El artículo destaca la ironía de que España done grandes cantidades al Fondo de Adaptación Climática mientras enfrenta problemas climáticos internos sin resolver. La falta de inversión en infraestructuras hídricas y la gestión de zonas costeras en España contrasta con la financiación de proyectos similares en otros países.
La complicada caza de Txeroki, el exjefe de ETA condenado a 404 años de cárcel pero liberado tras solo 18 años, revela la compleja historia detrás de su detención y el contexto político de la época. En marzo de 2006, ETA anunció un 'alto el fuego permanente', lo que llevó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a iniciar negociaciones. Sin embargo, el 30 de noviembre de ese año, ETA atentó contra la Terminal 4 de Barajas, matando a dos ecuatorianos y frustrando las esperanzas de paz. El CNI, dirigido por Alberto Saiz, jugó un papel crucial en la captura de Txeroki en 2008, utilizando técnicas de espionaje avanzadas para localizarlo. Su detención en Cauterets, Francia, fue el resultado de un operativo conjunto con la Guardia Civil y fuerzas de seguridad francesas. La historia pone de relieve la tensión entre la reinserción y el castigo en el sistema judicial.
El Defensor del Pueblo ha instado al Govern de Cataluña, liderado por Salvador Illa, a aclarar cómo garantiza el aprendizaje del castellano en las aulas, más de medio año después de su primera solicitud en junio de 2025. La petición se produce tras una queja presentada por Societat Civil Catalana en 2024, denunciando la posible discriminación de alumnos hispanohablantes debido al decreto aprobado por el Ejecutivo autonómico en mayo de 2024, que definía el catalán como 'lengua vehicular' en los colegios. El decreto, conocido como Decreto 91/2024, fue parcialmente anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en septiembre de 2025, declarándose nulos varios de sus artículos por contravenir la Constitución. A pesar de esto, el Defensor del Pueblo, dirigido por Ángel Gabilondo, continúa exigiendo información sobre los criterios aplicados por la Generalitat para garantizar la enseñanza del castellano. La situación refleja la tensión entre el Govern y las entidades que abogan por el bilingüismo en las escuelas catalanas, mientras que el Ejecutivo autonómico mantiene su adhesión al modelo de inmersión lingüística iniciado décadas atrás. La falta de respuesta del Govern ha llevado al Defensor del Pueblo a recordar su 'inexcusable deber de colaboración', regulado en la Ley Orgánica 3/1981. La batalla por el bilingüismo en Cataluña sigue siendo un tema candente, con implicaciones legales y educativas que afectan a miles de estudiantes.
En 2025, España destinó casi un millón de euros a Etiopía a través de dos partidas de ayuda para proyectos relacionados con el bambú y el café con enfoque de género. La primera partida, de 790.000 euros, se otorgó a la Organización Internacional del Bambú y el Ratán para promover la economía circular basada en el bambú. La segunda, de 350.000 euros, se concedió al Instituto Etíope de Investigación Agraria para ampliar innovaciones sensibles al género y al clima en el cultivo del café. Sin embargo, la efectividad y transparencia de estas ayudas son cuestionables debido a la situación de inestabilidad política y corrupción en Etiopía.
El Consulado General de España en Orán ha colapsado debido al aumento exponencial de solicitudes de citas para legalización tras el anuncio del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a medio millón de inmigrantes. Ante la imposibilidad de atender la demanda, el consulado ha delegado en el Ministerio de Exteriores de Argelia la expedición de certificados a partir del 15 de febrero de 2026. Expertos alertan de que esto podría suponer una pérdida de control sobre la autenticidad de los documentos y aumentar el riesgo de fraude. La medida se produce después de que el consulado en Argel sufriera un intento de asalto por parte de 300 personas. El colapso no solo afecta a los consulados, sino también a las oficinas de extranjería y padrones municipales, así como a las comisarías, que han visto un aumento del 60% en denuncias relacionadas con la supuesta pérdida de pasaporte por parte de extranjeros que buscan regularizar su situación.
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Pedro Sánchez ha reafirmado su oposición al aumento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB exigido por la OTAN y ha criticado la propuesta de crear un escudo nuclear europeo. El presidente del Gobierno se ha quedado solo frente a sus socios europeos, que abogan por fortalecer la seguridad transatlántica. Sánchez ha destacado que España ha triplicado su gasto en defensa desde que llegó a La Moncloa y ha duplicado el número de efectivos desplegados en misiones de la OTAN. Además, ha pedido a las potencias nucleares que firmen un nuevo tratado para frenar el rearme nuclear, denunciando que están gastando más de 11 millones de dólares a la hora en armas nucleares. Sánchez ha enfatizado la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa europeas de manera coordinada y ha propuesto la creación de un auténtico ejército europeo. También ha reclamado el fortalecimiento del sistema multilateral y el empoderamiento de instituciones como las Naciones Unidas para mantener la paz en Occidente.
El accidente de Adamuz ha puesto en evidencia las carencias en el mantenimiento de la red ferroviaria española. ADIF dejó sin gastar el 11% del presupuesto destinado a conservación en 2024, lo que supone 130,9 millones de euros. El administrador de infraestructuras ferroviarias había presupuestado 1.193,4 millones para labores de conservación, pero solo ejecutó 1.062,5 millones. Este desfase coincide con las denuncias de maquinistas y técnicos sobre el estado de la red viaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento, pese a que los datos económicos respaldan las críticas. La inversión finalmente ejecutada fue de 68.000 euros por kilómetro, un incremento de más de 23.000 euros respecto a 2017. Sin embargo, la capacidad de transformar crédito presupuestario en obra real sigue siendo un desafío.
Mientras las carreteras españolas se hunden debido a las lluvias y años de abandono, el Gobierno ha anunciado una inversión de 900 millones de euros destinada a modernizar más de 140 carreteras en casi 40 provincias. Sin embargo, esta cantidad no se destinará principalmente a reparar los daños estructurales, sino a integrar a peatones y ciclistas en carreteras urbanas e interurbanas. De los 900 millones, 247 millones se asignarán a la peatonalización de tramos de carreteras y a la implementación de nuevos carriles bici, con más de 62 actuaciones previstas, de las cuales 44 ya han concluido. Además, se invertirán 325 millones en mejoras de seguridad en túneles, como la iluminación y la ventilación, y 255 millones en la reducción del impacto medioambiental de las carreteras. El ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha creado un mapa interactivo para que los ciudadanos puedan seguir el progreso de estas obras.
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