Crítica:
El artículo expone claramente el colapso del sistema consular español, pero podría profundizar más en las consecuencias a largo plazo de delegar la legalización de documentos a autoridades extranjeras.
Exteriores delega en Argelia la legalización de documentos por el colapso de un consulado
Colapso Consulado España en Argelia
Otros artículos
Gobierno dona 155M al Fondo
El Gobierno de España ha donado 155 millones de euros al Fondo de Adaptación Climática, un mecanismo clave en la arquitectura financiera climática de la ONU. Esta donación se produce en un contexto en el que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha cuestionado el destino de más de 6.000 millones de euros destinados a cooperación internacional para el desarrollo entre 2021 y 2023. El Fondo financia proyectos en países como Pakistán, Mauritania, Yibuti, Samoa, Jamaica, Honduras y Mongolia, enfocándose en la reducción del riesgo de inundaciones, agricultura, seguridad alimentaria y gestión de recursos hídricos. Mientras tanto, España enfrenta problemas similares en sus propias fronteras, como la gestión de zonas costeras y recursos hídricos. La donación del Gobierno español al Fondo se ha multiplicado en 2025, alcanzando los 15 millones de euros en una subvención dineraria sin contraprestación el 19 de enero de 2026.
España ayuda Etiopía con bambú
En 2025, España destinó casi un millón de euros a Etiopía a través de dos partidas de ayuda para proyectos relacionados con el bambú y el café con enfoque de género. La primera partida, de 790.000 euros, se otorgó a la Organización Internacional del Bambú y el Ratán para promover la economía circular basada en el bambú. La segunda, de 350.000 euros, se concedió al Instituto Etíope de Investigación Agraria para ampliar innovaciones sensibles al género y al clima en el cultivo del café. Sin embargo, la efectividad y transparencia de estas ayudas son cuestionables debido a la situación de inestabilidad política y corrupción en Etiopía.
Sánchez rechaza OTAN en Múnich
En la Conferencia de Seguridad de Múnich, Pedro Sánchez ha reafirmado su oposición al aumento del gasto en defensa hasta el 5% del PIB exigido por la OTAN y ha criticado la propuesta de crear un escudo nuclear europeo. El presidente del Gobierno se ha quedado solo frente a sus socios europeos, que abogan por fortalecer la seguridad transatlántica. Sánchez ha destacado que España ha triplicado su gasto en defensa desde que llegó a La Moncloa y ha duplicado el número de efectivos desplegados en misiones de la OTAN. Además, ha pedido a las potencias nucleares que firmen un nuevo tratado para frenar el rearme nuclear, denunciando que están gastando más de 11 millones de dólares a la hora en armas nucleares. Sánchez ha enfatizado la necesidad de fortalecer las capacidades de defensa europeas de manera coordinada y ha propuesto la creación de un auténtico ejército europeo. También ha reclamado el fortalecimiento del sistema multilateral y el empoderamiento de instituciones como las Naciones Unidas para mantener la paz en Occidente.
ADIF desperdicia millones en mantenimiento
El accidente de Adamuz ha puesto en evidencia las carencias en el mantenimiento de la red ferroviaria española. ADIF dejó sin gastar el 11% del presupuesto destinado a conservación en 2024, lo que supone 130,9 millones de euros. El administrador de infraestructuras ferroviarias había presupuestado 1.193,4 millones para labores de conservación, pero solo ejecutó 1.062,5 millones. Este desfase coincide con las denuncias de maquinistas y técnicos sobre el estado de la red viaria. El ministro de Transportes, Óscar Puente, descartó que el siniestro se debiera a falta de mantenimiento, pese a que los datos económicos respaldan las críticas. La inversión finalmente ejecutada fue de 68.000 euros por kilómetro, un incremento de más de 23.000 euros respecto a 2017. Sin embargo, la capacidad de transformar crédito presupuestario en obra real sigue siendo un desafío.
Gobierno invierte en carriles bici
Mientras las carreteras españolas se hunden debido a las lluvias y años de abandono, el Gobierno ha anunciado una inversión de 900 millones de euros destinada a modernizar más de 140 carreteras en casi 40 provincias. Sin embargo, esta cantidad no se destinará principalmente a reparar los daños estructurales, sino a integrar a peatones y ciclistas en carreteras urbanas e interurbanas. De los 900 millones, 247 millones se asignarán a la peatonalización de tramos de carreteras y a la implementación de nuevos carriles bici, con más de 62 actuaciones previstas, de las cuales 44 ya han concluido. Además, se invertirán 325 millones en mejoras de seguridad en túneles, como la iluminación y la ventilación, y 255 millones en la reducción del impacto medioambiental de las carreteras. El ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente, ha creado un mapa interactivo para que los ciudadanos puedan seguir el progreso de estas obras.
Vivienda pública para lesbianas mayores
El Gobierno de Asturias, liderado por el socialista Adrián Barbón y en coalición con Izquierda Unida, ultima la aprobación de la Ley LGTBIQ+, que incluye la provisión de vivienda pública para lesbianas mayores de 55 años. Esta medida se enmarca en la ideología 'woke' y cuenta con una inversión de 8,4 millones de euros para 2026, un incremento del 1000% respecto a 2024. La directora general de LGTBI, Nuria Rodríguez, de IU, explicó que el objetivo es crear 'pequeñas unidades de convivencia' y combatir la soledad. La asociación Cantapaxarina será la beneficiaria de esta iniciativa, con el objetivo de crear comunidades para promover la autonomía y el apoyo mutuo. Vox ha criticado esta medida por considerar que prioriza la orientación sexual sobre otras necesidades.
Sánchez frena protesta jubilados
El Gobierno de Pedro Sánchez ha prohibido a los jubilados protestar frente al Congreso de los Diputados, pese a que han estado haciéndolo durante años. La decisión ha generado críticas incluso de sus socios de Gobierno como Podemos, quienes lamentan que se permita a otros colectivos manifestarse en el mismo lugar mientras se restringe a los pensionistas. La diputada de Podemos, Martina Velarde, ha presentado una pregunta para respuesta por escrito en la que cuestiona la razón detrás de esta restricción y denuncia el trato policial hacia los manifestantes. El Gobierno se ha autoproclamado defensor de las pensiones recientemente, pero su actuación ha sido vista como contradictoria por muchos. La medida ha sido criticada por ser considerada desproporcionada y restrictiva con el derecho constitucional a manifestarse.
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