Crítica:
El artículo presenta indicios de posible favoritismo hacia la empresa del cuñado de Pilar Alegría, pero adolece de profundidad en el análisis de la legalidad de los contratos y ayudas concedidas.
El artículo presenta indicios de posible favoritismo hacia la empresa del cuñado de Pilar Alegría, pero adolece de profundidad en el análisis de la legalidad de los contratos y ayudas concedidas.
La investigación del caso Plus Ultra ha generado estupor en el ámbito policial debido a la falta de consecuencias para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, pese a estar implicados en un posible blanqueo de capitales. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha levantado suspicacias debido a la influencia de Zapatero en las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa, Segundo Martínez. La UDEF ha acreditado pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente, aunque se desconoce el concepto real de estos pagos. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, declaró en Telecinco que Zapatero fue el principal responsable del rescate de Plus Ultra, actuando como un 'lobista más' en España, y describió un esquema en el que Zapatero estaba en la cima, con la consultora Acento de José Blanco en la base, y la protección institucional desde el Ministerio del Interior.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido por primera vez que ha facturado cantidades a Julio Martínez, empresario de Plus Ultra detenido por la UDEF. Zapatero admitió que prestó 'servicios retribuidos de consultoría' a Análisis Relevante SL, sociedad de Martínez, y aseguró que los fondos proceden de 'operaciones legales' no relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, sus declaraciones contradicen las del exministro José Luis Ábalos, quien afirmó que Zapatero presionó para aprobar la inyección pública de 53 millones de euros a la aerolínea. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga si esos fondos se utilizaron para blanqueo de capitales o pago de comisiones ilegales, coincidiendo con la afirmación del empresario Víctor de Aldama de que Zapatero se benefició de un pago de 10 millones de euros en Panamá. La Policía también indaga sobre la filtración que alertó a Martínez de su inminente detención y una sospechosa reunión entre Zapatero y Martínez 72 horas antes de su arresto.
El Gobierno de España ha adquirido solo 26 viviendas para realojar a los afectados por la dana que azotó Valencia en octubre de 2024, pese a contar con un presupuesto de 25 millones de euros. La mayoría de estas viviendas se concentran en Riba-Roja de Turia, con 22 casas, mientras que municipios muy afectados como Paiporta no recibieron ninguna vivienda. El proceso de adquisición se cerró el 19 de septiembre de 2025, al no existir más peticiones de realojos. Ante la baja ejecución del presupuesto, el Gobierno modificó la legislación para destinar los fondos no utilizados a otros fines, como la adecuación de inmuebles existentes o la promoción de vivienda asequible. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana ha aprobado ayudas para 32 familias para la compra de vivienda.
El Congreso de los Diputados gastó 4.325,78 euros en un homenaje a cinco terroristas del FRAP y ETA ejecutados en 1975, celebrado el 30 de octubre de 2025. La ceremonia, impulsada por Sumar y presidida por Francina Armengol, contó con la presencia de supervivientes de la guerrilla antifranquista y familiares de los homenajeados. El acto incluyó una mesa redonda y actuaciones musicales, con un coste de 3.630 euros por dos piezas musicales. Armengol destacó que España 'sigue en duelo' y defendió la aplicación de las leyes de memoria democrática. La iniciativa se enmarca en la política de memoria impulsada por Sumar, que también planteó un 'homenaje de Estado' a miembros de ETA y FRAP. El Partido Popular y Vox boicotearon el acto al considerar que se estaba homenajeando a terroristas.
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha solicitado al Banco de España informes sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, envuelta en polémica por su conexión con el chavismo y posibles irregularidades en el proceso de aprobación. El Grupo Popular, que preside la comisión, busca esclarecer si se realizaron estudios de impacto financiero y si la SEPI siguió los protocolos adecuados. El rescate, aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, consistió en un préstamo de 53 millones de euros a una compañía con un solo avión en funcionamiento y pérdidas millonarias. La investigación también involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, y a varios empresarios y ex funcionarios. La UDEF investiga un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate. El Banco de España deberá proporcionar 'informes, notas internas o comunicaciones' con la SEPI, el Ministerio de Hacienda u otros órganos de la Administración General del Estado que analicen el impacto financiero o la solvencia de Plus Ultra. Los populares cuestionan la falta de justificación para el rescate, ya que la SEPI no es 'una ONG' que entrega dinero sin justificar. La aerolínea aún no ha devuelto el principal de los 53 millones, solo los intereses. La comisión también ha aprobado una lista de comparecientes que incluye a Zapatero, presidentes y CEOs de Plus Ultra, y ex funcionarios del Gobierno. La investigación busca arrojar luz sobre las sospechas de irregularidades y posibles comisiones encubiertas en el rescate de Plus Ultra.
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado que cobró cantidades de dinero de su amigo Julio Martínez Martínez, empresario detenido el 11 de diciembre en la operación por el caso 'Plus Ultra'. Las cantidades fueron sufragadas a través de la sociedad 'Análisis Relevante', creada en febrero de 2020 y actualmente investigada por blanqueo de capitales. Zapatero declaró que estos pagos correspondían a 'servicios retribuidos de consultoría globales' y que los ingresos están declarados en su IRPF como autónomo. El expresidente negó cualquier vinculación entre estos pagos y el rescate de Plus Ultra aprobado en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. La relación entre Zapatero y Martínez salió a la luz tras una publicación de El Debate que mostró una foto de ambos en un encuentro 72 horas antes de la detención de Martínez. Estos encuentros, que incluían medidas de seguridad extremas, habían sido habituales durante varios años. Zapatero justificó sus ingresos destacando su intensa actividad profesional, que incluye conferencias, seminarios y publicaciones.
En un giro inesperado de los acontecimientos internacionales, una propuesta viral en redes sociales ha sugerido un matrimonio entre Barron Trump, hijo del presidente de Estados Unidos Donald Trump, y la princesa Isabel de Dinamarca como solución al tenso conflicto sobre Groenlandia. La isla, perteneciente a Dinamarca, ha sido objeto de deseo por parte de Trump, quien ha llegado a amenazar con subir aranceles a Dinamarca si no accede a sus demandas. En este contexto, un usuario en X (antes Twitter) bromeó sobre un posible matrimonio entre Barron, de 19 años, y la princesa Isabel, de 18, proponiendo que Groenlandia sea entregada a Estados Unidos como dote. La publicación ha obtenido más de diez millones de visualizaciones. Barron Trump, hijo de Donald Trump con Melania Knaus, estudia en la Universidad de Nueva York y posee doble nacionalidad: estadounidense y eslovena, lo que le otorga un pasaporte de la Unión Europea. Por su parte, la princesa Isabel es la segunda en la línea de sucesión al trono danés y cumplirá 19 años el próximo 21 de abril. Aunque la propuesta es claramente una broma, pone de relieve la tensión existente entre Estados Unidos y Dinamarca por el control de Groenlandia.
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