Crítica:
El Gobierno de Sánchez intenta blindar el aborto en la Constitución por vía exprés, evitando la disolución de las Cortes. La celeridad es sospechosa cuando se trata de un tema tan relevante.
Sánchez intenta meter el aborto en la Constitución por vía exprés para evitar que la reforma lo obligue a disolver las Cortes
Sánchez reforma Constitución para aborto
Otros artículos
Yolanda Díaz: 6 viajes en 3 meses
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha mantenido una intensa agenda internacional en los últimos tres meses, con seis viajes oficiales al extranjero. El pasado 1 de diciembre, Díaz viajó a Bruselas para participar en el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea. Dos días después, se trasladó a Saint-Vincent, en el Valle de Aosta (Italia), para intervenir en el coloquio '¿Cómo prospera la democracia?' del The Grand Continent Summit. El 11 de diciembre, viajó a Ginebra para visitar la sede de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ratificar el Convenio 183 OIT sobre la Protección de la Maternidad. En enero, Díaz se desplazó a Finlandia, donde se reunió con representantes de la Organización Central de Sindicatos de Finlandia y fue acompañada por su hija de 13 años, lo que generó polémica en redes sociales. A principios de febrero, inició una gira por Estados Unidos, visitando Cambridge y Nueva York, donde se reunió con académicos, periodistas y representantes de organizaciones sindicales y políticas. Durante su estancia en EE. UU., Díaz mantuvo encuentros con la vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, y con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, entre otros.
Supremo falla a favor Ayuso
El Tribunal Supremo ha dado la razón a Isabel Díaz Ayuso en su pugna contra Pedro Sánchez por los 53,64 millones de euros que el Gobierno central retuvo a la Comunidad de Madrid en 2019. La sentencia, dictada a finales de 2025, revoca la inadmisión decretada por la Audiencia Nacional en julio de 2022 y establece jurisprudencia pionera al considerar recurribles las comunicaciones estatales de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. El conflicto se remonta al verano de 2018, cuando Hacienda comunicó a Madrid una previsión inicial de 14.485,77 millones de euros para 2019. Sin embargo, debido a la prórroga presupuestaria estatal, el importe se redujo a 13.752,86 millones en enero de 2019. Finalmente, en octubre de 2019, se comunicó una tercera cifra: 14.432,12 millones, aún inferior en 53,64 millones a la estimación inicial. La Comunidad de Madrid, entonces gobernada por PP y Ciudadanos, elaboró sus presupuestos basándose en la primera previsión. El Tribunal Supremo subraya que las entregas a cuenta condicionan la elaboración de los presupuestos autonómicos y posibilitan la financiación sin esperar a la liquidación definitiva. La resolución enfatiza que estas comunicaciones no son meramente informativas, sino actos administrativos con efectos jurídicos. El caso vuelve ahora a la Audiencia Nacional para determinar si el recorte fue indebido. Esta sentencia marca un hito en las relaciones financieras entre el Estado y las autonomías, permitiendo a otras comunidades impugnar las cuantías comunicadas por Hacienda.
Nepotismo en curso de aguas
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha visto cómo su marido, Diego Fernández-Polanco, y su cuñada, María Fernández-Polanco, impartían un curso organizado por el Cedex, un organismo vinculado a su ministerio. El curso, que tuvo un coste de 1.100 euros por alumno, versó sobre el tratamiento de aguas residuales y explotación de estaciones depuradoras. Fernández-Polanco, ingeniero químico y cofundador de la empresa teCH4+ (Te Consulting House 4 Plus SL), fue presentado en la web institucional del Cedex junto a su empresa, que fue promocionada por el Gobierno. Su cuñada, doctora en Ingeniería Química y Tecnología del Medio Ambiente por la Universidad de Valladolid, también participó como ponente. El curso se celebró en noviembre de 2024, cuando Aagesen ya era secretaria de Estado de Energía. La empresa de Fernández-Polanco ha recibido subvenciones del Gobierno por al menos 375.900 euros. Entre ellas, una de 204.600 euros para el desarrollo del Proyecto Advisor en diciembre de 2018, cuando Aagesen era asesora de Teresa Ribera en el Ministerio de Transición Ecológica. Posteriormente, ya como secretaria de Estado de Energía, su empresa recibió otras ayudas.
