Crítica:
La noticia parece tener un enfoque crítico hacia Zapatero y sus hijas, pero carece de detalles concretos sobre las pruebas obtenidas por la UDEF. El título es impactante pero podría considerarse sensacionalista.
Estupor policial por el caso Plus Ultra: "Zapatero y sus hijas tendrían que haber sido ya detenidos"
Zapatero en el ojo del huracán
Otros artículos
Orriols denuncia trato VIP
La alcaldesa de Ripoll y presidenta de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha generado controversia al cuestionar el trato recibido por Salvador Illa, exministro de Sanidad y líder socialista, durante su ingreso en el Hospital de la Vall d'Hebron. Orriols ha denunciado en redes sociales un supuesto trato de favor hacia Illa, quien permanece en la unidad de cuidados intensivos por una osteomielitis púbica causada por la bacteria estreptococo dysgalactiae. La clase política ha mostrado su apoyo a Illa deseando su pronta recuperación, pero Orriols ha optado por criticar lo que considera una atención privilegiada. El presidente de la Generalidad ha rechazado públicamente a Orriols, acusándola de ultra y populista. La polémica ha generado un intenso debate en redes sociales, con muchos usuarios reprochando a Orriols su falta de sensibilidad hacia la dolencia de Illa, mientras que otros la apoyan en su denuncia de la hipocresía política. A pesar de la evolución favorable del paciente según el doctor Manuel Escobar, director del servicio de diagnóstico, Illa continúa en la UCI, lo que ha alimentado aún más la discusión sobre el trato que recibe.
Chavismo en España sin control
Cuatro empresarios vinculados al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela entraron en España durante la pandemia gracias a salvoconductos oficiales gestionados por Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos. Los empresarios, identificados como Alejandro Jesús Ceballos Jiménez, Carlos Alfonso Guillén Salcedo, Samuel Sánchez Boada y Katherine Gabriela del Valle Rodríguez Martínez, viajaron en febrero de 2021, cuando España mantenía estrictas restricciones de movilidad debido al COVID-19. Según la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, estos empresarios chavistas privilegiados por el régimen de Maduro utilizaron salvoconductos emitidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) bajo el pretexto de mantener reuniones en el Gabinete del ministro, reuniones que nunca se produjeron. La secretaria personal de Ábalos, Ana María Aranda Jaraices, firmó los salvoconductos con el conocimiento y consentimiento del ministro. Los empresarios en cuestión tienen vínculos con el régimen de Maduro: Ceballos Jiménez es presidente del grupo constructor Grupo 7C; Guillén Salcedo preside el equipo de béisbol Tigres de Aragua; Sánchez Boada tiene conexiones empresariales entre Ecuador y Venezuela; y Rodríguez Martínez fue Miss Venezuela Water 2018 y está identificada con la élite cercana al chavismo. Estos hechos contradicen las afirmaciones del Gobierno de Pedro Sánchez sobre su colaboración en la excarcelación de presos políticos en Venezuela, revelando en su lugar una profunda vinculación con la dictadura venezolana.
Zapatero cobra de Plus Ultra
El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha reconocido por primera vez que ha facturado cantidades a Julio Martínez, empresario de Plus Ultra detenido por la UDEF. Zapatero admitió que prestó 'servicios retribuidos de consultoría' a Análisis Relevante SL, sociedad de Martínez, y aseguró que los fondos proceden de 'operaciones legales' no relacionadas con el rescate de Plus Ultra. Sin embargo, sus declaraciones contradicen las del exministro José Luis Ábalos, quien afirmó que Zapatero presionó para aprobar la inyección pública de 53 millones de euros a la aerolínea. El Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid investiga si esos fondos se utilizaron para blanqueo de capitales o pago de comisiones ilegales, coincidiendo con la afirmación del empresario Víctor de Aldama de que Zapatero se benefició de un pago de 10 millones de euros en Panamá. La Policía también indaga sobre la filtración que alertó a Martínez de su inminente detención y una sospechosa reunión entre Zapatero y Martínez 72 horas antes de su arresto.
