Crítica:
La noticia es explosiva pero carece de detalles cruciales sobre los servicios de consultoría de Zapatero y el origen de los fondos. El título puede considerarse engañoso al no reflejar la complejidad de la situación.
Zapatero reconoce por primera vez que ha cobrado de uno de los detenidos de Plus Ultra pero no explica cuánto ni por qué
Zapatero cobra de Plus Ultra
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Chavismo en España sin control
Cuatro empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela entraron en España durante la pandemia gracias a salvoconductos oficiales gestionados por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Los empresarios, identificados como Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, Carlos Alfonso Guillén Salcedo, Samuel Sánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, viajaron en febrero de 2021, cuando España mantenía estrictas restricciones de movilidad debido al COVID-19. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, estos empresarios chavistas privilegiados por el régimen de Maduro utilizaron salvoconductos emitidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo el pretexto de mantener reuniones en el Gabinete del ministro, reuniones que nunca se produjeron. La secretaria personal de Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, firmó los salvoconductos con el conocimiento y consentimiento del ministro. Los empresarios en cuestión tienen vínculos con el régimen de Maduro: Ceballos Jiménez es presidente del grupo constructor Grupo 7C; Guillén Salcedo preside el equipo de béisbol Tigres de Aragua; Sánchez Boada tiene conexiones empresariales entre Ecuador y Venezuela; y Rodríguez Martínez fue Miss Venezuela Water 2018 y está identificada con la élite cercana al chavismo. Estos hechos contradicen las afirmaciones del Gobierno de Pedro Sánchez sobre su colaboración en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, revelando en su lugar una profunda vinculación con la dictadura venezolana.
Zapatero en el ojo del huracán
La investigación del caso Plus Ultra ha generado estupor en el ámbito policial debido a la falta de consecuencias para el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, pese a estar implicados en un posible blanqueo de capitales. Fuentes policiales consultadas por Libertad Digital afirman que la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha levantado suspicacias debido a la influencia de Zapatero en las cloacas del Ministerio del Interior a través de su amigo, el exjefe de Seguridad de Moncloa, Segundo Martínez. La UDEF ha acreditado pagos sospechosos desde la empresa de las hijas de Zapatero al empresario Julio Martínez, amigo del expresidente, aunque se desconoce el concepto real de estos pagos. La Fiscalía Anticorrupción investiga si Plus Ultra desvió el dinero del rescate de 53 millones de euros concedido por el Gobierno en 2021 para blanquear fondos de Venezuela a través de Francia, Suiza y España. El hijo del exministro José Luis Ábalos, Víctor Ábalos, declaró en Telecinco que Zapatero fue el principal responsable del rescate de Plus Ultra, actuando como un 'lobista más' en España, y describió un esquema en el que Zapatero estaba en la cima, con la consultora Acento de José Blanco en la base, y la protección institucional desde el Ministerio del Interior.
Pilar Alegría: Contratos a cuñado
La empresa de Abel Batalla, cuñado de Pilar Alegría, ha recibido 1,2 millones en contratos y ayudas públicas durante su etapa como ministra. Base Sistemas y Suministros SA, dedicada a soluciones técnicas industriales y energéticas, ha sido beneficiaria de subvenciones, préstamos y avales estatales y autonómicos desde 2021. El mayor ingreso proviene de un contrato de 458.590 euros adjudicado en septiembre de 2023 por la Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación. Además, la empresa recibió un préstamo de más de 450.000 euros en noviembre de 2024 a través de un organismo estatal vinculado al Ministerio de Ciencia e Innovación, con condiciones ventajosas que incluyen ayuda pública. Entre 2023 y 2024, la mercantil obtuvo avales por más de 350.000 euros que facilitaron su acceso a financiación bancaria en mejores condiciones. Las subvenciones directas provinieron tanto de organismos estatales como autonómicos, destacando las del Instituto Aragonés de Empleo destinadas a formación y cualificación de trabajadores. La concentración de estos apoyos públicos coincide con el periodo en que Alegría ejerció como ministra de Educación y portavoz del Gobierno. La empresa fue constituida en 2009 pero los mayores ingresos públicos llegaron tras la llegada del PSOE al Gobierno y especialmente desde que Alegría se incorporó al Consejo de Ministros en julio de 2021.