Suegro de Sánchez y tragaperras
La familia de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, intentó instalar máquinas tragaperras en uno de sus prostíbulos gays en la calle San Bernardo de Madrid a principios de los 2000. El Ayuntamiento de Madrid denegó la autorización debido a que el local no cumplía con los requisitos legales para albergar juegos de azar. El local, que operaba bajo la fachada de sauna gay, había sido autorizado inicialmente como gimnasio-sauna con bar en 1989. Sin embargo, documentos judiciales y policiales revelaron que en realidad se ejercía la prostitución. La solicitud para instalar tragaperras fue presentada en marzo de 2001 por la empresa Seattle SL, pero fue rechazada en febrero de 2002 por no ajustarse al Catálogo de Espectáculos Públicos. El historial de los establecimientos de la familia Gómez Serrano está repleto de denuncias por prostitución, cobros abusivos y otras irregularidades. El Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid han dictaminado que en estos locales se ejercía la prostitución.
Txeroki: 18 años y libre
La complicada caza de Txeroki, el exjefe de ETA condenado a 404 años de cárcel pero liberado tras solo 18 años, revela la compleja historia detrás de su detención y el contexto político de la época. En marzo de 2006, ETA anunció un 'alto el fuego permanente', lo que llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a iniciar negociaciones. Sin embargo, el 30 de noviembre de ese año, ETA atentó contra la Terminal 4 de Barajas, matando a dos ecuatorianos y frustrando las esperanzas de paz. El CNI, dirigido por Alberto Saiz, jugó un papel crucial en la captura de Txeroki en 2008, utilizando técnicas de espionaje avanzadas para localizarlo. Su detención en Cauterets, Francia, fue el resultado de un operativo conjunto con la Guardia Civil y fuerzas de seguridad francesas. La historia pone de relieve la tensión entre la reinserción y el castigo en el sistema judicial.
Castellano en aulas catalanas pendiente
El Defensor del Pueblo ha instado al Govern de Cataluña, liderado por Salvador Illa, a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano en las aulas, más de medio año después de su primera solicitud en junio de 2025. La petición se produce tras una queja presentada por Societat Civil Catalana en 2024, denunciando la posible discriminación de alumnos hispanohablantes debido al decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico en mayo de 2024, que definía el catalán como 'lengua vehicular' en los colegios. El decreto, conocido como Decreto 91/2024, fue parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en septiembre de 2025, declarándose nulos varios de sus artículos por contravenir la Constitución. A pesar de esto, el Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo, continúa exigiendo información sobre los criterios aplicados por la Generalitat para garantizar la enseñanza del castellano. La situación refleja la tensión entre el Govern y las entidades que abogan por el bilingüismo en las escuelas catalanas, mientras que el Ejecutivo autonómico mantiene su adhesión al modelo de inmersión lingüística iniciado décadas atrás. La falta de respuesta del Govern ha llevado al Defensor del Pueblo a recordar su 'inexcusable deber de colaboración', regulado en la Ley Orgánica 3/1981. La batalla por el bilingüismo en Cataluña sigue siendo un tema candente, con implicaciones legales y educativas que afectan a miles de estudiantes.
Gobierno dona 155M al Fondo
El Gobierno de España ha donado 155 millones de euros al Fondo de Adaptación Climática, un mecanismo clave en la arquitectura financiera climática de la ONU. Esta donación se produce en un contexto en el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cuestionado el destino de más de 6.000 millones de euros destinados a cooperación internacional para el desarrollo entre 2021 y 2023. El Fondo financia proyectos en países como Pakistán, Mauritania, Yibuti, Samoa, Jamaica, Honduras y Mongolia, enfocándose en la reducción del riesgo de inundaciones, agricultura, seguridad alimentaria y gestión de recursos hídricos. Mientras tanto, España enfrenta problemas similares en sus propias fronteras, como la gestión de zonas costeras y recursos hídricos. La donación del Gobierno español al Fondo se ha multiplicado en 2025, alcanzando los 15 millones de euros en una subvención dineraria sin contraprestación el 19 de enero de 2026.
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