Pilar Alegría: Contratos a cuñado
La empresa de Abel Batalla, cuñado de Pilar Alegría, ha recibido 1,2 millones en contratos y ayudas públicas durante su etapa como ministra. Base Sistemas y Suministros SA, dedicada a soluciones técnicas industriales y energéticas, ha sido beneficiaria de subvenciones, préstamos y avales estatales y autonómicos desde 2021. El mayor ingreso proviene de un contrato de 458.590 euros adjudicado en septiembre de 2023 por la Dirección General de la Fundación Ciudad de la Energía, financiado con fondos europeos del Plan de Recuperación. Además, la empresa recibió un préstamo de más de 450.000 euros en noviembre de 2024 a través de un organismo estatal vinculado al Ministerio de Ciencia e Innovación, con condiciones ventajosas que incluyen ayuda pública. Entre 2023 y 2024, la mercantil obtuvo avales por más de 350.000 euros que facilitaron su acceso a financiación bancaria en mejores condiciones. Las subvenciones directas provinieron tanto de organismos estatales como autonómicos, destacando las del Instituto Aragonés de Empleo destinadas a formación y cualificación de trabajadores. La concentración de estos apoyos públicos coincide con el periodo en que Alegría ejerció como ministra de Educación y portavoz del Gobierno. La empresa fue constituida en 2009 pero los mayores ingresos públicos llegaron tras la llegada del PSOE al Gobierno y especialmente desde que Alegría se incorporó al Consejo de Ministros en julio de 2021.
Dana: Gobierno compra 26 viviendas
El Gobierno de España ha adquirido solo 26 viviendas para realojar a los afectados por la dana que azotó Valencia en octubre de 2024, pese a contar con un presupuesto de 25 millones de euros. La mayoría de estas viviendas se concentran en Riba-Roja de Turia, con 22 casas, mientras que municipios muy afectados como Paiporta no recibieron ninguna vivienda. El proceso de adquisición se cerró el 19 de septiembre de 2025, al no existir más peticiones de realojos. Ante la baja ejecución del presupuesto, el Gobierno modificó la legislación para destinar los fondos no utilizados a otros fines, como la adecuación de inmuebles existentes o la promoción de vivienda asequible. Mientras tanto, la Generalitat Valenciana ha aprobado ayudas para 32 familias para la compra de vivienda.
Congreso gasta 4300 euros en terroristas
El Congreso de los Diputados gastó 4.325,78 euros en un homenaje a cinco terroristas del FRAP y ETA ejecutados en 1975, celebrado el 30 de octubre de 2025. La ceremonia, impulsada por Sumar y presidida por Francina Armengol, contó con la presencia de supervivientes de la guerrilla antifranquista y familiares de los homenajeados. El acto incluyó una mesa redonda y actuaciones musicales, con un coste de 3.630 euros por dos piezas musicales. Armengol destacó que España 'sigue en duelo' y defendió la aplicación de las leyes de memoria democrática. La iniciativa se enmarca en la política de memoria impulsada por Sumar, que también planteó un 'homenaje de Estado' a miembros de ETA y FRAP. El Partido Popular y Vox boicotearon el acto al considerar que se estaba homenajeando a terroristas.
Senado exige informe Plus Ultra
La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado ha solicitado al Banco de España informes sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, envuelta en polémica por su conexión con el chavismo y posibles irregularidades en el proceso de aprobación. El Grupo Popular, que preside la comisión, busca esclarecer si se realizaron estudios de impacto financiero y si la SEPI siguió los protocolos adecuados. El rescate, aprobado en marzo de 2021 por el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez, consistió en un préstamo de 53 millones de euros a una compañía con un solo avión en funcionamiento y pérdidas millonarias. La investigación también involucra a José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno, y a varios empresarios y ex funcionarios. La UDEF investiga un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate. El Banco de España deberá proporcionar 'informes, notas internas o comunicaciones' con la SEPI, el Ministerio de Hacienda u otros órganos de la Administración General del Estado que analicen el impacto financiero o la solvencia de Plus Ultra. Los populares cuestionan la falta de justificación para el rescate, ya que la SEPI no es 'una ONG' que entrega dinero sin justificar. La aerolínea aún no ha devuelto el principal de los 53 millones, solo los intereses. La comisión también ha aprobado una lista de comparecientes que incluye a Zapatero, presidentes y CEOs de Plus Ultra, y ex funcionarios del Gobierno. La investigación busca arrojar luz sobre las sospechas de irregularidades y posibles comisiones encubiertas en el rescate de Plus Ultra.
Comentarios