Crítica:
El artículo muestra la gravedad del problema pero podría profundizar más en las causas estructurales y las posibles soluciones a largo plazo.
El Ministro Félix Bolaños intenta frenar el caos en los nombramientos de interinos en la Administración de Justicia tras la entrada en vigor de la Ley de Eficiencia. Para ello, prepara una norma que establece un código de identificación único para cada puesto de trabajo, poniendo fin al sistema de plantillas que dejaba indefinidos los puestos ocupados por interinos. La nueva orden ministerial, motivada por la Ley Orgánica 1/2025, busca dotar de seguridad jurídica al proceso de ceses y nombramientos, evitando la prolongación de situaciones de interinidad. El Consejo de Estado ha emitido un dictamen favorable, condicionado a que las nuevas Relaciones de Puestos de Trabajo (RPTs) incluyan códigos identificativos para cada puesto.
La Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación ha abierto diligencias de investigación contra Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, por el desalojo del antiguo instituto B9 el pasado 17 de diciembre, que dejó en la calle a unas 400 personas, en su mayoría inmigrantes subsaharianos. La denuncia fue presentada por el eurodiputado Jaume Asens de Comuns el 24 de diciembre, alegando cuatro posibles delitos: denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa. Según la denuncia, Albiol condicionó el desalojo a una alternativa habitacional que luego no proporcionó, y toleró expresiones xenófobas en reuniones con vecinos. La investigación se suma a otro procedimiento judicial iniciado en diciembre, cuando la Fiscalía pidió al juzgado que autorizó el desalojo que instara al Ayuntamiento a aclarar si había ofrecido atención adecuada y alternativa habitacional a los migrantes.
La tecnológica Indra ha comunicado al juez Juan Carlos Peinado que no existen actas de las reuniones mantenidas para el desarrollo del software de la plataforma digital 'transformats.org', proyecto en el que invirtió 128.000 euros y que ha sido relacionado con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Según el escrito de Indra al juzgado, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, una búsqueda exhaustiva en sus sistemas no arrojó ningún resultado relativo a actas de reuniones. La empresa subraya que ni siquiera consta documentación procedente de otras empresas participantes o de la Universidad Complutense de Madrid. El juez había solicitado 'las agendas y las actas de todas las reuniones' relacionadas con el proyecto. La respuesta de Indra llega después de que su exdirigencia declarara que mantuvo un encuentro con Begoña Gómez 'por cortesía', pese a que el proyecto era de escasa entidad para la compañía. El expresidente de Indra, Marc Murtra, justificó el encuentro por razones institucionales y por tratarse de la esposa del presidente del Gobierno. El proyecto fue desarrollado para que la Universidad Complutense fuera su propietaria, aunque finalmente Begoña Gómez registró el dominio web a su nombre y ofreció la herramienta a las pymes.
Javier Herrero, exdirector general de Carreteras durante el mandato de José Luis Ábalos, está siendo investigado por la Guardia Civil por su presunta implicación en una trama de adjudicaciones amañadas a cambio de comisiones ilegales que afecta al PSOE. Herrero impulsó que la constructora Azvi, parte de la UTE adjudicataria de las obras ferroviarias en la zona del accidente de Adamuz (Córdoba), recibiera contratos millonarios. La documentación revela que Herrero participó en la votación que permitió a Azvi ejecutar obras en un tramo que incluía infraestructuras críticas donde posteriormente ocurrió el descarrilamiento. El contrato inicial fue de 52,5 millones de euros el 28 de abril de 2022, y posteriormente se amplió a 58,7 millones de euros en marzo de 2025 sin justificación técnica detallada. La UCO investiga también la vinculación de Herrero con el «impuesto» interno del PSOE y una investigación patrimonial por la compra de terrenos en Cádiz mediante una sociedad instrumental. Las diligencias muestran que se le solicitó una aportación económica al partido cuando ocupaba el cargo, y que utilizó su posición para adquirir terrenos estratégicos.
Decenas de manifestantes de la diáspora iraní se reunieron frente al Congreso de los Diputados en Madrid para denunciar la represión en Irán y exigir la vuelta de la democracia. Con pancartas y lemas como «Mujer, vida, libertad», corearon consignas a favor de la libertad de expresión y los derechos fundamentales, reprochando el silencio de Irene Montero, eurodiputada de Podemos, ante la situación de las mujeres en Irán. La protesta, que se suma a otras en capitales europeas, refleja la presión internacional contra el régimen de Teherán y la grave crisis política y social en Irán, marcada por detenciones masivas y miles de muertos. Los organizadores destacaron la represión de las movilizaciones ciudadanas y pidieron una mayor implicación de la comunidad internacional. La manifestación sirvió como punto de encuentro para distintas sensibilidades políticas dentro de la oposición iraní en el exilio.
El Gobierno ha emitido un informe sobre el desastre de Adamuz (Córdoba), donde dos trenes colisionaron el pasado mes, resultando en 45 fallecidos. Aunque el informe inicial y la rueda de prensa previa omitieron mencionar la realización de auscultaciones por ultrasonidos en las vías, fuentes del Ministerio de Transportes dirigidas por Óscar Puente aseguran ahora que sí se efectuó dicho estudio en septiembre de 2025. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) había exigido estas pruebas para detectar defectos internos no visibles a simple vista. El Gobierno subraya que los equipos han cumplido con las normativas establecidas. El mantenimiento de las vías se renovó en mayo de 2025, y se realizaron cuatro inspecciones entre noviembre de 2025 y enero de 2026, sin detectar anomalías. Sin embargo, la ausencia de mención a la auscultación ultrasónica en los informes oficiales ha generado controversia.
El Ministerio de Transportes ha difundido un documento oficial en el que busca aportar 'datos, no relatos' sobre el accidente de Adamuz y 'el estado de las infraestructuras ferroviarias en España'. En él, se mencionan accidentes similares previos, tanto nacionales como internacionales, destacando el sucedido en Grecia en 2013, tras el que dimitió el titular de Transportes, Kostas Karamanlis, en memoria de los 57 fallecidos. El documento presume de la inversión en infraestructuras y mantenimiento del Gobierno de Sánchez en materia de transporte ferroviario. El accidente de Adamuz ha dejado 43 muertos y más de un centenar de heridos debido al descarrilamiento de un tren Iryo de alta velocidad que provocó a su vez el de un Alvia. Óscar Puente, ministro de Transportes, ha descrito el desastre como 'un contratiempo muy grande' y 'un disgusto enorme', y ha asegurado que entre todos deben intentar 'contribuir a mantener lo que tenemos, que es muy bueno'.
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