El artículo presenta datos preocupantes sobre la delincuencia ligada a extranjeros en la Comunidad Valenciana, pero sería útil contextualizar más las cifras en relación con la población total extranjera en la región. El título podría ser más preciso.
En un giro inesperado, el Tribunal del Jurado ha declarado culpable a S.M.G. por la muerte de un ladrón que entró en su finca para robar plantas de marihuana. Aunque el Jurado descartó la legítima defensa, reconoció la concurrencia de un miedo insuperable incompleto, lo que podría influir en la sentencia final. Según el relato de hechos probados, S.M.G. salió al exterior al escuchar a sus perros y, en lugar de refugiarse en su domicilio y avisar a la Policía, se enfrentó al intruso, lo que resultó en la muerte de este. La Fiscalía ha solicitado seis años de prisión para S.M.G., mientras que la acusación particular ha pedido siete años y seis meses. El magistrado presidente del Tribunal del Jurado dictará sentencia en los próximos días. Los otros tres acusados, D.L.S., A.A.F. y J.J.C.R., han sido declarados culpables de un delito de robo con fuerza en grado de tentativa.
La Diputación de Barcelona, bajo la presidencia del PSC y con mayoría independentista, ha decidido prorrogar el contrato con la empresa de consultoría de Marcela Topor, esposa de Carles Puigdemont, hasta el 31 de julio de 2026. Esta decisión ha generado controversia debido a la vinculación familiar de Topor con el exlíder independentista fugado. El contrato, que se inició previamente, implica servicios de asesoramiento en estrategias de comunicación online y presencia digital para programas y campañas de la Diputación, financiados con fondos públicos. Aunque fuentes de la institución aseguran que el proceso se ajusta a los procedimientos administrativos habituales y que no se han modificado las condiciones económicas, la oposición ha denunciado el uso de dinero público para favorecer a personas cercanas a figuras clave del secesionismo catalán. La renovación del contrato se produce en un contexto de tensiones políticas en Cataluña, donde la transparencia y la meritocracia en la asignación de contratos públicos son objeto de escrutinio. Mientras tanto, Marcela Topor mantiene un perfil profesional discreto, centrado en sus actividades de consultoría en comunicación. La falta de declaraciones oficiales por parte de la Diputación no ha hecho más que avivar las críticas desde sectores conservadores sobre la gestión de fondos públicos en entidades controladas por el independentismo.
El Ministro Félix Bolaños intenta frenar el caos en los nombramientos de interinos en la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. Para ello, prepara una norma que establece un código de identificación único para cada puesto de trabajo, poniendo fin al sistema de plantillas que dejaba indefinidos los puestos ocupados por interinos. La nueva orden ministerial, motivada por la Ley Orgánica 1/2025, busca dotar de seguridad jurídica al proceso de ceses y nombramientos, evitando la prolongación de situaciones de interinidad. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable, condicionado a que las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) incluyan códigos identificativos para cada puesto.
El reciente colapso de Rodalies en Cataluña ha puesto al descubierto el mal estado de las instalaciones ferroviarias, generando indignación entre los usuarios y las asociaciones de afectados. La percepción ciudadana es que la degradación estructural es un problema de larga data que no puede atribuirse únicamente a fenómenos meteorológicos adversos. Anna Gómez, portavoz de la asociación Dignitat a les vies, denunció en redes sociales las condiciones de las estaciones, destacando que la estación de Sants, la más importante de Barcelona, sufre de goteras. La caída de parte de una marquesina en la estación de Premià de Mar durante un temporal ha sido atribuida a la falta de inversión y a la mala calidad de los materiales. Los usuarios y las asociaciones reclaman inversiones y responsabilidades, recordando accidentes previos como el de Gélida en 2019, donde un maquinista en prácticas falleció y hubo 15 heridos. La Generalitat ha anunciado la apertura de un expediente a Renfe por la suspensión del servicio.
La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación contra Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, por el desalojo del antiguo instituto B9 el pasado 17 de diciembre, que dejó en la calle a unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos. La denuncia fue presentada por el eurodiputado Jaume Asens de Comuns el 24 de diciembre, alegando cuatro posibles delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. Según la denuncia, Albiol condicionó el desalojo a una alternativa habitacional que luego no proporcionó, y toleró expresiones xenófobas en reuniones con vecinos. La investigación se suma a otro procedimiento judicial iniciado en diciembre, cuando la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento a aclarar si había ofrecido atención adecuada y alternativa habitacional a los migrantes.
La tecnológica Indra ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que no existen actas de las reuniones mantenidas para el desarrollo del software de la plataforma digital 'transformats.org', proyecto en el que invirtió 128.000 euros y que ha sido relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el escrito de Indra al juzgado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, una búsqueda exhaustiva en sus sistemas no arrojó ningún resultado relativo a actas de reuniones. La empresa subraya que ni siquiera consta documentación procedente de otras empresas participantes o de la Universidad Complutense de Madrid. El juez había solicitado 'las agendas y las actas de todas las reuniones' relacionadas con el proyecto. La respuesta de Indra llega después de que su exdirigencia declarara que mantuvo un encuentro con Begoña Gómez 'por cortesía', pese a que el proyecto era de escasa entidad para la compañía. El expresidente de Indra, Marc Murtra, justificó el encuentro por razones institucionales y por tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. El proyecto fue desarrollado para que la Universidad Complutense fuera su propietaria, aunque finalmente Begoña Gómez registró el dominio web a su nombre y ofreció la herramienta a las pymes.
Javier Herrero, exdirector general de Carreteras durante el mandato de José Luis Ábalos, está siendo investigado por la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones ilegales que afecta al PSOE. Herrero impulsó que la constructora Azvi, parte de la UTE adjudicataria de las obras ferroviarias en la zona del accidente de Adamuz (Córdoba), recibiera contratos millonarios. La documentación revela que Herrero participó en la votación que permitió a Azvi ejecutar obras en un tramo que incluía infraestructuras críticas donde posteriormente ocurrió el descarrilamiento. El contrato inicial fue de 52,5 millones de euros el 28 de abril de 2022, y posteriormente se amplió a 58,7 millones de euros en marzo de 2025 sin justificación técnica detallada. La UCO investiga también la vinculación de Herrero con el «impuesto» interno del PSOE y una investigación patrimonial por la compra de terrenos en Cádiz mediante una sociedad instrumental. Las diligencias muestran que se le solicitó una aportación económica al partido cuando ocupaba el cargo, y que utilizó su posición para adquirir terrenos estratégicos.
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