Dana: Gobierno compra 26 viviendas
El Gobierno de España ha adquirido solo 26 viviendas para realojar a los afectados por la dana que azotó Valencia en octubre de 2024, pese a contar con un presupuesto de 25 millones de euros. La mayoría de estas viviendas se concentran en Riba-Roja de Turia, con 22 casas, mientras que municipios muy afectados como Paiporta no recibieron ninguna vivienda. El proceso de adquisición se cerró el 19 de septiembre de 2025, al no existir más peticiones de realojos. Ante la baja ejecución del presupuesto, el Gobierno modificó la legislación para destinar los fondos no utilizados a otros fines, como la adecuación de inmuebles existentes o la promoción de vivienda asequible. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana ha aprobado ayudas para 32 familias para la compra de vivienda.
Congreso gasta 4300 euros en terroristas
El Congreso de los Diputados gastó 4.325,78 euros en un homenaje a cinco terroristas del FRAP y ETA ejecutados en 1975, celebrado el 30 de octubre de 2025. La ceremonia, impulsada por Sumar y presidida por Francina Armengol, contó con la presencia de supervivientes de la guerrilla antifranquista y familiares de los homenajeados. El acto incluyó una mesa redonda y actuaciones musicales, con un coste de 3.630 euros por dos piezas musicales. Armengol destacó que España 'sigue en duelo' y defendió la aplicación de las leyes de memoria democrática. La iniciativa se enmarca en la política de memoria impulsada por Sumar, que también planteó un 'homenaje de Estado' a miembros de ETA y FRAP. El Partido Popular y Vox boicotearon el acto al considerar que se estaba homenajeando a terroristas.
Senado exige informe Plus Ultra
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha solicitado al Banco de España informes sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, envuelta en polémica por su conexión con el chavismo y posibles irregularidades en el proceso de aprobación. El Grupo Popular, que preside la comisión, busca esclarecer si se realizaron estudios de impacto financiero y si la SEPI siguió los protocolos adecuados. El rescate, aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, consistió en un préstamo de 53 millones de euros a una compañía con un solo avión en funcionamiento y pérdidas millonarias. La investigación también involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, y a varios empresarios y ex funcionarios. La UDEF investiga un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate. El Banco de España deberá proporcionar 'informes, notas internas o comunicaciones' con la SEPI, el Ministerio de Hacienda u otros órganos de la Administración General del Estado que analicen el impacto financiero o la solvencia de Plus Ultra. Los populares cuestionan la falta de justificación para el rescate, ya que la SEPI no es 'una ONG' que entrega dinero sin justificar. La aerolínea aún no ha devuelto el principal de los 53 millones, solo los intereses. La comisión también ha aprobado una lista de comparecientes que incluye a Zapatero, presidentes y CEOs de Plus Ultra, y ex funcionarios del Gobierno. La investigación busca arrojar luz sobre las sospechas de irregularidades y posibles comisiones encubiertas en el rescate de Plus Ultra.
Zapatero cobra de amigo detenido
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado que cobró cantidades de dinero de su amigo Julio Martínez Martínez, empresario detenido el 11 de diciembre en la operación por el caso 'Plus Ultra'. Las cantidades fueron sufragadas a través de la sociedad 'Análisis Relevante', creada en febrero de 2020 y actualmente investigada por blanqueo de capitales. Zapatero declaró que estos pagos correspondían a 'servicios retribuidos de consultoría globales' y que los ingresos están declarados en su IRPF como autónomo. El expresidente negó cualquier vinculación entre estos pagos y el rescate de Plus Ultra aprobado en 2021 por el Gobierno de Pedro Sánchez. La relación entre Zapatero y Martínez salió a la luz tras una publicación de El Debate que mostró una foto de ambos en un encuentro 72 horas antes de la detención de Martínez. Estos encuentros, que incluían medidas de seguridad extremas, habían sido habituales durante varios años. Zapatero justificó sus ingresos destacando su intensa actividad profesional, que incluye conferencias, seminarios y publicaciones.
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