antonio Luque, quienes están en riesgo de asfixia nocturna si no reciben atención constante.
PNV exige aeropuertos vascos a Sánchez
El lehendakari Imanol Pradales ha intensificado las presiones sobre el Gobierno de Pedro Sánchez, exigiendo el traspaso de la gestión de los aeropuertos de Bilbao, Vitoria y Fuenterrabía apenas 24 horas después de que el Gobierno Vasco recibiera el control de las ayudas al desempleo. En una comparecencia en el Foro Capital de Vitoria, Pradales ha reconocido que se trata de un tema «delicado» debido a la negativa previa de AENA, pero ha dejado claro que el PNV no renuncia a esta demanda, argumentando que corresponde a los ciudadanos vascos «por ley». El dirigente nacionalista ha enfatizado que AENA es una sociedad controlada por el Gobierno central, por lo que está dispuesto a «jugar el partido» para lograr sus objetivos. Esta nueva exigencia llega tras la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias, que ha formalizado el traspaso de cinco competencias al Gobierno Vasco, incluyendo las prestaciones de desempleo y Salvamento Marítimo. El PNV busca ahora ampliar su autonomía, con la vista puesta en un total de 16 competencias. Pradales ha anunciado además que el Gobierno Vasco está elaborando un informe para evaluar los cumplimientos e incumplimientos de los acuerdos previos con el Ejecutivo central, lo que servirá como base para futuras negociaciones. El lehendakari ha insistido en que el Estatuto de Autonomía no es una «carta otorgada», sino un acuerdo que no puede ser reinterpretado unilateralmente. La tensión entre las exigencias del PNV y la resistencia del Gobierno central apunta a un complejo escenario político en el que la gestión de infraestructuras clave como los aeropuertos se convierte en un punto de fricción significativo.
Moncloa paga 842.000€ por traducciones
La Secretaría de Estado de Comunicación de Moncloa ha lanzado una licitación para traducir su web a varios idiomas con un servicio 24/7 que puede alcanzar los 842.000 euros anuales. El contrato, estructurado en precios unitarios por palabra traducida, prioriza las lenguas cooficiales (catalán, euskera, gallego y valenciano) con casi el 90% del presupuesto. El pliego técnico exige un servicio de traducción continuo con capacidad de respuesta inmediata para contenidos urgentes, incluyendo revisión por un segundo traductor y control de calidad exhaustivo. El gasto final dependerá del volumen de textos que se decida traducir, con un máximo de 9,59 millones de palabras anuales para las cooficiales y 1,09 millones para el lote internacional.
Zapatero: ¿Enriquecimiento ilícito?
La Fiscalía Antidroga ha emitido un informe crucial sobre la querella presentada por Hazte Oír contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno español, por presuntos vínculos con Nicolás Maduro y el régimen venezolano. Aunque el fiscal Francisco Javier Redondo rechazó la querella por falta de indicios de delitos graves como tráfico de drogas o blanqueo de capitales, sí consideró relevante investigar el aumento patrimonial de Zapatero desde que dejó la presidencia del Gobierno en 2011. Según datos oficiales, en septiembre de 2012, Zapatero declaró un activo de 130.562 euros y estaba libre de deudas. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores revelaron que el patrimonio inmobiliario de su familia se habría multiplicado por 115, con adquisiciones de chalés de lujo y pisos que alcanzarían los 3,7 millones de euros. El fiscal destacó que las declaraciones de bienes y actividades de Zapatero durante su mandato sí merecen ser analizadas para comprobar si presentan indicios de delito, particularmente en relación con su papel como mediador internacional con el régimen venezolano y los posibles beneficios económicos derivados de esta actividad. La decisión de la Fiscalía abre una vía para investigar el presunto enriquecimiento de Zapatero, aunque subraya que la mera relación de Zapatero con Maduro y el régimen chavista no constituye prueba de implicación en actividades delictivas.
Vascos ocultan datos delictivos
El Gobierno vasco, liderado por el lehendakari Imanol Pradales, mantiene su política de no revelar la nacionalidad de los extranjeros detenidos o que han cometido delitos, una decisión que está en vigor desde el 14 de octubre de 2025. La Ertzaintza se limita a señalar la procedencia de los individuos, utilizando denominaciones como 'de origen magrebí' o 'de procedencia latinoamericana'. Esta política fue justificada inicialmente por el Consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, como una medida para evitar la 'estigmatización' de las 150.000 personas extranjeras que residen en el País Vasco. Sin embargo, los datos presentados por el Gobierno vasco muestran que los extranjeros lideran las detenciones, con un 64,2% del total. Mientras tanto, el Ministerio del Interior, encabezado por Fernando Grande Marlaska, ha decidido esperar a la evolución de esta política en territorios como Cataluña antes de tomar una decisión similar. La decisión del Gobierno vasco ha generado controversia, con sectores de la 'izquierda abertzale' lanzando amenazas contra Zupiria y el PP y Vox presionando para clarificar y controlar los delitos en la región.
Peramato y el indulto fiscal
La Asociación de Fiscales ha exigido a Teresa Peramato, la recientemente nombrada fiscal general del Estado, que haga público el decreto por el que ha decidido reincorporar al ex fiscal general condenado Álvaro García Ortiz a la Carrera Fiscal. La noticia de la reincorporación se conoció inicialmente a través de los medios de comunicación, sin que ni la Fiscalía General ni la propia fiscal general desmintieran la información. La Asociación de Fiscales recuerda que Peramato les había transmitido su 'predisposición a la escucha' y ahora le pide que publique el decreto por ser de 'interés general'. La decisión se basa en un estudio sobre el concepto de 'delito doloso' realizado por la Inspección Fiscal para determinar si la condena de García Ortiz implicaba la pérdida de su condición de fiscal. La AF subraya la trascendencia mediática y el interés público de esta decisión, que podría sentar un precedente jurídico para todos los miembros del Ministerio Fiscal.
Zapatero oculta sus viajes a Venezuela
Alejandro Entrambasaguas, jefe de Investigación de El Debate, ha destapado el sofisticado método que José Luis Rodríguez Zapatero utiliza para ocultar sus viajes a Venezuela. Según una conversación publicada por este periódico, Julio Martínez, empresario detenido de la aerolínea Plus Ultra, reveló a Javier de Paz, director adjunto de Telefónica, que Zapatero primero viaja a República Dominicana, donde es recogido por un avión de la petrolera estatal venezolana PDVSA que lo traslada finalmente a Venezuela. Este periplo, lejos de ser anecdótico, levanta sospechas sobre la transparencia de los movimientos del ex presidente del Gobierno español. Con un precio del petróleo venezolano fluctuando constantemente, la relación entre Zapatero y PDVSA genera interrogantes sobre posibles conflictos de intereses. La investigación de El Debate apunta a que Zapatero podría estar utilizando esta ruta encubierta desde hace tiempo, aprovechando la confidencialidad de los vuelos de PDVSA para mantener sus actividades en Venezuela lejos del escrutinio público. Mientras tanto, la opinión pública se pregunta si este modus operandi es una práctica común entre ex dirigentes políticos o si se trata de un caso aislado que requiere una investigación más profunda. La revelación de Entrambasaguas pone de relieve la necesidad de transparencia en las actividades de los ex funcionarios públicos y sus conexiones internacionales.
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