El título puede resultar engañoso al sugerir que toda la inversión de 900 millones se destina a carriles bici y sendas peatonales, cuando en realidad se reparte en varias áreas, incluyendo mejoras de seguridad en túneles y reducción del impacto medioambiental.
El accidente de Adamuz ha puesto en evidencia las carencias en el mantenimiento de la red ferroviaria española. ADIF dejó sin gastar el 11% del presupuesto destinado a conservación en 2024, lo que supone 130,9 millones de euros. El administrador de infraestructuras ferroviarias había presupuestado 1.193,4 millones para labores de conservación, pero solo ejecutó 1.062,5 millones. Este desfase coincide con las denuncias de maquinistas y técnicos sobre el estado de la red viaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento, pese a que los datos económicos respaldan las críticas. La inversión finalmente ejecutada fue de 68.000 euros por kilómetro, un incremento de más de 23.000 euros respecto a 2017. Sin embargo, la capacidad de transformar crédito presupuestario en obra real sigue siendo un desafío.
El Gobierno de Asturias, liderado por el socialista Adrián Barbón y en coalición con Izquierda Unida, ultima la aprobación de la Ley LGTBIQ+, que incluye la provisión de vivienda pública para lesbianas mayores de 55 años. Esta medida se enmarca en la ideología 'woke' y cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros para 2026, un incremento del 1000% respecto a 2024. La directora general de LGTBI, Nuria Rodríguez, de IU, explicó que el objetivo es crear 'pequeñas unidades de convivencia' y combatir la soledad. La asociación Cantapaxarina será la beneficiaria de esta iniciativa, con el objetivo de crear comunidades para promover la autonomía y el apoyo mutuo. Vox ha criticado esta medida por considerar que prioriza la orientación sexual sobre otras necesidades.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prohibido a los jubilados protestar frente al Congreso de los Diputados, pese a que han estado haciéndolo durante años. La decisión ha generado críticas incluso de sus socios de Gobierno como Podemos, quienes lamentan que se permita a otros colectivos manifestarse en el mismo lugar mientras se restringe a los pensionistas. La diputada de Podemos, Martina Velarde, ha presentado una pregunta para respuesta por escrito en la que cuestiona la razón detrás de esta restricción y denuncia el trato policial hacia los manifestantes. El Gobierno se ha autoproclamado defensor de las pensiones recientemente, pero su actuación ha sido vista como contradictoria por muchos. La medida ha sido criticada por ser considerada desproporcionada y restrictiva con el derecho constitucional a manifestarse.
En marzo de 2024, el PSOE rechazó una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a medio millón de inmigrantes, argumentando que la UE no permitía «una regularización generalizada». Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez pretende ahora implementar una regularización masiva por vía de real decreto, beneficiando a más de medio millón de inmigrantes en situación irregular. La Comisión Europea, a través del comisario Magnus Brunner, advirtió al Gobierno que esta medida no debe tener «consecuencias negativas» para otros países de la UE. La regularización propuesta por el Gobierno es la más laxa en la historia de España, requiriendo solo dos condiciones: una permanencia continuada de al menos cinco meses y carecer de antecedentes penales, verificable mediante una «declaración responsable» no comprobada por el Gobierno. Esta medida permitirá regularizar a inmigrantes con procesos judiciales pendientes y les otorgará libertad de movimiento por la UE.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que la futura ley que veta la colaboración privada en la sanidad pública exima a Cataluña. La ministra de Sanidad, Mónica García, presentó un anteproyecto de ley que ha generado alarma en el Govern catalán debido a su posible impacto en el SISCAT, el sistema sanitario catalán que combina sanidad pública con conciertos privados. Illa y los socialistas catalanes han pedido que Cataluña quede exenta de las restricciones previstas en la ley, argumentando que su sistema sanitario se ha basado históricamente en la colaboración con el sector privado. García ha respondido señalando específicamente a la Comunidad de Madrid y al Hospital de Alzira en Valencia como ejemplos de prácticas que busca erradicar, sin mencionar Cataluña. Tras las explicaciones de la ministra, el gobierno catalán se ha dado por satisfecho con las garantías ofrecidas desde Moncloa.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha invertido 600.000 euros en un frontón para la cárcel de Zubieta, donde serán trasladados 44 presos de ETA. La obra fue adjudicada a Ocisa por 604.814,97 euros y se ejecutó al margen de la construcción principal de la prisión, que costó 44,5 millones de euros. El PNV había exigido esta instalación deportiva al considerar la pelota un 'deporte ampliamente implantado en el País Vasco'. Entre los reclusos que disfrutarán del frontón está Garikoitz Aspiazu Rubina, 'Txeroki', ex jefe militar de ETA, actualmente en régimen de semilibertad pese a haber sido condenado a 400 años de prisión. La adjudicación de la obra principal ha generado polémica debido a vínculos entre una de las empresas participantes y el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, investigado por presunta corrupción.
El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, ha presentado una nueva orden, INT/2026, que establece un sistema de clasificación de información sensible que afecta directamente a los procesos electorales. Esta normativa permite ocultar información relevante durante un máximo de 15 años bajo la etiqueta de 'uso oficial' o 'uso interno'. La decisión reduce drásticamente la transparencia en favor de un mayor control gubernamental. La nueva orden crea el Servicio de Protección de la Información Clasificada (SPIC), que actuará como brazo ejecutor para garantizar el cumplimiento de la normativa, especialmente en materia electoral. La Subsecretaría del Interior tendrá un papel crucial en la delegación de competencias en este ámbito. La estructura diseñada por Interior incluye un Consejo de Dirección de la Política de Seguridad que se reunirá anualmente para coordinar la protección de esta información. La normativa también permite la creación de Zonas de Acceso Restringido (ZAR) donde se custodiarán las decisiones más sensibles sobre las elecciones, lejos de la prensa y la ciudadanía.
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